América Latina, entre la crisis y la rebelión

El denominador común de la coyuntura latinoamericana pasa por la agudización de la lucha de clases. Estamos entrando al epicentro de un período en el que las mediaciones institucionales tienden a quedar en segundo plano y lo que se impone es el choque de fuerzas.

Por supuesto que no es algo estrictamente nuevo en el escenario regional: recuérdense el desalojo del poder de Manuel Zelaya en Honduras en 2006, o los “golpes institucionales” contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012 y contra DilmaRousseff en Brasil en 2016. Tampoco es novedosa la violación de la ley burguesa por parte de la propia burguesía para contener a las masas: si algo puso de manifiesto el asesinato de Marielle Franco el año pasado, es que el crimen político es moneda frecuente en Brasil. Lo que sí marca un quiebre en la etapa actual es la conjunción, en varios países a la vez, de un movimiento popular dispuesto a encabezar ensayos insurreccionales y clases dominantes decididas a echar mano de toda -o gran parte de- su capacidad de fuego para imponer sus intereses.

Ecuador, Chile, Bolivia y Haití son los ejemplos que mejor exponen este cuadro. No son los únicos. Con menos profundidad, las crisis políticas se despliegan en Honduras y Perú. La movilización de trabajadores, estudiantes y pobladores en Colombia toma envergadura, en el marco de que un sector disidente de las FARC decidió retomar la lucha armada (ver no transar n° 144). Con mucha mayor discreción, Costa Rica está siendo escenario de luchas estudiantiles pocas veces vistas en el país.

Nada de esto puede ser entendido por fuera de una crisis internacional que esta vez impacta con fuerza en la región. América Latina está en la fase descendente de un ciclo que fue expansivo en la década anterior gracias al aumento de los precios de las materias primas alentado por el comercio con China. Según un estudio del economista Pablo Gerchunoff ("La doble U invertida de América del Sur") si se toma el crecimiento del PBI en términos reales de los años 2016, 2017, 2018, y el estimado de 2019, el de China fue de 6,7%; 6,9%; 6,6% y 6,2%; el de los países emergentes fue de 4,4%; 4,7%; 4,6% y 4,5%; y el de Latinoamérica fue de -0,6%; 1,3%; 1,1% y sería para este año de 0,2%. Un breve punteo para recordar que las crisis político-sociales tienen una base material.

Estos números confluyen con las dificultades que está atravesando EE.UU. a nivel mundial en su disputa principalmente con China y con Rusia. El viraje yanqui de retomar su presencia en Latinoamérica viene teniendo resultados dispares. El fracaso del intento de golpe en Venezuela fue estruendoso. El eje Bolsonaro-Macri-Piñera enfrenta las dificultades políticas del primero, con la reciente complicación por la libertad de Lula; la derrota electoral del segundo; y la revuelta popular que afronta el tercero. Del otro lado, la derecha boliviana le ganó la iniciativa a Evo Morales y enfila hacia el poder. Mucho más modesto, el resultado electoral en Uruguay posiciona bien a la oposición de cara a la segunda vuelta para derrotar al Frente Amplio.

El escenario está abierto. Lo que es seguro, es que la lucha política se desenvuelve en toda su crudeza. En este marco, la gran burguesía de cada país, aliada al imperialismo, tiene claro cuál es su proyecto de poder, siguiendo rigurosamente aquello de que “el fin justifica los medios”. La clase obrera y el resto de las capas populares aún están en la búsqueda. Si las organizaciones revolucionarias -las marxistas leninistas en particular- pretenden hacer un aporte a la situación, deberán hacerlo sobre la base de entender los tiempos que corren, de militar en consecuencia y de acompañar los procesos planteando el problema del poder de los de abajo. Al fin de cuentas, parafraseando al gran Jorge Luis Borges, la democracia burguesa es una ficción.

Chile, treinta años después

El detonante de la rebelión chilena fue el aumento en el precio del metro. Pero como en casi todos los estallidos de masas, cuál fue la gota que rebalsó el vaso pasa a ser una anécdota: en Chile se quebró, a gran escala, la gobernabilidad heredada de la dictadura de Pinochet, cuyos lineamientos fueron seguidos casi sin matices por todos los gobiernos, desde Frei hasta Piñera, pasando por los “socialistas”. Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades son los escenarios del combate popular.

La primera reacción del presidente ante las protestas fue toda una confesión de parte, al calificar a la movilización popular como acciones de guerra. Rápidamente tuvo que retroceder y llamar a un diálogo político que no tuvo mayor eco, ya que tanto el PS como el PC rechazaron el convite: habrán sido parte de la gobernabilidad de estos años, pero no tienen intención de comer vidrio. Ahora con un tono más conciliador, Piñera trata de recuperar la iniciativa enviando al Congreso un paquete de medidas sobre seguridad. El mismo es otra confesión de parte, en donde además de cuestiones relativas a los encapuchados y las barricadas, en el apartado que trata sobre la inteligencia, da por entendido que viene realizando espionaje sobre el pueblo.

Nadie debería sorprenderse. Si algo tuvo claro el gobierno chileno desde que empezó la revuelta, es que no iba a ahorrar ningún recurso en tratar de recuperar el orden. En esa dirección, al accionar represivo de Carabineros, se sumó la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Entre ambos vienen ejecutando una represión propia del terrorismo de estado, que solo se diferencia de la dictadura por su menor magnitud.

En cuanto al bando popular, se destaca el componente joven de la rebelión, templado al calor de las luchas por la educación pública. También está presente el pueblo mapuche, de frecuentes peleas contra los gobiernos. Las organizaciones de los trabajadores van levantando cabeza con los llamados a paros generales que le dan una orientación de clase al combate. En todo este torbellino, el elemento espontáneo es el que predomina. Es muy promisorio el grado de combatividad de la vanguardia callejera, que por momentos hace retroceder a la policía. Más nebuloso se presenta el proyecto de salida. A este respecto, la demanda de “asamblea constituyente” tiene una historia en el país, cuya constitución data de la última dictadura. Se trata de un arma de doble filo. Si bien sirve para politizar la movilización de masas, también es cierto que la gran burguesía chilena puede jugarse a dirigir un proceso constituyente para dividir al pueblo y darle salida a la crisis. Dependerá de las organizaciones revolucionarias chilenas que esta demanda sirva como estimulante de las asambleas populares que se vienen gestando, en el sentido de darle forma a las experiencias de democracia directa para que sean el embrión de un nuevo poder popular que se imponga por la fuerza frente al viejo poder del estado burgués.

Bolivia en un punto de quiebre

El proceso electoral boliviano venía encrespado desde el vamos. Si la presentación electoral de Evo Morales tras la derrota en el referéndum por la reelección había levantado polvareda, la victoria ajustada -para evitar la segunda vuelta- fue la excusa de la derecha oligárquica para comenzar con la desestabilización.

Para cuando el tribunal electoral falló en favor de la victoria de Morales, el resultado ya era una anécdota: de lo que se trataba era de si iba a resistir en el poder, y de qué fuerza iban a oponer sus adversarios. A este respecto, resulta desconcertante que el gobierno haya llamado a la OEA (rápida para denunciar a Venezuela, muda por la situación de Chile) para fiscalizar los resultados. El paro cívico llamado en la rica Santa Cruz surtió su efecto y Morales, al cabo de unos días, aceptó ir a segunda vuelta, lo que no hizo más que envalentonar a los opositores, que se lanzaron de lleno a una campaña terrorista, ensañada principalmente con la población indígena. El mismo gobierno que se arrogó el triunfo electoral, en una semana perdió el apoyo de la Central Obrera y el control de las fuerzas armadas. La renuncia a la presidencia les cedió la iniciativa a los representantes políticos del empresariado más concentrado, que en estos 12 años aceptó las condiciones de Morales pero nunca perdió el control de los resortes del agro, la minería, el gas y las finanzas.

Al mismo día que Evo anunciaba su renuncia “para evitar más violencia”, las organizaciones indígenas con centro en El Alto -el conurbano de La Paz- se declararon en rebeldía. La Federación de Juntas Vecinales llamó a conformar comités de autodefensa, instruyó el armado de una “policía sindical civil” y emplazó a Luis Fernando Camacho -presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz- a abandonar La Paz. Se trata de la principal figura de los golpistas, junto al candidato a presidente Carlos Mesa.

Al cierre de esta nota, la movilización popular llevaba tomadas varias comisarías y cortaba rutas y accesos. Las masas populares que prosperaron en estos años no están dispuestas a entregar la situación de manera pacífica. Queda por delante profundizar la lucha contra la oligarquía nativa pro yanqui, superando los límites y las vacilaciones de la experiencia del gobierno del MAS: se trata de una hora en que la defensa de las conquistas va de la mano con la lucha por afianzar un poder popular obrero y campesino que le de un golpe de gracia a los enemigos del pueblo.

Se trata sin dudas de un camino lleno de sacrificios. No será mejor un gobierno de la derecha tradicional. El “tiempo de revolucionarios” no está hecho para renunciantes.

Jorge Burgos