Rebelión contra la minera

Los
intentos del gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala por hacer lugar a
cualquier costo a la instalación del proyecto mega-minero Tía María, se han
topado con una resistencia popular que ha incendiado el sur del Perú. El proyecto, en la
región de Arequipa, a cargo de la transnacional de capitales mexicano-estadounidenses
Southern Peru Copper Corporation, busca explotar a cielo abierto una mina de
cobre, ahogando al mismo tiempo la producción ganadera y fundamentalmente
agrícola que sustenta a la población de la zona. La multimillonaria inversión
lleva varios años superando las trabas que la legislación y la política local
le han ido planteando. El proyecto Tía María fue considerado peligroso y rechazado
en el 2011, aún con Alan García como presidente. Tres meses después, con Humala
a cargo del ejecutivo, fue nuevamente habilitado, contrariando incluso las recomendaciones
de especialistas de la ONU. En el 2013 la Southern presentó un nuevo estudio
ambiental para completar la máscara legal y Humala le dio luz verde. Durante la
campaña electoral, el candidato se había comprometido ante el embajador
norteamericano a apoyar las transnacionales mineras de EE.UU. radicadas en
Perú. Las denuncias de sobornos a altos funcionarios del gobierno acompañan
cada uno de los pasos dados para abrir camino a la instalación del proyecto. Lo
que no han podido doblegar los generosos aportes de la multinacional es la
voluntad de lucha del pueblo peruano. Y donde la billetera no llega, entran en
escena las balas. La explotación minera en Perú es uno de los principales
factores de conflicto social desde hace años, y sólo en los períodos a cargo de
García y Humala han muerto más de 250 personas en luchas sociales. La rebelión
popular desatada en los últimos meses en la zona sur cuenta con numerosos
ante-cedentes en los años previos y ha tenido por respuesta una represión cada
vez más feroz. Hace un mes el gobierno nacional ordenó la movilización de dos
mil efectivos del ejército y de la marina, sumándolos a los tres mil policías
que ya estaban interviniendo. Ya son al menos ocho los muertos en este
conflicto y el respaldo popular a la protesta se multiplica. Frente a la masividad
de la lucha, actualmente están bajo control militar los departamentos de
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, con plazo hasta
el 24 de junio para “pacificar” la zona. Los agricultores, comerciantes,
obreros, maestros, estudiantes, amas de casa de la zona vienen enfrentando
valientemente a la fuerza policial-militar desplegada, ganando apoyo en todas
las poblaciones de la zona. Las regiones del país donde la explotación minera
ha logrado instalarse dan la razón al pueblo que resiste, mostrando a la par de
la extracción masiva de riquezas la expansión de la pobreza y la miseria entre
los pobladores, incluidos los propios mineros, que vienen de llevar adelante
una de las huelgas más importantes en las últimas décadas. Mientras tanto, el
gobierno se desmorona en el último tramo hacia las elecciones de abril de 2016.
Humala ha tenido que cambiar siete veces de gabinete desde que asumió la
Presidencia, y el caso de corrupción que tiene a su ex asesor Martín Belaúnde Cossío
en el centro de la escena, agrega inestabilidad política a un gobierno y un
régimen antipopular en todos sus aspectos. Éste empresario, que fue artífice de
la campaña presidencial, está acusado de integrar una red de corrupción que
involucra al propio Humala, huyó a la selva boliviana y acaba de ser entregado
por el propio Evo Morales en mano a los funcionarios peruanos. Lo cierto es que
la experiencia presidencial de este militar retirado, que se reivindica nacionalista
habiendo sido entrenado militarmente en Israel, que ha gobernado a las órdenes
de la embajada yanqui y que sigue regando de sangre del pueblo, se enfrenta a
un último año de mandato plagado de incertidumbres y con fuego por abajo. En
las próximas y aún lejanas elecciones, las opciones de peso van desde la vuelta
de Alan García hasta el retorno de Fujimori a través de su hija Keiko, lo que
nos exime de mayores comentarios sobre la viabilidad de un recambio favorable a
los intereses del pueblo. Dependerá de la capacidad de organización y lucha del
pueblo peruano el brindarle la despedida que se ha ganado este acreedor del
merecido odio popular, y sobre esta base volver a edificar un proyecto revolucionario
que logre encalmar a las mayorías peruanas hacia su liberación. 
Leo Funes