Radiografía de un país empobrecido

Tras un fuerte plan de ajuste fiscal, monetario, salarial y de actividad económica por parte del gobierno de Javier Milei, el INDEC publicó en septiembre su informe sobre el resultado económico de los primeros 6 meses del año. Allí, el organismo mostró con cifras concretas lo que cualquier trabajador conoce de primera mano: la Argentina fue convertida progresivamente en un mar de pobreza e indigencia. 

El enfoque monetario de la pobreza e indigencia establece el índice o porcentaje de tales fenómenos mediante la comparación de los ingresos mensuales de las familias contra una canasta de determinados bienes y servicios. Los ingresos son relevados a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dependiente del Ministerio de Economía. La misma se aplica de manera trimestral en 31 aglomerados urbanos (incluidas todas las capitales provinciales) con más de 100.000 habitantes, donde se concentran el 70% de la población del país.

Las canastas de bienes y servicios también son elaboradas por el INDEC en base a encuestas de consumo que, no obstante estar algo desactualizadas, reflejan con cierta fidelidad los insumos que una persona o familia necesita para vivir. Existen dos canastas fundamentales. 

La primera es la “Canasta Básica Total” (CBT) agrupa los bienes y servicios considerados esenciales para una vida adecuada (vestimenta, alimentos, transporte, educación, salud) y su costo monetario establece cuál es la línea de pobreza, por debajo de la cual una persona, familia u hogar es considerada pobre. En agosto, por ejemplo, para alcanzar la CBT una familia estándar de cuatro integrantes necesitaba $940.000 por mes. La segunda, denominada “Canasta Básica Alimentaria” (CBA), agrupa los bienes alimentarios que una familia necesita para cumplir con los requisitos calóricos y nutricionales básicos, cuyo su valor indica la línea de indigencia, en agosto, $421.000 mensuales.

De acuerdo con el informe disponible en la web del organismo, el índice de pobreza en el primer semestre de 2024 fue del 52,9%, un incremento de 11,2 puntos porcentuales con respecto a los datos del último semestre de 2023 (41,7%). La indigencia tuvo un incremento todavía mayor en ese período, pasando del 11,9% al 18,1%. Se trata de los “nuevos pobres” de la era Milei.

Dentro del semestre, es notable la diferencia entre el 1er y 2do trimestre: en el primero la pobreza fue 54,9% y en el segundo del 50,9%. El dato muestra que el ajuste se realizó principalmente durante el primer trimestre, cuando impactaron la mega-devaluación de diciembre (+118%), el consecuente fogonazo inflacionario (+51%) y una notable caída de la actividad económica (-5% interanual), con su correlato en la pérdida de puestos de trabajo y el retroceso consumo.  

En términos absolutos, dentro del universo de la EPH (29,6 millones de personas) la pobreza alcanza a 15,7 millones de personas, de las cuales 5,4 millones se encuentran también bajo la línea de indigencia. No obstante, el ejercicio metodológico de proyectar los resultados a la totalidad de la población del país da como resultado que alrededor de 25 millones son pobres (6 millones más que en 2023), mientras que 8,5 millones son indigentes (4 millones más que en 2023). 

Si llevamos la comparación hacia años anteriores, a grandes rasgos Cristina Kirchner dejó el poder con un 30% de pobreza, que Macri llevó hasta el 35% y Alberto Fernández elevó a 42%. La evolución de la pobreza es una verdadera radiografía de la situación económica y social del país que es responsabilidad de gobiernos de signos políticos diferentes.  Salvando las evidentes distancias, los programas económicos de las tres últimas coaliciones de gobierno (JxC, FdT, LLA) llevaron a la ruina al país y sus trabajadores, mientras la gran burguesía y los capitales financieros hicieron grandes negocios.

Volviendo a los números, el informe del INDEC arroja precisiones sobre la distribución de esos guarismos de pobreza e indigencia. La niñez y juventud se lleva la peor parte: entre las personas de 0 a 14 años la pobreza fue de 66,1% y la indigencia del 27%, y en el segmento de 15 a 29 años las cifras fueron 60,7% y 21,2%, respectivamente. Por su parte, el grupo de adultos mayores (+65 años) sigue siendo el mejor posicionado en términos de pobreza e indigencia, pero al mismo tiempo es el segmento donde más crecieron ambos fenómenos: extendiendo los plazos de análisis, la pobreza pasa de 6,4% en el 2018 a 29,7% en el 2024 y la indigencia de 0,6% a 4,0%.

En cuanto a la distribución territorial de la situación, la pobreza se concentra especialmente en el norte del país, donde todos los aglomerados urbanos superan el 50% de pobreza y cinco localidades traspasan el umbral del 60%: Gran Resistencia (76,2%), Formosa (67,6%), La Rioja (66,4%) y Santiago del Estero-La Banda (64%). Asimismo, comparando las cifras de 2023 y 2024, los saltos más importantes en la pobreza tuvieron lugar en Formosa (+100%) y dos ciudades de la Patagonia como Ushuaia - Río Grande (91,3%) y Comodoro Rivadavia (+84%). Por su parte, casi la mitad de las personas que cayeron en la pobreza en 2024 (46,7%) están concentrados en el Gran Buenos Aires, cuyos municipios sumaron aproximadamente 2.800.000 de nuevos pobres -se trata del mayor bolsón de pobreza de la Argentina.

El crecimiento de la indigencia sigue patrones similares, con una concentración en el norte del país. Hubo fuertes incrementos de 2023 a 2024 en el Gran Resistencia, Santiago-La Banda, Formosa y Posadas; en el Centro del país en el Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Gran San Juan y hacia la Patagonia en Comodoro Rivadavia y Ushuaia, algunas de las cuales registraron el doble, triple o cuádruple de indigencia respecto al año pasado.

Mientras tanto, los programas sociales como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo evidentemente no son suficientes para paliar una situación social en declive, causada por las propias políticas económicas del gobierno. Según un informa de la UCA de julio, tales programas sólo cubren el 25% de la Canasta Básica Total y el 50% de la Canasta Básica Alimentaria, razón por la cual el aumento de sus montos por encima de la inflación no impacta significativamente en los índices de pobreza e indigencia.

Se veía venir

Los datos del INDEC publicados en septiembre confirman oficialmente una tendencia observada en estudios anteriores desarrollados por diversas instituciones.

Con los informes publicados en junio y julio, la UCA había anticipado una pobreza en torno al 55% para el primer trimestre de 2024, un 32,5% de las personas con empleo bajo la línea de pobreza y una “inseguridad alimentaria” del 25% en áreas urbanas, concepto que se refiere a la imposibilidad de acceder de una manera regular y segura a los alimentos necesarios para vivir. Un informe del Instituto Germani publicado en octubre añadía que el fenómeno de los trabajadores ocupados, en blanco y pobres ya existía bajo los gobiernos anteriores, pero se duplicó hasta llegar al 30% en 2024 debido a las políticas económicas de Javier Milei.

Además, los estudios de la UCA incorporan datos clave que profundizan la gravedad de la situación: la pobreza se agudiza (los pobres son más pobres) y crece la desigualdad (se agranda la brecha entre ricos y pobres). La distribución del ingreso en 2024 fue completamente regresiva: si bien todos los estratos sociales perdieron poder adquisitivo (promedio -20,8%), ese fenómeno fue mayor en la base de la pirámide social (-27,8% en quintil 5) que en la cima (-17,9% en quintil 1) y entre los trabajadores informales (70% son pobres) más que en los formales (30%). Asimismo, entre los trabajadores ocupados, el sector de menores ingresos vio retroceder sus salarios un 25% y el de mayores ingresos solamente un 12%. Por ello, el 20% más rico de la población vio crecer su participación en el ingreso (50,2% al 52%), mientras que los demás estratos cayeron y, particularmente, el 20% más pobre (5% a 4,5%). Finalmente, el coeficiente de GINI pasó de 0,446 a 0,467, ilustrando un incremento de la desigualdad al interior de la pirámide social. 

En segundo lugar, el organismo UNICEF advirtió en su informe de agosto que diariamente un millón de niños/as se van a dormir sin cenar, 1,5 millones se saltean al menos una comida por día y unos 4,5 millones de adultos dejan de comer para priorizar el alimento de sus hijos, según los datos obtenidos a partir de la 8va “Encuesta a Hogares…” elaborada por la entidad internacional. Asimismo, unas 10 millones de personas consumen menos alimentos que el año pasado (especialmente carne y lácteos), creció un 23% la cantidad de hogares que se endeudan para comprar comida, y una de cada cuatro familias abandonó la compra de medicamentos y controles médicos por falta de dinero. Al igual que la educación, se trata de carencias actuales que no solamente son crueles y dolorosas, sino que traen graves consecuencias en el mediano y largo plazo, vinculadas a la salud, el aprendizaje y las capacidades de las futuras generaciones. 

Hacia dónde vamos

En términos generales, hay que remontarse al 2004 -con la crisis del 2001/2 todavía en las espaldas- para encontrar cifras de pobreza e indigencia similares a las verificadas tras los primeros meses del gobierno de Milei: ni siquiera la pandemia del COVID propinó semejante golpe a la situación social y económica del país.

Para colmo, en el horizonte no asoman una recuperación de la actividad económica, un incremento de los salarios e ingresos o una baja sustancial de los precios al consumidor, tal que se produzca una disminución de los índices de pobreza e indigencia. El propio diario Clarín (30/9) señala que, según la EPH del INDEC, los hogares pobres tuvieron un ingreso promedio de $407.000: en el primer semestre de 2024 estuvieron -y siguen estando- más cerca de caer en la indigencia ($302.000) que de superar la línea de pobreza ($709.000), lo cual aleja las expectativas de que una pronta y leve recuperación de los ingresos permita revertir las cifras de la pobreza.

Por el contrario, el plan antiinflacionario del gobierno se apoya en el ancla cambiaria (dólar barato), la restricción monetaria (no emisión de pesos) y la caída del consumo (comprimir la demanda), todos factores que contribuyen a la continuidad de la recesión económica. Al mismo tiempo, no aparece la lluvia de inversiones esperada tras la aprobación del RIGI y la Ley Bases, las reservas del BCRA constituyen un flanco débil del esquema económico y en 2025 comienzan los pagos netos de capital e intereses al FMI y los acreedores privados de la deuda externa, sobre cuya capacidad de pago hay dudas entre los analistas. 

Con las elecciones legislativas ya jugando un papel en los posicionamientos y las acciones de los bloques políticos, el 2025 se parece más a un huracán de problemas que al mundo feliz que pronostica el mundo libertario. La clase obrera debe intervenir en el devenir de la crisis para darle fuerza a un programa económico y social alternativo, basado en el no pago de la deuda externa y la estatización del sistema bancario, el comercio exterior y los resortes productivos clave, con el objetivo de lograr un inmediato bienestar popular y un sendero de desarrollo económico para nuestro país.

David Paz