Provocación contra el movimiento piquetero: no pasarán

El gobierno de Milei montó una provocación a gran escala contra el movimiento piquetero y los movimientos sociales. La parte más conocida -show periodístico mediante- es la de los más de 30 allanamientos a casas de referentes, comedores y galpones, las 28 imputaciones por extorsión contra compañeros responsables de los movimientos y la requisa de celulares, computadoras y dinero. La cosa sigue con “descubrimientos” exhibidos en programas periodísticos -básicamente cuadernos con anotaciones- y hasta el desfile de “arrepentidos”. Menos público fueron los apremios cometidos en los allanamientos, que incluyeron el robo liso y llano de dinero y pertenencias de los compañeros, o los aprietes de gente de civil en los días posteriores. 

La causa que lleva adelante el juez Casanello con el impulso del fiscal Pollicita lleva varios meses de preparación, con un trabajo de inteligencia que, sumado a la campaña mediática, demostró una precisión de relojería. Esto debe ser tomado con seriedad: más allá de que jurídicamente su denuncia sea insostenible, el gobierno decidió desmantelar a las organizaciones de desocupados opositoras a su proyecto, que son la inmensa mayoría. La “prueba” recolectada hasta ahora es tan débil que al juez no le quedó más remedio que aceptar el pedido de eximición de prisión. Entre las medidas de caución, figura la infamia de que los imputados no puedan ir a los comedores: un ataque directo a quienes tienen responsabilidades de organización. 

La línea de aislar al movimiento piquetero viene desde hace varios años. Desde que asumió, el actual gobierno viene profundizándola, apuntando contra su capacidad de movilización, para lo cual no dudó en empeorar la situación de vida de los más pobres, retaceando la comida a los comedores y reconvirtiendo los planes sociales, lo que redundará en menos ingresos para los compañeros. El tema de la “extorsión” recupera un tópico trabajado por el gobierno anterior: cuestionar que los desocupados y cooperativistas coticen para sus organizaciones una parte de lo que reciben. Dicho en criollo: si para Tolosa Paz que los pobres se organicen era malo, para Pettovello es directamente un delito. Más clasista no se consigue. 

El acuerdo firmado por el ministerio de Capital Humano con las iglesias evangélicas desmiente que el problema sea la tan cacareada “intermediación”. El movimiento piquetero combativo siempre peleó por la universalización de la ayuda social, que nunca fue implementada por el aumento presupuestario que ello requeriría. Así, las distintas administraciones pusieron en pie la estructura actual, destinando partidas principalmente a intendencias, en segundo lugar a movimientos oficialistas y por último a organizaciones movilizadas en la calle. 

El problema de fondo es, entonces, la política. El movimiento piquetero nunca dejó la calle. Fue el artífice del primer desafío al “protocolo antipiquete” de Bullrich, en la movilización del 20 de Diciembre, que es de hecho el comienzo de esta causa. A medida que se va desnudando la debilidad del gobierno, el movimiento piquetero protagonizó dos importantes acciones, en el centro porteño en abril y en la Quinta de Olivos este mes, ratificando su lugar de punta en la lucha callejera, en un marco en que se van sumando más sectores de los trabajadores y el pueblo a la lucha contra el ajuste en curso. Sacar a los piqueteros de la calle es entonces una prioridad para el elenco libertario, en el marco de que su modelo provoca que cada día haya más pobres: limitar su capacidad de organización es fundamental para la viabilidad del ajuste en curso. Los movimientos tuvieron una lúcida respuesta con la conferencia de prensa del Frente de Lucha y el resto de las manifestaciones alrededor de Capital Humano, poniendo de relieve que el problema de fondo sigue intacto: miles de habitantes de las barriadas siguen pasando hambre. 

Así las cosas, el montaje digno de una superproducción de Hollywood que armó el gobierno sirve para desviar la atención de los resultados de la política del gobierno.

Problemas por todos lados

Además del marco general, los ministerios involucrados en este ataque tienen sus cuestiones domésticas. 

Este operativo llegó luego de dos reveses judiciales para la ministra Pettovello. Uno fue el amparo presentado por la UTEP por la interrupción de la entrega de alimentos, al cual hizo lugar el juez Walter Correa. El otro fue el pedido de informes de la fiscal Paloma Ochoa por el destino de los fondos entregados por Naciones Unidas en el marco del PNUD. En este marco hay que entender las palabras del vocero Adorni: “Nos acusan de derecha hambreadora y ellos se roban los alimentos”. El portavoz millonario pisó el palito. Efectivamente, es como él dice, pero al revés: el gobierno que no entrega los alimentos acusa a los que luchan de habérselos robado. En los últimos días se destapó el escándalo por las toneladas de alimentos que descansan hace meses en los galpones dependientes de Capital Humano. Consultado sobre el punto, el todoterreno Adorni tuvo que apelar a sus habituales piruetas para justificar lo injustificable, culpando al gobierno anterior y a las organizaciones.

La otra gran estrella es Patricia Bullrich. La ministra tiene entre ceja y ceja el proyecto de una represión estrictamente política. En todas las movilizaciones ensaya la coordinación entre las cuatro fuerzas federales. En la misma línea el proyecto de instalar la figura de la reiterancia para avanzar en la detención preventiva de manifestantes. En esta ocasión se dio el gusto de avanzar sobre los movimientos opositores, aunque tomó ciertos recaudos: por ahora se abstuvo de atacar penalmente a dirigentes. Bullrich sube la apuesta pero no come vidrio, y sabe que jugarse a descabezar organizaciones puede resultar en un pelotazo en contra. La provocación en curso derivó en una amplia expresión de solidaridad, que se manifestó por ejemplo en el plenario convocado en la facultad de Sociales por las centrales sindicales y organismos de DDHH para oponerse a la Ley Bases. A su vez, es una mala noticia para la ministra el giro en la causa de Santiago Maldonado con el cambio de juez. Hay que recordar que en aquella ocasión Bullrich defendió con todo lo que tuvo a su alcance a la gendarmería, encubriendo su responsabilidad en la desaparición seguida de muerte de Santiago. Su credibilidad no cotiza en alza. 

Por último, es de notar que el epicentro elegido para el ataque fue la CABA. Solamente a alguien muy distraído se le podría escapar que el trabajo de inteligencia sobre las organizaciones que viene encabezando el fiscal Pollicita necesariamente cuenta con el padrinazgo político del PRO. En este marco cobra sentido la conducta de Jorge Macri ante la movilización de abril en el microcentro, donde no sólo reprimió sino que horas más tarde realizó una conferencia de prensa para reivindicar lo hecho. El jefe de gobierno se alista entre los dirigentes que promueven atar la suerte del PRO a la de LLA. La movida puede dar réditos en el corto plazo, en el sentido de golpear a las organizaciones de la ciudad aprovechando el perfil político; pero dada la situación en la que está el gobierno nacional, la apuesta es más que temeraria.

La provocación irá escalando a medida que la crisis del gobierno nacional se profundice. Seguramente habrá novedades tanto en la causa como en el “escándalo” impostado desde los medios. Pero en el largo plazo, su objetivo está condenado a fracasar. La organización de los más humildes va a persistir, porque la semilla de pelear por los derechos más básicos está sembrada desde hace rato. No la van a poder arrancar de raíz. En lo inmediato hay que buscar la más amplia solidaridad de los sectores que se oponen al ajuste de Milei, especialmente del movimiento obrero ocupado, bregando por una unidad de las organizaciones que conjure las divisiones que el gobierno promueve. En el largo plazo, será la lucha de clases la que diga la última palabra sobre el destino del ajuste que lleva adelante el gobierno, y el movimiento piquetero todavía no escribió su última página.

Agustín Damaso