Persecución sindical e irregularidades en los subsidios

Para entender el conflicto en la línea 60 hay que explayarse sobre un par de puntos. En primer lugar, quiénes son hoy dueños de la empresa.
Cuando la empresa quedó en concurso preventivo en 2011, estaba estructurada como una “sociedad de componentes”: cada vehículo pertenecía a un accionista-propietario que se quedaba con la recaudación pagando un cargo a la administración. Pero, con un pasivo concursal del orden de los $ 250 millones, la mayoría de los 250 propietarios-componentes salieron a vender sus acciones entre mediados de 2010 y enero de ese año. Tras numerosas cesiones de acciones minoritarias, alrededor del 88% de la empresa -que transporta cerca de 250.000 pasajeros por día- quedó en manos de tres nuevos dueños:
- El grupo NUDO, que explota actualmente las líneas 5, 50, 99, 106 y 107. Este consorcio está integrado por dos pesos pesados del sector: el grupo DOTA -que tiene más 1.700 vehículos y opera, entre otras, las líneas 5,8,23,44,76,91,101 y 188- y Nuevos Rumbos, la empresa concesionaria de las líneas 26 y 132.
- La compañía Rosario Bus, del empresario santafesino Agustín Bermúdez, que opera 16 recorridos urbanos en el Gran Rosario y las líneas 41 de la CABA y 203 del Conurbano.
- La firma Micro Ómnibus Tigre, que explota varios ramales comunales en la zona norte (204, 228, 505, 506, 512, 513 y 720, entre otros) y a la cual se vincula con intendentes de la zona donde operan las líneas.
De 2011 a hoy la concentración se hace más evidente, siendo DOTA en la actualidad uno de los grandes monopolios del transporte. La concentración monopólica del transporte automotor es una característica de estos últimos años, particularmente bajo los gobiernos kirchneristas. Así, la empresa recibe, según denuncian los trabajadores, cerca de $34.000.000 en subsidios, los cuáles no se traducen en mejoras en el servicio ni tampoco reducen el valor del boleto para sus usuarios, en su mayoría trabajadores de la zona norte y sur de la provincia de Buenos Aires. Así es como, de fondo, en este conflicto hay un cuestionamiento a la política de transporte del país. La denuncia traspasa el reclamo gremial y desnuda las irregularidades en el tema subsidios.
Otro punto a resaltar es la historia de la organización sindical de los trabajadores de la línea 60. Hace más de diez años que, primero por abajo y casi en la clandestinidad, y luego ya abiertamente, llevan adelante una línea de consulta en asambleas y medidas de fuerza respaldadas por la mayor parte de los trabajadores. Así se convirtieron en una referencia para muchos trabajadores de otras líneas y constituyen hoy la clara oposición a la burocracia de la UTA.
El 25 de junio pasado, en el marco del pedido de reducción de jornada laboral por insalubridad y luego de haber protagonizado cortes en Puente Saavedra y La Noria durante la negociación de la paritaria de UTA, se produjo el despido de un activista. La asamblea de trabajadores resolvió la medida de fuerza de no cobro de boleto por la reincorporación y la respuesta de la patronal fueron otros 50 telegramas de despido. En ese momento se dictó la conciliación obligatoria de la cual los delegados no fueron notificados. La empresa entonces llevó adelante un verdadero lock out.
Con el apoyo de trabajadores, delegados, seccionales, sindicatos combativos y antiburocráticos, organizaciones sociales y políticas, los trabajadores permanecieron en las cabeceras y un par de días después decidieron reanudar el servicio, saliendo las unidades de la cabecera Constitución. La cabecera de Ingeniero Maschwitz se encuentra militarizada y la justicia ordenó la salida de 10 coches por día, todo esto garantizado por los trabajadores y sin presencia de los empresarios.
El 7 de julio se realizó una masiva movilización al Ministerio de Transporte -donde no fueron recibidos- y luego a la Casa Rosada, en donde asentaron por escrito sus reclamos. Los compañeros de la 60 contaron con el apoyo de muchos trabajadores de otras líneas y otros sectores, entre los cuales se destacaron los aceiteros que rompieron el techo salarial del gobierno. El planteo de los trabajadores fue directo: “Nosotros podemos garantizar el servicio: vamos la estatización de la 60”.
La pelea contra el ajuste continúa más allá de elecciones, ballotage y vedas. Los trabajadores de la 60 eligieron la lucha y en ese camino están. Es clave que estas peleas no se den aisladas y podamos unificar los reclamos y las medidas en un polo de coordinación. Hoy más que nunca.
Isabel Gómez