Perú - Viva la insurrección popular

El 7 de diciembre de 2022 se abrió en Perú una situación revolucionaria. Ese día el presidente Pedro Castillo, acorralado por una oposición que tiene su cuartel general en el Congreso, emite un mensaje por cadena nacional que termina precipitando una crisis política que se venía gestando desde bastante antes.

En ese mensaje Castillo denuncia la abierta vocación destituyente del núcleo derechista que dirige el parlamento, consecuentemente anuncia la clausura del Congreso, el establecimiento de un gobierno de excepción con el poder político concentrado en el ejecutivo y la convocatoria a un proceso de Asamblea Popular Constituyente. Ingenuamente, para efectivizar este timonazo se apoya en la fuerza policial, decretando el Estado de Sitio, exhortando a la entrega inmediata de cualquier arma en manos de civiles y reforzando así el monopolio del ejercicio de la violencia por parte de una institución probadamente enemiga del pueblo. 

Dos horas después de emitir su comunicado, el Congreso, con Keiko Fujimori como protagonista central, vota la destitución del presidente y su reemplazo por la vicepresidenta Dina Boluarte. Castillo era detenido por la misma Policía Nacional y encarcelado en el penal de máxima seguridad de Barbadillo. Casualmente el mismo donde cumple su condena Alberto Fujimori. 

En forma casi inmediata, numerosos sectores obreros, campesinos, estudiantiles, populares en general, se lanzan a las calles y rutas del país -especialmente en la zona sur-, exigiendo al unísono Fuera Dina Boluarte, cierre del Congreso y Asamblea Popular Constituyente. 

La movilización popular fue creciendo con el correr de los días. Extendiéndose a casi toda la geografía nacional, instalándose en Lima, incorporando a comerciantes, profesionales, e incluso generando una grieta dentro de las filas del ejército. La protesta incluye en algunos puntos la quema de comisarías y unidades judiciales, bloqueos de rutas durante semanas, la toma de aeropuertos, el ataque a domicilios particulares de funcionarios públicos, y todas las formas de autodefensa popular que son usuales en las rebeliones que están marcando estos últimos años en la región. La represión policial se ha cobrado ya más de 60 vidas en las filas populares, y lo aguerrido de la resistencia ha llevado al gobierno de facto a hacer intervenir al ejército para poder liberar las rutas de algunas poblaciones del sur donde el accionar policial ya estaba siendo sobrepasado. 

Los intereses del golpismo

En el año y medio de gobierno de Castillo y su fuerza política Perú Libre, se habían intentado una serie de medidas de corte democrático, antimonopólico y de recuperación de la soberanía nacional sobre recursos estratégicos, prácticamente todas trabadas por el parlamento, que funciona como salvaguarda de los intereses más concentrados de la economía, los dueños del Perú. Al momento de la destitución de Castillo estaban en revisión los contratos de las principales explotaciones mineras, fundamentalmente de litio.

Hubo una serie de contratos que no se pudieron renegociar por trabas que impone la Constitución vigente. Perú Rail en Cusco, Gas de Camisea en Puno, el Litio también en Puno. La intención del gobierno de Castillo era renegociar contratos para favorecer empresas de capitales nacionales, en lugar de las multinacionales que actualmente explotan esos recursos. Estos son algunos de los 76 proyectos de ley enviados por el ejecutivo y rechazados de plano por el poder legislativo.

En un país donde todos los aeropuertos, las rutas y los peajes están en manos de multinacionales, así como grandes extensiones de las mejores tierras y las vías de comunicación, el Congreso se negó a la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, impidió la creación de una línea aérea de bandera nacional, y a la creación de tres aeropuertos. Se opuso de plano a un proyecto de reforma agraria, a la universalización del sistema de salud y al ingreso libre a las universidades.

Aun así la estatal Petroperú entró en la explotación petrolera en el Amazonas, se estableció una actualización de impuestos para las empresas petroleras y las que controlan el comercio marítimo, se eliminó el fondo destinado a publicidad oficial en los principales medios de comunicación y ese dinero se reorientó a la educación pública. Todo esto fue más que suficiente para encender las alarmas en el gran capital y en las principales embajadas de Europa y en la de los Estados Unidos. Hay que tener presente que Perú tiene firmado un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Así se explica mejor el silencio cómplice estas representaciones diplomáticas frente a la destitución del gobierno legítimo de Castillo.

Boluarte aún mantiene el equilibrio en el ejecutivo por estar asociada al fujimorismo que, si bien perdió las elecciones presidenciales frente a Castillo, mantiene su mayoría en el Congreso. Sin embargo, en la medida que la movilización se mantiene firme, día a día se complica la posibilidad de dar estabilidad al régimen antipopular surgido del golpe institucional contra el gobierno. El congreso ya rechazó seis proyectos de adelantamiento de las elecciones, incluido uno de la propia Boluarte. Las grietas entre los sectores que se disputan la conducción política del Perú se agravan al calor de la protesta que no cesa. 

Por una salida revolucionaria

La de Castillo fue una presidencia débil desde el principio, nunca tuvo mayoría en el Congreso, y en un año y medio hubo 59 cambios en los ministerios, muchos por presión parlamentaria. Ningún gobierno en los últimos 10 años ha podido terminar su mandato en Perú, donde la inestabilidad política se ha transformado en la norma. Sin embargo, la caída de Castillo, que en este marco podría haber pasado desapercibida, ha desatado un proceso de movilización obrera, campesina y popular que cambia todo. 

Está en marcha un alzamiento de características insurreccionales contra el orden fujimorista, que es el régimen político que ha llevado a Perú desde 1990 y sobre la base del aplastamiento de las fuerzas revolucionarias, a la situación en que se encuentra hoy. Ese régimen está siendo duramente cuestionado y sin retorno por la intervención popular insurrecta, que se expresa bajo el justo programa de Fuera Dina Boluarte, cierre del Congreso y Asamblea Popular Constituyente. Más allá de como termine este proceso en marcha, ya ha hecho méritos para inscribirse en la oleada de levantamientos populares que se vienen sucediendo desde 2019 en Ecuador, Colombia, Chile e inclusive Bolivia, pero además le agrega la preocupación central puesta en una salida política que destierre el régimen vigente. La resolución del tema del poder, sin lo cual todo programa termina siendo inaplicable, es el problema central en el que las organizaciones revolucionarias del Perú y de todo el continente debemos poner el centro de nuestra atención. Los vientos de la lucha de clases insisten soplando en favor de la Revolución.

Leo Funes