Paro y movilización en defensa de la educación y el salario

Tras un rotundo rechazo de más del 70% de la docencia a dos propuestas salariales de miseria presentadas por el ejecutivo provincial, la asamblea de delegados departamentales de la UEPC había resuelto ir al paro nuevamente los días 22 y 23 de julio, coincidente con el reinicio de las clases luego del receso invernal. Con el fin de desactivar el paro de 48hs, el gobierno provincial solicitó al Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria. Al mismo tiempo se había comprometido a presentar una mejora de la propuesta. Sin embargo, no solo no mejoró un ápice lo ofrecido, sino que decidió directamente pasar a la provocación, con una oferta sensiblemente peor y por decreto, rompiendo con la medida dictada por el mismo ejecutivo. A días del fin de la conciliación obligatoria, Llaryora miente una vez más y rompió unilateralmente la misma, imponiendo por decreto una propuesta rechazada por la mayoría de la docencia y descontando las medidas de asamblea y paro. 

Llaryora y sus funcionarios iniciaron una campaña mentirosa en diversos medios con la intención de deslegitimar a las y los trabajadores de la educación frente a la sociedad, instalando las ideas de que la docencia en Córdoba es la mejor paga del país, que trabajan 4hs, que el básico es de $600.000 y que las demandas de la docencia son levantadas por una minoría radicalizada opositora. De este modo, Llaryora arremetió entrometiéndose en la vida interna del gremio y apuntó, a través de la conciliación obligatoria, a estirar la negociación y ganar por cansancio en el marco de un incremento sostenido de la canasta alimentaria y los servicios, con un salario que no alcanza. Es que las dos propuestas presentadas agravaban la situación salarial, empujando a la mayor parte del colectivo educador debajo de la línea de pobreza e indigencia. Sumado a esto, en el plano previsional, el gobierno provincial profundiza el ajuste sobre los jubilados con el sostenimiento del diferimiento y la suba de los aportes de los activos para palear el desfinanciamiento de la caja y la interrupción del envío de fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones provincial.

Con el arranque de agosto y finalizada de facto la conciliación, la Junta Ejecutiva Central y UEPC Capital salieron a denunciar la presentación de una tercera propuesta que no solo no es “superadora” sino que retrocede en varios puntos contemplados en la anterior. En primer lugar, extiende el periodo de la paritaria hasta noviembre (en la 2da propuesta era hasta septiembre), no garantiza el 100% del IPC remunerativo y bonificable en todos los meses, con lo que disminuye aún más el impacto de aumento sobre jubilados al ser en parte cifras en negro, así mismo, no deroga el diferimiento del pago de aumentos a los jubilados, por lo que la pérdida es doble (inflación). Tampoco contempla mejoras sectoriales para las DAI (Docentes de apoyo a la integración), pago de Fonid para docentes de la UPC (Universidad Provincial de Córdoba), y cargos jerárquicos. 

Frente a un salario del cargo testigo (maestra de grado sin antigüedad) en torno a los $ 490.000, una línea de pobreza de $1.090.000 e indigencia de $603.000 según Centro de Almaceneros, la tercera propuesta ofrece un 2,5% remunerativo y bonificable que de bolsillo representan tan solo 12 mil pesos, más un conjunto de sumas en negro que terminan por profundizar la caída del salario de los trabajadores de la educación, teniendo en cuenta que a la pérdida de 1/3 del poder adquisitivo producto del cierre de la paritaria del año pasado, se le sumó  la merma salarial de comienzo de año por el reconocimiento de solo el 50% de la inflación registrada en el mes precedente y los descuentos extras de la obra social APROSS. 

Ante este panorama de ajuste salarial, precarización y deslegitimación del trabajo docente, más se debe fortalecer la unidad y profundizar el plan de lucha en defensa de la educación pública y el salario. Esa fortaleza radica en asambleas por escuelas, en acciones zonales, en el paro activo y movilizaciones masivas, para que el Llaryora se entere que en los colegios y en las calles hay miles de trabajadoras/es de la educación con bronca y dispuestos a dar pelea para defender el salario y la calidad educativa. El paro convocado por UEPC para el 5 y 6 de agosto, es una oportunidad para demostrarlo.

Cándido López