Para Macri, el fin justifica los decretos

En menos de un mes, a decretazo limpio, el gobierno de Mauricio Macri hizo añicos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, echando por tierra el triunfo parlamentario del kirchnerismo del año 2009, en lo que llamaron “la madre de todas las batallas” contra el Grupo Clarín.

Macri firmó el DNU 267/15 donde se anunció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCOM) en el que modificó artículos centrales de la Ley 26522. Con ese decreto, el gobierno profundizó los cambios ya planteados en el anterior DNU (13/15) que había creado el Ministerio de Comunicación subordinando a su órbita a las autoridades regulatorias AFSCA y AFTIC. Con el posterior decreto es el Poder Ejecutivo Nacional el que toma el control, ya que el nuevo ente (ENaCOM) disuelve y unifica al AFSCA y el AFTIC con autoridades que depende exclusivamente del ejecutivo, ya que cuenta con un directorio nombrado directamente por Macri y tres miembros propuestos por el Congreso y que pueden ser removidos de forma directa por el PEN. Además, crea una Comisión para elaborar un proyecto de ley que reemplace la LSCA.
Lo más novedoso del decreto 267/15 es que habilita a que los grupos audiovisuales accedan al negocio de las telecomunicaciones y que posteriormente sean las telefónicas las puedan ofrecer servicios de cable. Uno de los problema que plantea para el propio gobierno esta regulación por decreto es una nueva judicialización “al revés” (diferente a la vivida durante el kirchnerismo y las sucesivas apelaciones y cautelares que tuvo la LSCA) que puede tener consecuencias inesperadas para Macri. Los dos grupos beneficiados por el macrismo, Clarín y Telefónica, no tardarán en exigir modificaciones, ya que los decretos pasan por alto el hecho de que es un mercado en constante crecimiento e innovación tecnológica y al día de hoy no contempla otros jugadores que atacan las estructuras de estos monopolios desde internet, como facebook, Google o Netflix, que utilizan los servicios pero no se ven obligados a invertir en infraestructura. Mientras tanto, los grandes perdedores son las cooperativas del interior que proveen servicios de cable y que fueron beneficiadas por la llamada “Ley Telefónica” de Cristina. En cuanto al llamado 3° sector, las organizaciones sin fines de lucro y medios alternativos, la cesión de licencias para operar está prácticamente paralizada.
En los hechos, que hoy la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sea un recuerdo es también responsabilidad del kirchnerismo. El gobierno de Cristina nunca dio una dura batalla contra los grandes monopolios de medios, como sí hizo en cierto sentido el chavismo en Venezuela, ya que muchas de las supuestas premisas de la ley nunca se cumplieron y gran parte de esa “batalla” se dio más en la tribuna de 678 que en la práctica. Si los K hubiesen avanzado realmente en garantizar la pluralidad de voces o en aplicar efectivamente normas antimonopolio, o en hacer efectivos los planes de adecuación, por más que Macri se pase la Ley por donde mejor le quede, hoy Clarín no tendría las unidades de negocio que tiene ni la extensión de licencias que goza gracias a su oportuno acuerdo con Néstor.
Juntarse en plazas a contener a los ex panelistas de 678 no va a solucionar ningún problema, ellos tampoco son los adalides de la democratización de la palabra, ni van a frenar el ajustazo de Macri. Sólo los trabajadores de los medios, como los del Grupo 23 (ver nota) son los garantes de la independencia de voces cuando se plantan frente a empresarios inescrupulosos, antes K, ahora uno vaya a saber qué, empresarios que no respetaron ni la propia ley de su (?) gobierno, ni fueron reguladas sus actividades por el mismo y hoy se encuentran en el pantanal en el que están. Con Ley o con decretos, sólo esos trabajadores, como también los que sostienen medios populares, los que día a día luchan por una comunicación más democrática y del pueblo van a transmitir las luchas (luchando también) que se den contra este gobierno ajustador y promonopólico.
Ignatius