Panorama de la realidad chaqueña

La llegada de Macri al gobierno nacional precipitó algunas condiciones que no se esperaban para el nuevo periodo de gobierno justicialista en Chaco. Si algo se comprueba en las primeras semanas de gobierno provincial de Domingo Peppo es lo endeble que se vuelve el discurso del desarrollo provincial al no contar con el volumen de fondos federales que beneficiaron a la provincia durante los gobiernos kirchneristas.

La plata no es la de antes. El gabinete chaqueño va y viene de Buenos Aires por anticipos coparticipables: “la provincia se sostiene con financiamiento de corto plazo del Estado Nacional. Mes a mes vamos tomando el anticipo para tener un cronograma de pagos (a empleados públicos) dentro de los primeros cinco días hábiles” explicaba el ministro de hacienda y finanzas Cristian Ocampo ante la incertidumbre que despertó la falta del anuncio del mencionado cronograma a principios de enero
Son 400 millones de pesos mensuales suficientes -por ahora - para cumplir con toda la masa de sueldos de estatales activos y pasivos, que consume el 98% de ese giro, cuota provincial que sale del reparto de la recaudación impositiva nacional
El pago de planes sociales no tuvo interrupción. El grueso de la política social tiene financiamiento federal de los programas Asignación Universal por Hijo, Progresar, Argentina Trabaja, Ellas Hacen, subsidio al gas y tarjetas alimentarias, continuidad que el gobierno macrista aseguró por seis meses. Sumado a los planes que paga la provincia resulta una cifra importante de personas que dependen del sostén público para subsistir (aproximadamente 700 mil ayudas).
Pero el sector más afectado por el freno de giros de fondos nacionales es el de la construcción. Obras de viviendas, escuelas y rutas están paralizadas desde hace tres meses generándose una deuda del Estado con las empresas constructoras por arriba de los mil millones de pesos.
Mientras que el Gasoducto del NEA es el único desarrollo público de envergadura que continúa, obra en manos de una compañía que pertenece al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, la ejecución del 35% final del Segundo Acueducto del Interior depende de 500 millones de pesos que el tesoro nacional debe destinar y 47 millones de financiamiento internacional. Hasta el momento se desconoce la fecha de reinicio de obra, ya que no se hace efectiva la transferencia por lo que las contratistas no piensan retomar los trabajos.
Los recursos coparticipables destinados en enero fueron 2122 millones de pesos, que en relación con los del mismo mes del año pasado, tuvieron un crecimiento del 46%. Por el fondo sojero se destinaron 67 millones de pesos, que también registró un crecimiento en comparación con enero de 2015. A estos recursos habría que sumar los de la recaudación provincial, que igual lejos están de dar un salto cuantitativo camino a la autonomía financiera. De todas maneras el gobierno no solo responde al pago de salarios, también transfiere recursos a los municipios, la obra social INSSSEP, las empresas de energía eléctrica Secheep y de agua potable y saneamiento ambiental Sameep, organismos deficitarios y por ello prioritarios entre muchos otros.

La crisis la paga el laburante

El cese de la obra pública ya produjo 11 mil despidos. La delegación chaqueña de la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA sostienen que de 14. 500 obreros registrados en el Chaco, solo unos 3 mil son ocupados por privados. Se señala que son aquellos trabajadores conveniados con las empresas constructoras, pero se cree que quienes quedaron sin empleo pueden ser más, si se incluyen a obreros cooperativistas. El ministro de gobierno Bergia informó que existen más 500 cooperativas de construcción, que emplean alrededor de 8 mil personas. Todas esperan el envío de fondos de Nación para continuar. El sector cree que la paralización llegará hasta agosto y pide un salvataje al gobierno calculado sobre alguna partida presupuestaria y el endeudamiento internacional que inicie la provincia para remontar la actividad, donde la obra pública representa un 80%
Pero los avances para que la crisis recaiga sobre trabajadores no terminan ahí:
Con el decreto 58/ 2016 que evaluará el impacto sobre la caja provincial de jornalizados, pases a planta, bonificaciones y promociones de personal, que fueran decididos desde septiembre a diciembre de 2015. son 4210 personas afectadas, que según UPCP si se llega a dejar sin efecto esas decisiones, en Salud Pública se avanzaría sobre bonificaciones de insalubridad y horas trabajadas. Adicionales que fueron reclamados durante mucho tiempo por el sindicato
La quita del subsidio estatal o tarifa eléctrica diferenciada que tenía Chaco con Cammesa, la deuda con esta compañía, que administra el mercado mayorista eléctrico y el déficit que tiene Secheep se dieron como justificativos para aplicarse dos aumento en lo que va del año con vistas a uno más. Las facturas de luz en marzo vendrán con un aumento de más del 100%, partiendo que el consumo promedio valdrá hasta el doble (cerca de los $ 500)
El sistema de salud atraviesa uno de sus peores momentos. La falta de medicamentos, ambulancias, médicos y condiciones adecuadas de atención fuerzan renuncias de directores de hospitales en el interior, al tiempo que obstruye el funcionamiento de áreas como la Guardia, Laboratorio y Mantenimiento del el principal nosocomio de la provincia. El desfinanciamiento es alto al punto que no cuentan con aires acondicionados para la atención en áreas como la Emergencia o Gastronterología del Hospital Perrando y es el personal agremiado o los familiares de pacientes quienes compran aires acondicionados y ventiladores.
Una política para nada redistributiva y de sesgo centralista con los recursos federales, de gobiernos nacionales en los últimos 25 años de la que gobiernos provinciales no contradijeron por más que coincidiesen en signo político, como también el manejo oscuro y de entrega de grandes volúmenes de recursos, cimentaron el atraso económico y social actual. A estos gobiernos le corresponde la condena por haber desfondado empresas del estado y tirar abajo derechos como la salud y educación pública, de no priorizar las obras más necesarias como el acueducto que resolvería el problema del agua potable en el interior.
El gobernador Peppo con la ecuación de que la gobernabilidad nacional en gran medida se apoya en la gobernabilidad de las provincias congeniará una hábil asociación con el gobierno macrista. Pues necesitará fondos para los próximos cuatro años, eso no quiere decir que vaya a solucionar con ello las demandas de los trabajadores sino a cambio del control del aparato del Estado mantener una política contraria de profundización de las desigualdades.
Cada vez se nubla más el cielo para los trabajadores que deberán buscar cual es la herramienta de lucha más eficaz para enfrentar a los gobiernos. No alcanzará con negociaciones “cada uno por su lado” sino que se tendrá que optar por la unidad de los sectores combativos, que desde las bases conduzcan al conjunto de los trabajadores a la movilización popular en las calles como la respuesta más efectiva a lo que se viene.

Sergio Fontana