Guernica: crónica y enseñanza de una lucha

El jueves 29 de octubre, el gobierno provincial de Axel Kicillof, junto a su ministro de Seguridad Sergio Berni, decidió desalojar a las 1400 familias que se asentaban en un terreno de más de 90 hectáreas en la ciudad de Guernica, municipio de Presidente Perón.

Este proceso de recuperación de tierras comenzó el 20 julio y fue el método que encontraron miles de familias para hacer frente a la crisis habitacional que se extiende a lo largo y a lo ancho del país. Transformando la necesidad en rebeldía, tomaron con sus propias manos lo que este sistema injusto les niega para avanzar en resolver el hacinamiento, la posibilidad de un techo propio, la huida de la violencia machista. Un pedazo de tierra para construir sus casas y reconstruir sus sueños.

La crisis habitacional, el hacinamiento y la falta de vivienda digna son la consecuencia de un proyecto de país en donde la tierra la acaparan los pooles de siembra y los mega proyectos inmobiliarios, así como también súper millonarios locales y extranjeros. La situación de desocupación creciente acelerada por la pandemia profundizó esta crisis. Con el avance de la frontera sojera, que no significó más trabajo, la población rural migra hacia el primer, segundo o tercer cordón de los grandes conglomerados urbanos en busca de subsistir. La construcción de viviendas no está planificada según las necesidades de la población, sino que está basada en las ganancias de unos pocos. Y si bien existen leyes y decretos que instan a los estados nacionales y provinciales a garantizar el acceso a la vivienda digna, se ve que para ellos los derechos sociales no están a la altura de la intocable propiedad privada.

Como este sistema no garantiza el acceso a la vivienda y la gente en algún lado tiene que vivir, las tomas de tierras han sucedido históricamente en este país. El ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) creado por ley 27.453 del 2018, tiene registrados alrededor de 4.400 "barrios populares", asentamientos precarios, en todo el territorio nacional. Estas barriadas comenzaron como tomas de tierras y luego de un largo proceso de lucha y organización popular, se consolidaron como barrios "reconocidos". Esto sirvió para que no sean desalojados, pero las obras de urbanización (calles, alumbramiento, limpieza, etc) y de acceso a servicios básicos (agua, luz, internet) mayormente no son garantizadas por el Estado. Esto redunda en incendios por sobrecarga de los cables, cortes de luz, incendios y enfermedades prevenibles si se tuviera mejor tratamiento de los desechos y en el caso de la pandemia por el Covid-19, quedó claro qué pasa con la falta de acceso al agua.

La recuperación de tierras en Guernica fue distintiva por su extensión (90ha) y por la cantidad de familias que la protagonizaron, alrededor de 2500. La primer respuesta del gobierno municipal, con Blanca Cantero a la cabeza (PJ - FR), fue amedrentamiento policial y un censo trucho, que utilizaron para armar causas a las personas que lo respondieron. 40 días después del inicio de la toma, el gobierno provincial con un equipo de funcionarios provinciales, encabezado por el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la comunidad de la provincia de Buenos Aires, empieza a intervenir en terreno.

Mientras tanto la organización de las familias iba creciendo y fortaleciendo. Con el apoyo y acompañamiento de las organizaciones se realizaron asambleas generales y se eligieron delegados de cada uno de los cuatro barrios. La solidaridad también se hizo sentir y las ollas populares se multiplicaron con el aporte de cada vecino y vecina. En la medida en que "la toma de Guernica" crecía en su repercusión, más organizaciones, militantes, personalidades del arte y al cultura, y los propios vecinos del municipio, se acercaron a llevar su apoyo y solidaridad. Las caravanas con donaciones y los centros de acopio en los más disímiles lugares, dan cuenta de un pueblo solidario que no dudó en movilizarse para apoyar a las familias que lo necesitaban. Al mismo tiempo, trabajadores y trabajadoras de la salud pusieron sus conocimientos al servicio de la población, organizando postas sanitarias para el escenario de un desalojo y relevamiento de la población para apoyar lo que las asambleas iban resolviendo. Así se conformó la Comisión de Salud de la toma de Guernica, ejemplo de poner la salud al servicio del pueblo.

El gobierno provincial combinó el diálogo con la represión. A las declaraciones que demonizaban a los "usurpadores" le siguieron distintas acciones de hostigamiento. Por otro lado Larroque, con su perfil “dialoguista”, instalaba carpas del Ministerio de Desarrollo, acompañados por el Ministerio de la Mujer. Con la realización del segundo censo oficial, empezaron los llamados a las familias. El ofrecimiento era un subsidio habitacional por tres meses y/o la entrega de materiales para aquellos que tuvieran un lugar para construir (generalmente en la casa de un familiar, o sea más hacinamiento). No hay precisiones al día de hoy sobre cuántas familias aceptaron esta propuesta. Lo que sí es claro, es que este tipo de asistencia, focalizada en la emergencia, nunca resuelve ni resolverá el problema que motivó la toma: el acceso a la vivienda. Solo es patear la pelota para adelante.

Luego de esta etapa, el gobierno lanzó una ofensiva mediática muy fuerte. El planteo era que con el ofrecimiento anterior 700 familias habían aceptado irse del lugar y que para ellos quedaban solo 200. En la mesa de diálogo se pactó la realización de un nuevo censo con veedores de organismos de derechos humanos (CELS, SERPAJ) que relevó 1400 familias. El gobierno desconoció los resultados con cinismo.

El desalojo fue dictado por el juez Martín Rizzo a instancias del fiscal Condomí Alcorta. Ambos responden directamente a la intendenta Cantero. Pero la usurpación de un terreno que no se encuentra habitado y no está enrejado no configura delito alguno. Más allá de esto la primera plana del gobierno nacional y provincial hicieron declaraciones, imputando como delito tal accionar y haciendo que intervenga la justicia en un tema que debe intervenir el ejecutivo. Los sucesivos aplazos de concretar la orden se explican por el desconcierto del gobierno provincial al comienzo de la toma. Además del destacado trabajo de la Gremial de Abogados y Abogadas, la fortaleza de la organización y la movilización, así como una serie de internas hacia arriba que tenían arrinconado al gobierno, fueron determinantes para que no avanzarán con el desalojo express como primer medida.

La última acta acuerdo -bautizada plan "refugiados"- consistía en trasladar a otros terrenos de transición a unas 200 familias, en carpas, esperando por una solución definitiva en 4 o 6 meses, al mismo tiempo ponía a disposición algunos dispositivos (paradores, clubes) para que un número menor de familias puedan pernoctar. La propuesta no alcanzaba al conjunto de las familias pero había una supuesta voluntad por parte del gobierno de seguir dialogando para trabajar en nuevas reubicaciones con el correr del tiempo.

El movimiento de lucha debatía en reuniones y asambleas la próxima jugada, mientras Berni movilizaba tropa y preparaba 4.000 efectivos para avanzar sobre el predio. Varias personas eligieron no creer en las promesas pero la mayoría votó firmar el acta, a condición de que al empezar las relocalizaciones, se continúe con la mesa de diálogo y no se desalojara al resto, para que la solución fuera para las 1400 familias censadas.

Este fue el punto que el gobierno no estuvo dispuesto a conceder, dejando en claro que ya habían tomado la decisión de reprimir. Es de destacar que las familias a quienes les habían ofrecido el traslado, ante la negativa del gobierno de continuar las negociaciones, votó quedarse peleando. 

El gobierno desgastó y dividió, calculó el costo político y decidió pagarlo. El desalojo fue decisión política del gobierno provincial que un día antes de que se cumpla el plazo puesto por el juez, presionado por los intendentes del Conurbano y los reyes del negocio inmobiliario, dejó familias en la calle, para construir canchas de golf y barrios privados. No parece casualidad que, al mismo tiempo que se barajaba la represión en Guernica, bajaba el dólar y se reunían con el “círculo rojo”, recuperando cierta estabilidad.

Guernica puso el problema de la toma de tierras en primera plana. Instaló la discusión del derecho a la vivienda y desnudó los intereses de quienes le contrapusieron el respeto a la propiedad privada, desluciendo aún más al progresismo flojo de papeles de los gobiernos nacional y provincial. En un contexto de ataque a las condiciones de vida de las masas -especialmente las más empobrecidas- marcó un rumbo para la pelea popular. La dificultad que tuvo el gobierno para lograr el desalojo dan cuenta de que, si bien la pandemia debilitó la lucha del pueblo, no logró doblegarla.

Yendo a lo interno, la organización en base a un cuerpo de delegados y asambleas logró mantener la cohesión frente al desgaste lógico de una lucha tan larga: en ese sentido, Guernica planteó un modelo. Queda por repasar hasta qué punto la orientación política estuvo a la altura de la pelea que se terminó dando, ya que los próximos conflictos serán sin duda más duros. Queda en el debe también, una línea más firme para que sea la propia vanguardia natural la que le ponga límites a los planteos sectarios que debilitan el proceso.

Uno de los saldos positivos pasa por la experiencia vivida en tantas familias, militantes y nuevos activistas que se suman al torrente de luchas. Muchos desencantados con el gobierno que ven cómo esas expectativas puestas en una urna las quemó la policía junto con sus pertenencias. La lucha por vivienda digna sigue vigente y hay que hacer esfuerzos por confluir por una respuesta concreta frente a esta necesidad. Hoy muchas familias volvieron a estar en situación de calle, otras están en casas amigas, rebotando de lugar en lugar, y otros están en paradores. En las asambleas y reuniones con vecinos y vecinas realizadas después del desalojo, se constata la voluntad de continuar con la lucha ya que la necesidad es grande y los palos y gases han generado más bronca que miedo. 

Es imprescindible para encarar esta nueva etapa recuperar lo mejor de lo hecho hasta ahora. La confluencia entre familias y organizaciones, con el centro puesto en resolver la necesidad de vivienda. Buscando espacios de unidad y debate fraterno, en las asambleas y las comisiones. Con cortes de ruta, ollas populares y acampes, preparándonos para las confrontaciones que se vienen.

Victor Pucará