Palmada en la espalda y más ajuste

El viernes 10/12 el FMI publicó un comunicado donde se muestra optimista sobre un acuerdo con Argentina, pero señalando la necesidad de una política económica más agresiva, en sintonía con las exigencias clásicas del organismo. El empresariado y los capitales financieros reclaman un acuerdo urgente y a cualquier costo. Para los sectores populares, acordar ahora o en marzo es lo mismo: significa ajuste por todos lados. El camino hacia un default soberano y un plan económico basado en el no pago de la deuda.
El escenario es inestable y se complica con el paso del tiempo, porque los capitales financieros ven en marzo el plazo límite para la aprobación y firma del acuerdo, pues en ese mes Argentina debería pagar U$S 3.590 millones al FMI, conforme el cronograma acordado entre el organismo y Mauricio Macri. Para esa fecha, los dólares obtenidos con los Derechos Especiales de Giro (DEG) se habrán agotado tras los pagos de intereses de diciembre (U$S 1.900 millones) y enero (U$S 730 millones), y el resto de 2023 tiene vencimientos de capitales e intereses sencillamente impagables, dada la precaria situación financiera del país. Con ese apuro encima, la misión de funcionarios argentinos en Washington mostró al FMI la recuperación de los indicadores económicos, fundamentalmente el nivel de actividad y el valor de las exportaciones, y el “ahorro fiscal” ejecutado por el ministro de Economía Martín Guzmán, un eufemismo para hablar de ajuste.
Sin embargo, el FMI exige una política económica más ortodoxa y agresiva, conforme a unas exigencias que repite en todos los países donde hay una crisis de deuda, sin importar que la responsabilidad del endeudamiento recaiga principalmente sobre el propio FMI. El combo económico reclamado por el organismo es una disminución más acelerada del déficit fiscal (reducir los gastos del Estado, entre ellos jubilaciones, planes sociales, subsidios a los servicios y salarios estatales), establecer una tasa de interés real positiva (que hoy es inferior a la tasa inflacionaria) y corregir la inflación. Además, en el terreno político exige un compromiso de pago de todos los bloques políticos y sociales: el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), pero también empresarios, sindicalistas y movimientos sociales, para intentar evitar futuras oposiciones o resistencias al acuerdo. Un “gran acuerdo”… antinacional.
En ese tren, el gobierno nacional viene articulando las negociaciones con todos los sectores que debe “abrochar” para dicha tarea, mientras tiende a alinearse con los EEUU en la arena internacional, dada la importancia de dicho país en el directorio del FMI y en la firma de un eventual acuerdo. En términos económicos, el camino hacia un acuerdo fue pavimentado por el ajuste fiscal ejecutado por el gobierno en 2021, el Presupuesto 2022 y el reciente anuncio de la presentación de un Plan Plurianual ante el Congreso, que establece las principales directrices de la política económica de los próximos años.
El contenido de dicho Plan Plurianual aún es una incógnita, pero para entenderlo no hace falta leerlo sino interpretar las palabras del propio Alberto, cuando señaló que tendrá los rasgos fundamentales del acuerdo con el FMI. Vale decir, un adelanto del plan de ajuste que el organismo exige, con el objetivo de reservar los dólares para el pago de la deuda con el propio Fondo y aquella contraída con los bonistas privados (fondos de inversión, etc.). El FMI quiere no solamente conocer el sendero de la política económica argentina como requisito para la aprobación de un acuerdo de refinanciación de la deuda, sino que presiona al gobierno para que exhiba públicamente ese plan (una manera de comprometerse con el ajuste) y lo acuerde con la oposición y el empresariado local, que seguramente vea reflejadas allí algunas de sus demandas.
En ese sentido, el desafío para el gobierno no viene de arriba, ni de afuera, ni de la derecha, terrenos donde negocia con quienes desean el pago de la deuda. El asunto es por abajo: el plan del FMI supone un enorme ajuste sobre las ya pésimas condiciones de vida de los sectores populares, en un contexto donde la lucha popular asoma con un fuerte potencial y el FdT ha perdido un enorme caudal de votos y apoyo político entre la población.
La movilización del sábado 11/12 a la Plaza de Mayo -de la cual participamos en la columna de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda- volcó en la calle el rechazo al acuerdo con el FMI de un importante arco de organizaciones populares. La movilización tuvo la ventaja de unificar sectores que vienen protagonizando diversas luchas y concentrar el golpe contra el Fondo, pero al mismo tiempo tuvo un fuerte límite: al no extender el llamamiento por fuera de las organizaciones de izquierda, se pierde la oportunidad de ampliar la lucha contra la deuda, que objetivamente comprende a sectores sociales, sindicales, políticos y de los derechos humanos con cierta afinidad hacia el Frente de Todos que repudian y se movilizan contra un acuerdo para el pago de una estafa montada por el macrismo. El objetivo de la pelea debe ser derrotar el plan económico de ajuste y la firma de un acuerdo para pagar una deuda ilegítima e ilegal, y no la delimitación de los campos políticos y electorales. En todo caso, ello será consecuencia del resultado de la lucha, un balance que cada cual deberá sacar, pero no se puede poner el carro delante del caballo. En ese sentido, la estrategia correcta es forjar la fuerza social con la capacidad y voluntad política de salir a las calles y enfrentar al FMI, lo cual necesariamente supone ir más allá de la izquierda y tender lazos con otros sectores que, caso contrario, se quedarán “criticando desde adentro” en el corsé del FdT.
En esa dirección viene trabajando la Autoconvocatoria, que además de haber estado presente el sábado 12, en los últimos 2 años viene organizando decenas de movilizaciones y un Juicio Popular a la deuda y el FMI reclamando desconocer la estafa de la deuda, contraída por Macri con el objetivo de financiar la bicicleta financiera y la fuga de capitales. En lo que resta de diciembre es urgente montar un plan de lucha contra la firma del acuerdo, concentrado en fechas clave como las presentaciones en el Congreso del Presupuesto 2022 y del Plan, y el pago al FMI de U$S 1.900 millones, eventos vinculados al problema de la deuda.
Sobre esta base, sostenemos que otro camino es posible y necesario: suspender el pago de la deuda y terminar de investigar su carácter ilegal y odioso y avanzar en un programa inmediato para estatizar el sistema bancario, nacionalizar el comercio exterior y los recursos estratégicos, reorganizando la economía nacional en función del bienestar social y popular.

David Paz