Nuevo golpe a las juventudes

El 12 de febrero la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo “régimen penal juvenil”, proyecto cuyo centro es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Impulsada por Patricia Bullrich, la iniciativa cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios. Los diputados del Frente Renovador tomaron distancia en el discurso, pero validaron la baja de la edad de punibilidad. Según dejaron trascender, buscaron “respetar la posición histórica del espacio”, que ya en 2015 había presentado un proyecto de Código Penal fijando el límite en los 14 años.
El oficialismo generó las condiciones políticas apoyándose en un crimen sucedido en la ciudad de Santa Fe para presentar el proyecto durante las sesiones extraordinarias y avanzar sobre un objetivo que persiguen desde hace tiempo. No se trata de combatir el delito, sino de golpear a las juventudes. No les interesa que haya menos violencia; les interesa contar con respaldo legal para profundizar su pata represiva. No es casual que la ex ministra de “seguridad” sea la principal impulsora de esta iniciativa.
Ahora resta que el proyecto pase por la Cámara de Senadores. Aunque algunos gobernadores solicitaron precisiones sobre cómo se garantizaría su aplicación en términos presupuestarios -punto que finalmente fue agregado al texto-, queda claro en lo que va de gobierno libertario, que no existe ningún interés real en cumplir la ley cuando esta va en contra de sus objetivos políticos. Algo similar ocurre con la ley de emergencia en discapacidad o con el financiamiento universitario.
Por eso, aunque en los papeles se afirme que los menores no serán alojados en cárceles comunes junto a adultos y que el personal estará capacitado para trabajar con jóvenes, la experiencia demuestra que eso no sucede en los hechos. Esta política solo profundiza el aislamiento y la vulnerabilidad de una parte de nuestra juventud, la que vive en mayores niveles de pobreza y pauperización de sus condiciones de existencia.

La “solución” a un problema que no es real

Los delitos cometidos por menores de 16 años son estadísticamente irrelevantes en las categorías más graves. Por ejemplo, solo el 0,6 % de los homicidios registrados en Argentina durante 2024 fueron cometidos por niños y adolescentes de entre 10 y 15 años.
La propuesta se vende como una respuesta mágica al crimen, al robo y a la violencia, como si encarcelar más temprano fuera sinónimo de vivir mejor. Sin embargo, los propios datos desmontan el relato oficial: no hay una epidemia delictiva juvenil ni aval estadístico alguno para el endurecimiento penal. Lo que sí hay es una decisión política de construir un enemigo fácil.
La baja de la edad de imputabilidad no representa un avance en términos de seguridad: es la legalización de una práctica que ya viene ocurriendo. No inaugura nada nuevo, solo ordena jurídicamente una violencia institucional que desde hace años se ejerce sobre los sectores más vulnerables.
El horizonte es claro: castigar, encerrar, aislar. Apostar a que el orden se construye a fuerza de rejas. Pero encerrar a un menor no es neutral: implica colocarlo en un espacio de socialización atravesado por la lógica del delito, renunciando a la reeducación y optando por terminar de formar sujetos dentro de una cultura criminal.
La baja de la edad de imputabilidad no busca resolver la violencia: busca administrarla políticamente. Construir consenso desde el miedo. Mostrar firmeza donde hay abandono. Y, una vez más, descargar el peso del fracaso estatal sobre los cuerpos de los más jóvenes y de los más pobres.
Desde hace tiempo venimos acompañando actividades que ponen en debate este proyecto de ley y que demuestran, con datos concretos, que no es el camino para reducir el delito. También evidencian qué sucede con esos chicos que entran en contacto con el sistema carcelario: lejos de reinsertarse, profundizan sus vínculos con la delincuencia y el narcotráfico.
La salida no la tiene este gobierno, que propone mayor precarización laboral y un deterioro creciente de la salud y la educación públicas. La salida está en construir una juventud organizada, que luche por un futuro mejor. El PRML apuesta a organizar una juventud rebelde, combativa y revolucionaria.

Alexander Kant