Milei-Caputo y el FMI - Una interna en el tren del ajuste

El gobierno avanza de facto en su plan de ajuste macroeconómico -con un fuerte impacto en la economía real- con el doble objetivo de cumplir las metas del acuerdo con el FMI y allanar el camino a un programa económico neoliberal de mediano y largo plazo, para lo cual se apoya en la aprobación de un nuevo marco normativo e impositivo -la Ley Bases y su paquete fiscal-. En ese tren, el FMI apoya el rumbo del programa económico pero presiona para establecer condiciones a la segunda etapa de gobierno, cuyos lineamientos fueron anunciados por el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Por obra del ajuste que lleva adelante desde su asunción, el gobierno de Javier Milei y su ministro Caputo cumple con soltura las metas del acuerdo con el FMI.

Por un lado, superávit fiscal primario (0,7% del PBI) y financiero (0,2% del PBI) gracias a los enormes recortes en obra pública, jubilaciones y transferencias a las provincias. Segundo, acumulación de reservas por USD 6.000 millones (se llegó a USD 9.000 M), gracias a la devaluación de diciembre (118%), la recesión económica y la postergación del pago de importaciones. Finalmente, el financiamiento monetario del BCRA al Tesoro, que debía ser llevado a cero, meta también sobrecumplida (-$2,1 billones).

A cambio de la última revisión de las metas del acuerdo, el gobierno recibió USD 800 millones y lo festejó como un gol, cuando se trata de fondos destinados a pagar al propio organismo el vencimiento de julio por USD 645 millones, la octava cuota del acuerdo firmado por Alberto Fernández (2022) para refinanciar el préstamo original de Mauricio Macri (2018). Asimismo, durante agosto y noviembre se realizarán las últimas revisiones del FMI y, de ser aprobadas, los desembolsos correspondientes para el pago de los vencimientos (UES 695 M y USD 684 M). De ahí en más, por los próximos dos años no habrá más desembolsos del FMI ni vencimientos de deuda, hasta que en septiembre de 2026 el país comience a pagar los vencimientos del segundo acuerdo, en 12 cuotas semestrales (2026 - 2032). 

Aquel será un momento clave, pues Argentina ya no contará con la asistencia o refinanciamiento del propio FMI: son pagos netos que deberán ser abonados con las reservas del Banco Central. Asimismo, la deuda con los bonistas privados (bancos, fondos de inversión, etc.), reestructurada por Alberto Fernández y Martín Guzmán en 2020, supone importantes pagos por la siguiente década. En total, la deuda bruta del Estado tiene un perfil de vencimientos tal que, entre 2025 y 2036, el país pagará un promedio de casi USD 26.000 millones anuales (VisiónCampo, 8/5). Si para ese entonces la economía no es capaz de generar suficientes dólares, lo cual es un escenario bastante probable, se entraría en default. El gobierno apuesta un pleno a una dudosa lluvia de inversiones tras el levantamiento del cepo (que ya le salió mal a Mauricio Macri), un boom exportador con buenos precios internacionales tras la implementación del RIGI (aunque el régimen permite la libre disponibilidad de divisas para remitir al exterior en tan solo tres años) y el retorno de Argentina al mercado voluntario de crédito internacional, para poder endeudarse hasta la manija, el sueño de Caputo. En otras palabras, de no mediar una ruptura política y un plan económico alternativo, la siguiente década nos encontrará con un ajuste brutal sobre las condiciones de vida del pueblo con el objetivo de pagar la deuda externa. 

Volviendo al presente, el FMI parece haber despejado algunas de sus dudas iniciales sobre la dupla Milei-Caputo y se va subiendo al plan económico del gobierno. A partir de ahí, el organismo plantea sus reparos acerca de un sendero de ajuste que juzga desordenado, escasamente planificado y poco sostenible. Hay que observar esa “grieta” con atención, porque tendrá fuerte influencia en las decisiones económicas y políticas de la administración libertaria, así como en el comportamiento de las autoridades del Fondo. 

En primer lugar, el FMI ha dejado en claro que no hay margen para un proceso de dolarización, objetivo que Milei sostiene en sus discursos y en su propuesta de largo plazo, aunque no tanto en el sendero económico que efectivamente recorre. La propuesta que “acepta” el FMI es un régimen de competencia de monedas donde las divisas extranjeras circulen libremente y puedan ser utilizadas para transacciones y ahorro, pero no como tránsito hacia una dolarización sino como parte de un plan de estabilización “clásico” de ajuste fiscal y monetario, banco central independiente (léase, que no financie al Tesoro) y tipo de cambio flotante (Ámbito, 21/6). 

En segundo lugar, el organismo tiene dudas -bien fundadas- sobre lo insostenible de una tasa de devaluación del 2% mensual (“crawling peg”), cuando la inflación supera con creces ese ritmo. Ese fenómeno supone una apreciación constante del peso frente al dólar de tal magnitud que ya se comió buena parte de los efectos de la devaluación de diciembre (mejora de la competitividad internacional, desincentivo a las importaciones, incentivo a las exportaciones). De hecho, el coeficiente denominado “tipo de cambio real multilateral”, que mide el tipo de cambio despejando la inflación, durante junio ya estuvo por debajo del promedio de 2023 (es decir, hoy el dólar está “barato”) e incluso perforó el límite que el FMI le permitió a Sergio Massa antes de exigirle una devaluación. Un segundo síntoma de ello es que la cosecha gruesa de soja (mayo - junio) tiene un ritmo de liquidación inferior a los años anteriores y al esperado por el gobierno, pues a los productores no les resulta atractivo vender, incluso con el “dólar blend” (80% oficial y 20% CCL) en torno a $1.000. 

El temor del FMI es que la apreciación del peso desacelere o estanque el proceso de acumulación de reservas, uno de los objetivos fundamentales de su programa económico -sin reservas no hay devolución del préstamo, levantamiento del cepo ni reducción sostenida de la inflación. El organismo insiste en que el tipo de cambio (la relación peso-dólar) es una variable cuya administración tiene un solo objetivo: acumular reservas, y no debe usarse para contener la inflación -como hace el gobierno. Por eso reclama, por ahora sin declaraciones públicas, una nueva devaluación y la eliminación del dólar blend, al cual consideran una distorsión de mercado. El FMI lo hace considerando que en el segundo semestre habrá fuertes pagos de importaciones y seguramente un leve rebote de la actividad económica, factores que incrementan la demanda de divisas en un contexto de disminución en las exportaciones -por el fin de la cosecha gruesa. 

Ahora bien, existe un debate respecto a la magnitud de la devaluación, que depende de la metodología de cálculo utilizada, pero diversos analistas estiman que el dólar oficial debería ubicarse en torno a los $1.300, el valor actual de los dólares financieros (Ámbito, 23/6). Por ahora, el gobierno se niega a devaluar de manera brusca o a aumentar el ritmo del crawling peg más allá del 2%, por temor a que impacte sobre el proceso desinflacionario y, consecuentemente, se reduzca el apoyo político que una parte de la población continúa teniendo respecto a su plan económico. Asimismo, Caputo afirmó la continuidad del dólar blend: sin esa herramienta de liquidación de la soja, el gobierno se vería obligado a devaluar el dólar oficial para impedir la retención de la cosecha por parte de los productores. 

Una tercera diferencia, esta vez entre Caputo y Milei, versa sobre la necesidad de un préstamo del FMI para levantar el cepo. El presidente, más apurado, afirma que no es necesario un préstamo del FMI, sino que alcanzaría con suspender la emisión de pesos, siendo condición suficiente el saneamiento de la deuda del Banco Central (que obliga a emitir para costear los intereses de los llamados “pasivos remunerados” de la entidad) y el vencimiento de los bonos del Tesoro que tienen “put”, una opción para el tenedor del bono de canjear su título antes del plazo previsto -obligando al gobierno a emitir pesos. El ministro de Economía, en cambio, es más realista y prefiere tener un colchón de reservas en dólares al momento de abrir el cepo (entre USD 10.000 y USD 15.000 millones), con el objetivo de evitar una corrida cambiaria. Por esta razón el oficialismo no le puso fecha a la salida del cepo ni hay señales de una negociación con el FMI por aquel préstamo.

Lo anterior se asocia con otra demanda del organismo: un programa económico de ajuste, pero estable y sostenible en términos políticos, económicos y sociales. Por un lado, la oposición debe prestar cierto grado de acuerdo con los lineamientos económicos del gobierno, traducidos en un apoyo con votos en el Congreso (como fue el caso de la Ley Bases) y en el visto bueno de las cámaras empresariales. De hecho, la última revisión y desembolso fueron postergados hasta después de la aprobación del proyecto en el Senado. Segundo, el FMI pide un ajuste “de calidad” y con el mayor sustento legal posible, evitando apoyarse en la licuación de gastos públicos y stocks de deuda, el aumento de impuestos, la postergación de pagos y todo tipo de “trucos” que impidan la consolidación del ajuste a largo plazo, a los que Milei y Caputo recurrieron en sus primeros meses de gobierno. En ese tren, el FMI apura la quita de subsidios públicos a la energía y el transporte, que el gobierno posterga por la impopularidad de la medida y su efecto sobre la inflación. Finalmente, el organismo maquilla el carácter de clase del programa reclamando que se eviten el recorte de jubilaciones y planes sociales, con el objetivo de blindar el ajuste contra la resistencia social, aunque acepta como argumentos válidos los números tendenciosos del gobierno respecto al incremento de políticas sociales como la AUH (fue financiada con recortes en el Potenciar Trabajo) o los haberes jubilatorios, que recién empataron la inflación en junio y no recuperaron la masa de riqueza que perdieron desde diciembre del año pasado. 

Finalmente, la aprobación de la Ley Bases abre la discusión sobre una “segunda etapa” del gobierno, tras un período inicial donde el ajuste de facto y las reformas por decreto sirvieron para establecer las bases macroeconómicas, legales e impositivas para el lanzamiento de un programa neoliberal de largo plazo.

En conferencia de prensa, Caputo y Bausili anunciaron las características de la política económica de esa segunda etapa, cerrada en la política monetaria: emisión creo, saneamiento de la deuda del BCRA y tasa de interés positiva. Los pasivos del Banco Central serán transferidos al Tesoro (o sea, al gobierno) y cubiertos con superávit fiscal, vale decir, habrás más ajuste del gasto y la inversión pública (salarios, jubilaciones, planes sociales, obra pública).

Un anuncio bastante flaco, en tanto el reclamo del empresariado y el nudo principal del asunto es la liberación del cepo. Al respecto, ese desafío queda para una hipotética tercera etapa, con fecha indefinida. Por ello no hay devaluación a la vista ni negociación con el FMI por un nuevo préstamo para sostener una salida inmediata. O bien el gobierno tanteó al organismo y no encontró respuestas positivas, o se impuso el punto de vista de Milei, quien consideraba que un cambio de la política monetaria es suficiente para encarar el levantamiento del cepo.

El esquema de etapas y la transición de una a otra etapa no es un camino de rosas y tiene su correlato político: Caputo comenzó como “piloto de tormentas” pero ahora Sturzenegger -favorito del FMI- calienta para entrar, por ahora sin un rol definido. La indefinición y la rosca al respecto es un reflejo de que no está cerrado el debate respecto a cuáles serán el programa, el régimen y el plan económico para el resto del mandato. No obstante, es esperable que la segunda etapa sea mejor consensuada con el FMI, pues todo indica que la liberación del cepo depende de un nuevo préstamo del organismo, que solo vendrá bajo el cumplimiento de sus lineamientos económicos (Clarín, 22/6).

En definitiva, el tándem compuesto por el gobierno, el FMI y el empresariado, con sus tensiones y diferencias, componen el núcleo de poder que organiza la economía nacional en función de la transferencia regresiva de la riqueza, el pago de la deuda externa y la desregulación de la economía en favor del capital. La resistencia de la clase obrera y los sectores populares contra el plan de guerra de la gran burguesía es un deber no solamente con nuestro propio bienestar, sino con el futuro del país.

David Paz