Los 18 meses

El efecto del triunfo en las elecciones legislativas duró poco. El modelo económico está chocando nuevamente contra sus propios límites y, a diferencia de los primeros dos años de mandato, la paciencia social parece agotarse.  Así es que rápidamente se abrió una etapa donde el gobierno no controla ni los acontecimientos ni la agenda pública. 
Acorralado entre el incremento de la inflación, la caída de los ingresos y los escándalos de corrupción en su gabinete, el oficialismo decidió enfrentar los nubarrones con un recurso habitual: ignorar lo que sucede y afirmar lo contrario de manera exagerada. Así surge un desgarramiento entre la realidad, la percepción de las mayorías y las declaraciones oficiales. Vamos por partes.

Inflación
La inflación sigue su curso ascendente y lleva 10 meses acelerando: el acumulado del primer trimestre (9,6%) ya alcanzó a la proyección anual del gobierno (10%) y no parece que vaya a “empezar con cero en agosto”, como afirmó Milei en diciembre. La medición de marzo (publicada a mediados de abril) dio 3,4% y la inflación núcleo, aquella que excluye precios regulados y estacionales, arrojó un 3,2%. 
La aceleración inflacionaria no es un fenómeno coyuntural impulsado por la suba de la carne, la educación privada o las naftas, sino una tendencia ya consolidada de la dinámica económica. Y más aún, ocurre incluso con una configuración macroeconómica dirigida casi exclusivamente a contener la inflación: dólar barato, apertura importadora, estancamiento de la actividad, ingresos deprimidos, caída del consumo, restricción monetaria y superávit fiscal, el combo favorito de la ortodoxia económica.
Con todo, estos 10 meses de incremento parecen relacionarse con la suba del dólar durante 2025 (Marull, 17/4). El traslado de la devaluación a los precios tuvo un rezago, porque la escasa demanda impedía a los empresarios aplicar una suba de precios acorde a los movimientos del dólar. En esa interpretación, la inflación de 2026 es el mercado acomodando sus precios a la suba del dólar de 2025. Por eso el mercado anticipa una normalización de la inflación en torno al 2% mensual para el resto del año: ahora bien, está por verse si la balanza de pagos permite estabilizar el dólar en los valores actuales (~$1.400), si los precios externos no se desestabilizan en un contexto global volátil, y si la inflación pasada no genera inercia ni encarece internacionalmente al país más allá de lo sostenible. 

Pobreza
Mientras tanto, los vaivenes en los índices de pobreza son motivo de polémica. El gobierno se apoya en la caída de los indicadores para mantener un discurso optimista: hay un 28% de pobreza a finales de 2025 contra un 41% al momento de asumir Milei. La cifra no es falsa pero tras ella se esconden tres distorsiones estadísticas vinculadas a la inflación (Zack, 15/4).
En primer lugar, la actualización de los ingresos corre rezagada respecto al incremento de los precios y, en períodos de alta inflación, ese delay afecta a las estadísticas exagerando las cifras de pobreza. En momentos de baja inflación sucede lo contrario: desaparece el rezago y el indicador de pobreza cae rápidamente: eso es lo que estamos viendo actualmente.
En segundo lugar, la medición de la pobreza compara los ingresos declarados por las personas -que usualmente indican el salario del mes anterior- con el incremento de los precios del mes presente. En épocas de aceleración de precios esa diferencia es estadísticamente relevante y hace subir la cifra de pobreza de manera exagerada, mientras que con precios estables el fenómeno se invierte. Análisis recientes indican que se corrigió la subdeclaración de ingresos en las encuestas utilizadas para la medición de la pobreza (como la EPH), empujando a la baja el indicador resultante. 
Tercero, el gobierno continúa usando para la medición de la pobreza la canasta de consumos de 2004/5 en lugar de una más precisa elaborada en 2017/8, lo que resulta en un indicador más bajo de pobreza. 
El CEDLAS (UNLP) corrigió las distorsiones estadísticas y mostró que la caída de la pobreza entre 2023 (II semestre) y 2025 (I sem.) no fue de 10 puntos porcentuales sino de 2 pp. En otras palabras, la pobreza efectivamente cayó gracias a la normalización de la macroeconomía, el control de la inflación y el incremento real de las asignaciones a los sectores más vulnerables (AUH, Tarjeta Alimentar), pero está lejos del logro que vende el gobierno. Además, considerando la escalada inflacionaria de los últimos 10 meses, es probable que actualmente nos encontremos en cifras de pobreza peores a las de 2023 -habrá que esperar los indicadores oficiales para probarlo.

Actividad y empleo
Según el INDEC, la actividad económica se recuperó en 2025 con un crecimiento de 4,4%.  Sin embargo, tras la cifra se esconde una profunda desigualdad entre sectores: se fortalecen energía y minería, agro y finanzas, y se retraen industria, construcción y comercio. Mientras las primeras crean poco o nulo empleo -de hecho, están destruyendo puestos de trabajo- la caída de las segundas significó la desaparición de más de 200.000 empleos privados en la era Milei. El resto de la caída se explica por el sector público (-78.000 puestos) y el empleo en casas particulares (-15.000), dando como resultado un salto del 5,4% al 7,5% en el índice de desocupación en solo dos años. Buena parte de las personas que ocupaban esos puestos terminaron en el cuentapropismo, un eufemismo tras el cual se esconden la changa irregular, el emprendedurismo precario y los trabajos flexibilizados propios de aplicaciones y plataformas digitales. Otros lo hicieron en el trabajo informal (“en negro”) que alcanza al 43% de los ocupados. Todo esto explica por qué el crecimiento no se siente en la calle, especialmente en ciudades y conurbanos. 
Haciendo zoom en un sector clave, la industria atraviesa una caída del 4% en febrero y del 8,7% interanual, con la particularidad de registrarse en prácticamente todos los rubros (con excepción del petróleo) y ser especialmente fuerte en las ramas que son generadoras de empleo (textil, metalmecánica, automotriz), incluso en sectores internacionalmente competitivos (alimentos). En la era Milei observamos un récord de quiebra y cierre de empresas (-24.180 hasta enero) que no se limita al segmento PyME, como lo demuestran algunos casos resonantes (FATE, SanCor, etc.). La industria vive su peor momento desde 2003 gracias a un movimiento de pinzas, combinación de apertura importadora con dólar barato, presión impositiva sostenida, financiación costosa, costos logísticos elevados y caída del consumo local. En estas condiciones, casi ningún actor de la industria argentina es competitivo a nivel internacional y pocos pueden vencer en el mercado local a las manufacturas importadas de China a precio de remate.

Ingresos
Como señalamos en la edición anterior, Los ingresos de la población sufrieron un deterioro permanente bajo el mandato de Milei. El fenómeno se había estabilizado a mediados de 2024, pero volvió a escena conforme la inflación aceleró en los últimos nueve meses. 
Actualmente, los salarios privados están un 7% abajo (contra sep-nov 2023), los públicos cayeron un 23%, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se ubica en valores del 2001 / 2003 y, finalmente, los haberes previsionales perdieron entre 24 y 29% de su poder de compra (MATE, 2/4), con una canasta de la tercera edad que triplica el haber mínimo. 
En materia de programas sociales, el incremento real de la AUH y la Tarjeta Alimentar aliviaron los bolsillos de los sectores más vulnerables, pero otros programas fueron congelados y ahora el gobierno avanza con la eliminación del “Volver al trabajo”, afectando a un millón de beneficiarios pertenecientes a cooperativas de trabajo y emprendimientos populares.
A falta de ingresos genuinos, las familias se endeudan para sostener gastos corrientes: 7 de cada 10 argentinos recurren a préstamos de entidades bancarias, pero sobre todo de aplicaciones y billeteras virtuales, que ofrecen más facilidades -aunque mayores tasas de interés. Así, la deuda de las familias creció de $29 billones a $63 billones en sólo dos años (MATE, 2/4). Si bien la disponibilidad de crédito facilita el consumo y es positiva para el bolsillo popular, se vuelve lo contrario cuando se combina con una crisis en los ingresos. Así, la mora en las familias crece hasta alcanzar niveles récord: un 10% de los préstamos totales no son pagados, cifra que sube al 25% si consideramos únicamente a las billeteras virtuales. 
En síntesis, asistimos a una enorme transferencia de riquezas desde los bolsillos populares hacia el capital. Y a medida que los ingresos dejan de ser suficientes, la clase obrera se ve obligada a recurrir a la deuda en pesos como mecanismo para subsistir

Cuentas fiscales
El superávit fiscal fue sostenido gracias a los recortes en obra pública, jubilaciones, empleo público y la provisión de servicios y el cumplimiento de funciones estatales (educación, salud, seguridad). Sin embargo, los ingresos siguen cayendo gracias a la reducción de impuestos, la suspensión transitoria de retenciones y la caída de la recaudación (-4,5% interanual en febrero) por menor actividad económica. De esta manera, la perspectiva de sostener el superávit fiscal a rajatabla choca contra una pared: ya no hay muchos lugares dónde recortar el gasto público (MATE, 9/4), máxime considerando que el Ministerio de Economía está “sentado arriba de la caja” incumpliendo obligaciones legales, contractuales y judiciales (Lantos, 19/4). En ese sentido, el caso del PAMI es ejemplar: tras el recorte en la cobertura de medicamentos, ahora el Estado dejó de pagar a los prestadores y acumula una deuda de $500.000 millones, lo que provocó que miles de establecimientos de salud dejaran de atender pacientes. Otro caso es el transporte público: el gobierno atrasó el pago de los subsidios a los colectivos y, con la suba del precio de la nafta, las empresas disminuyeron la frecuencia en horas pico y suspendieron servicios nocturnos, provocando un colapso en la movilidad de la población trabajadora. Así tenemos una larga lista: presupuesto universitario, pensiones de discapacidad, cierre de programas sociales, congelamiento de pago a proveedores, etc.

Deuda y reservas 
En los últimos 18 meses, el gobierno recurrió a tres grandes fuentes de dólares para sostener un modelo en bancarrota: el blanqueo de capitales (oct-24), el préstamo del FMI (abr-25) y el salvataje del Tesoro norteamericano (oct-25). En promedio, la economía libertaria necesita un rescate cada seis meses. Mientras tanto, las reservas netas del Banco Central nunca salieron del terreno negativo y a la fecha rondan los U$S -13.000 M, descontando depósitos bancarios y los desembolsos del FMI. 
Ante ello, bajo la presión del Fondo y de los compromisos de deuda en lo que resta del mandato, el BCRA comenzó un proceso sostenido de compra de dólares: U$S 6.000 M en los cuatro meses de 2026, con una meta anual de U$S 10.000 millones. Sin embargo, no logra acumular divisas: la compra de dólares para atesoramiento, el pago de vencimientos de deuda y el boom importador se llevan casi todo lo que entra. 
Las reservas son clave porque los pagos de deuda en dólares suman unos U$S 9.000 M en lo que resta de 2026 y la friolera de U$S 22.000 M para 2027. Sin reservas sólidas no hay baja del riesgo país y no se pueden refinanciar los vencimientos. Y visto el bajo ritmo de acumulación de divisas y las dificultades para el acceso al crédito voluntario internacional, el equilibro es muy fino y en el horizonte aparecen dos salidas igualmente temidas: la devaluación del peso o el default de la deuda. 
Así es que, bajo la guillotina de los compromisos externos y la escasez de reservas, el Ministro de Economía fue a mendigar otros U$S 1.050 millones al Fondo -un monto relativamente bajo- ante lo cual el organismo accedió pero exigió una reforma previsional -una contrapartida muy elevada. Además, prepara una nueva ronda de endeudamiento con organismos internacionales (BM, BID, CAF, etc.), emisión de bonos en dólares en el mercado local y privatización de activos y empresas públicas para cubrir el pago de los vencimientos de deuda con privados de 2026. 
Cuando asumió, el gobierno prometió normalizar la economía. Hoy hace un finísimo equilibrio financiero para evitar que se le caiga la estantería.

Conclusión
Ante el panorama descrito, y casi que ignorando la realidad, Caputo promete que los próximos 18 meses serán los mejores de la historia. Señor Ministro: nos han mentido, pero nunca tanto. 
La evidencia disponible apunta para otro lado: pocos meses después de una excelente elección legislativa, al gobierno se le terminó la “luna de miel”. Los problemas se acumulan, los conejos en la galera se terminan y el modelo económico encuentra límites que parece no estar en condiciones de sortear. 
A la promesa de los 18 meses se le puede preguntar cuáles son los drivers para el crecimiento, es decir, los factores que funcionen como motores de una futura mejora en la actividad económica, el empleo y los ingresos de la población. La estabilidad macroeconómica aporta pero es frágil y está sujeta a shocks externos, las reservas siguen en negativo, la inflación cayó pero no fue domada, el endeudamiento estrangula la economía, la apertura externa no trajo las inversiones esperadas, las exportaciones crecen pero los dólares se consumen por el boom de importaciones, atesoramiento e intereses de la deuda, el consumo privado no crece por la parálisis en los ingresos, la disponibilidad de crédito no empuja lo suficiente, las familias endeudadas entran en mora, el dólar barato aniquila la industria nacional, las actividades que crecen no crean empleos, el Estado se retira como actor económico. 
Al respecto, Caputo y Milei se jugaron un pleno a la estabilidad macroeconómica y las inversiones extranjeras como motores del crecimiento. Así, configuraron un modelo económico a medida del capital financiero y los inversores extranjeros de rubros extractivistas (energía, minería, etc.). Sin embargo, esa misma clase social no termina de creerles: en lo inmediato, la aventura libertaria les parece atractiva; a largo plazo, luce insostenible. Por eso apoyan mucho con la palabra y bastante menos con el bolsillo.
Ante la crisis política y económica, el círculo rojo ensaya las posibles salidas para 2027, buscando consolidar el ajuste sobre los trabajadores pero con una configuración política más sólida y una planificación económica más estable. Los sectores populares deben preparar su propia salida poniendo por delante el bienestar económico y social de las mayorías, sin confiar en los cantos de sirena de un recambio político por arriba.

David Paz