La situación complica al macrismo

Al revés del pronóstico oficial, se aproxima el segundo semestre y la reactivación no tiene miras de aparecer. No se trata solo de un corrimiento en los objetivos sino que la preocupación principal pasa ahora por impedir que se profundice la recesión. 

Hace 4 años que la actividad privada no genera empleo. Algunos parámetros actuales de la actividad industrial indican en abril una caída de 6,7% y en la construcción el 24,1%, lo cual termina afectando otros planos como el consumo minorista que en mayo cayó un 9,4%. Los despidos en los primeros cuatro meses superan los 157.000 según datos de Tendencias Económicas. Después del record  del 6,8% de abril la inflación descendió, pero proyectada anualmente se ubica en el 35 a 40%, es decir muy lejos de aquel 25% estimado por Prat Gay inicialmente y que ahora no menciona. Frente a la mayoría de los convenios paritarios firmados con aumentos que oscilan entre 30 a 35%, la pérdida del salario real abarca como mínimo del 5 al 10% dentro del mercado formal, y a su vez el doble o mucho más en el informal o mercado en negro cuya amplitud sobrepasa el 35% de la mano de obra. Con el reconocimiento ahora que “la luz al final del túnel” aparecería recién a fin de año, pretenden colocar la pelota a suficiente distancia como para no tener que rectificarse a cada rato.  

Marchas y contramarchas del tarifazo

Por otro lado la política de los tarifazos, con ajustes entre 800 y 1.400%, sobre los precios de gas dirigidos a recomponer las cajas de las empresas proveedoras y eliminar subsidios sin considerar los efectos sobre los ingresos de los usuarios, refleja en sí mismo un punto de vista elitista propio de tecnócratas, gerentes o CEOs que consideran a la gestión pública como un verdadero laboratorio de ensayo.

El rechazo general a los tarifazos demostró la inviabilidadsocial de los mismos y obligó también a intendentes y hasta gobernadores, sobre todo en el sur patagónico, a intervenir ante el gobierno nacional frente a verdaderas puebladas como en Chubut, Rio Negro y Neuquén. Finalmente la tarifa de gas domiciliaria quedó fija en 400% y la de comercio e industria en 500%. Las medidas cautelares que brotaron en juzgados del interior impugnaron los aumentos y habilitaron a algunos jueces a orientar el no pago de las facturas hasta que se hagan las rectificaciones correspondientes. Los serios llamados del jefe de gabinete Marcos Peña y de la gobernadora Vidal para que  la ciudadanía pague sus facturas en primera instancia, reflejan a su vez cómo el tema de las tarifas derivó en una cuestión política. Se perfila así un verdadero zafarrancho con marchas y contramarchas en las decisiones oficiales cuya proyección en la política y en la situación social, introducen por momentos rasgos de descomposición.

Una lluvia de dólares que no moja

Desinflada la expectativa sobre la corriente inversora que llegaría del exterior solo queda estirar los tiempos, aguantar los reclamos y esperar que la tendencia declinante de la economía toque piso y baje la inflación. La única llegada de dólares que se registra son los préstamos financieros, no productivos, otorgados al estado nacional y provincias que ya suman U$S 23.000 millones. Como parte de la bicicleta financiera internacional, llegan tentados por los altos intereses que no se pagan en otro lugar del mundo y pasan a engrosar el alto endeudamiento del país. Mientras tanto se toman medidas tendientes a conformar sectores y aliviar presiones, como la flexibilización del I.V.A. para las pymes, el financiamiento a las automotrices, la no inclusión del medio aguinaldo para liquidar ganancias, resarcimientos de coparticipación a las provincias, montos millonarios para continuar obras, etc. Medidas para consensuar políticamente impregnadas de un pragmatismo impuesto por las circunstancias. Cuestan dinero y lo que no llega por generación de riqueza según el dogma, se resuelve fabricando billetes, tal cual los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. De allí el aumento del gasto público que, para espanto de algunos consejeros educados en la línea monetarista de reducción del déficit fiscal, se concreta por decisión del propio presidente Macri que no encuentra otra forma de contener la situación. Denota la inviabilidad de la política del ajuste pro-monopólico en los términos de esta democracia frente a un pueblo que no viene de la derrota y que, por el contrario, afirma  la tendencia de lucha abierta en el 2001. 

Reprimir tiene costos

Mientras tanto la gestión se cocina día a día sin que aparezca un plan acabado. La crisis económica social se descompone más rápido, se anticipa a la llegada de la política. El perfil monetarista y proyanqui de Macri se carga de pragmatismo ante las dificultades objetivas frente a un movimiento de masas en alza, a recursos crediticios que no aparecen y a una puja de intereses en el bloque dominante por la distribución de la renta y la orientación que se imprime al plan.  

El tema de la gobernabilidad ocupa un lugar preponderante en los círculos oficiales y tratan de negociar para que desde la oposición parlamentaria nadie se desmarque y, en el afán de hacer diferencias, ponga en riesgo la ‘institucionalidad’. No es para menos, el auge de luchas y enojo social crecen y las políticas de ajuste muestran su vulnerabilidad ante la necesidad de un presente cargado de penurias. En la represión ven una salida, pero puede ser peor, por eso quizás el anunciado abandono momentáneo del protocolo antipiquetes. Tal vez allí están las razones de cierta contrainteligencia informativa que desarrolla el gobierno cuando instala el tema del saqueo o el estallido social. También el fallo de la Corte que niega el derecho de huelga cuando se ejerce por fuera del sindicato es un ataque directo a la democracia de base y en favor de la burocracia sindical. El intento de prohibir a periodistas o terceros la publicación de  información e identidad de quienes entran en el blanqueo, o bien información sobre las declaraciones juradas de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, aunque después dieron marcha atrás, son también señales que avanzan en el sentido de restringir o eliminar derechos democráticos. 

La lucha crece y amplía por fuera del Parlamento

Hay un mar de fondo que sacude los cimientos de la política. La movilización popular que recorre el país es amplia y continua. Los acuerdos del gobierno con la dirigencia sindical de las CGTs, más allá de algunos exabruptos, cierra por el momento la convocatoria al paro general o plan de lucha nacional, pero no pueden impedir el protagonismo y la tensión que introducen los reclamos populares en todo el país. El desalojo violento del acampe frente a la casa de gobierno en Tierra del Fuego y la persecución abierta sobre delegados y activistas no pueden ocultar que todo el sur patagónico reclama por derechos violentados. Obreros petroleros, estatales, maestros o de la construcción, todos, de una u otra forma afectados por despidos, tarifazos o escasez de viviendas, agudizados por el ajuste en marcha, se movilizan sin depender de los enjuagues de la burocracia. Esa situación no cierra ni se puede sostener con represión, menos aún si miramos la perspectiva o la solidaridad que inmediatamente se despliega ante cada atropello. También el incremento de los cortes y movilizaciones en Capital y conurbano se ubican muy por encima de los últimos años y abarcan múltiples sectores como la marcha educativa del 12 de mayo, la convocatoria luego de las dos CTA, la masividad en todo el país contra la violencia del género el 3 de junio y hasta la confluencia de hecho el 9 de junio  de piqueteros, estudiantes, camioneros y taxistas que paralizaron prácticamente la Ciudad de Buenos Aires. En las provincias se reproduce el reclamo y la movilización de los trabajadores. Si bien la ausencia de una convocatoria nacional es un hecho negativo que favorece al gobierno, también existe la posibilidad que, al persistir en este rumbo, en algún eslabón débil de la burocracia se rompa la cadena e irrumpa un sector del proletariado que clave la bandera  y convoque a la unidad de los que luchan, el combativismo y la izquierda revolucionaria. 

La unidad se construye desde abajo

Desde el PRML advertimos el cambio visible en el estado de ánimo de las masas dado que constituye el mayor  aliciente para unificar y afirmar fuerzas sobre puntos concretos. Atentos a su vez para reagrupar siempre a la izquierda allí donde la situación lo permita, sin dejar de intervenir o buscar los distintos espacios o bloques para la lucha concreta. La unidad del combativismo y el clasismo es una bandera necesaria y apreciada en la vanguardia natural de los trabajadores que debemos resaltar. En el mismo sentido se orientan los esfuerzos para dar forma orgánica al espacio de fuerzas piqueteras con las que venimos accionando desde hace un tiempo y al cual se vienen sumando otras tantas, apremiados por la coyuntura. En ámbitos universitarios y secundarios como en multisectoriales o espacios culturales, avanzamos con la misma orientación. Lo correcto en el terreno de la unidad es acompañar una  situación de auge que se mantiene abierto y cuando aún los bloques no tienen forma. Mientras se despliega la lucha obrera y popular hay que ponderar el espacio desde donde se pueda intervenir en la crisis con política independiente de los armados que se configuran solo con miras al 2017.

Andrés Zamponi