La salud como prenda de negociación

El segundo semestre tan anunciado por el macrismo, encuentra al gobierno con más frentes de batalla abiertos de los que querría. En este marco se presentó el flamante anuncio de una cobertura universal de salud que poco y nada tiene que ver con el sistema y acceso a la salud y mucho tiene que ver con intentar garantizar la gobernabilidad.

Planteado el escenario nacional, el tire y afloje en la relación del gobierno con la burocracia sindical pone en tensión la paz social tan ansiada por ambos.

Frente a la creciente inflación, el tarifazo, las paritarias a la baja, los despidos y suspensiones y las pésimas condiciones laborales, los trabajadores se van organizando por abajo marcándole la agenda a la burocracia que intenta posicionarse en el nuevo mapa político. Así fue con la negociación novelera con el tope al impuesto a las ganancias y la ley antidespidos.

En este marco es que se inscribe la creación de la Cobertura Universal en Salud. El gobierno la presentó como una estrategia de abordaje para los sectores de la sociedad que se encuentran por fuera del sistema privado y semi privado de las obras sociales. Lejos de ser así, por un lado la credencial hace entrega de un verdadero certificado de pobreza que no brinda mayores beneficios, y por otro lado, para la ejecución propone el financiamiento a través del Fondo de Distribución Solidario. Este fondo fue creado en la década del 90 con el objetivo de poder compensar a las obras sociales con menor cantidad de afiliados y de salario con fondos provenientes de las más masivas. Esto por la vía de los hechos quita la responsabilidad del Estado Nacional en el financiamiento de las estrategias de atención de salud para que sean del ámbito semi privado a través del aporte que realizan los trabajadores a sus obras sociales.

A cambio de esto, las centrales sindicales contarán con 2 representantes de la Unidad Ejecutora de seis miembros (el resto corresponde a la Superintendencia de Servicios de Salud y al Ministerio de Salud) que será la encargada de financiar las distintos proyectos dentro del CUS. Para la atención de la población sin obras sociales ni prepagas esta Unidad será la encargada de organizar proyectos y financiarlos en vez de depender del Ministerio de Salud.

Por último, y no menor, se propone la creación de una credencial para esta población. De esta forma se estigmatiza a aquel sector que o bien no puede pagar una prepaga o bien se encuentra en negro. Y junto con esto se propone una oferta básica de servicios que restringe los que actualmente se tienen que ofrecer dentro del Plan de Salud Obligatorio actualmente vigente. Un recorte de derechos que apunta a la profundización de la conducta adoptada por los últimos gobiernos que mantuvieron un desfinanciamiento del subsistema público favoreciendo el florecimiento de la medicina privada.

En nuestro país la salud es un derecho universal, debiendo brindarse más allá de si la persona integre o no un subsistema. Medidas como estas profundizan el desfinanciamiento y la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos, intentando desligar al estado como garante de un derecho básico.

Claudia Jalif 

 Agustin Volodia