Los días 27, 28 y 29 de noviembre se realizó el noveno plenario nacional de la TUN 29 de Mayo “ANGEL VERÓN PRESENTE”.
Durante el primer día del encuentro se desarrollaron los... Ver más
La ley antieducativa de Milei: un primer punteo
La educación en Argentina tiene como marco general la Ley de Educación Nacional del año 2006. El 18 de noviembre se difundió un proyecto del gobierno nacional que busca dejarla sin efecto y reemplazarla por una “Ley de Libertad Educativa”. Según trascendió, la redacción de este proyecto estaría fuertemente influenciada por el CEO de Techint Paolo Rocca.
El proyecto plantea que “la familia es el agente natural y primario de la educación de los hijos”. Este principio es utilizado para justificar que el Estado no garantice la educación para todos los argentinos y que sean unos pocos los que puedan acceder a ella. Detrás de la “subsidiariedad” del Estado, término que bien conocemos de la política educativa del menemismo.
Actualmente el calendario escolar lo decide cada año el Consejo Federal de Educación, incluyendo la cantidad de días y horas que tendrá el ciclo lectivo. El calendario 2026 estipulaba 570hs reloj mínimas para la educación inicial, 780 para la educación primaria y 900 la secundaria. El proyecto estipula un mínimo de sólo 540hs para inicial y 720 para primaria y secundaria, lo que implica en secundaria una reducción del 20% de las horas de clase que el Estado y las instituciones deben garantizar.
Pero el recorte no termina acá. Ahora las escuelas estarían habilitadas a hacer sus propios planes de estudio (es decir, pueden enseñar lo que quieran), mientras cumplan algunos contenidos mínimos y no vulneren normativa. Los contenidos mínimos deben “entrar” en 405hs en inicial y a 540 en primaria y secundaria, por lo que de manera obligatoria más del 20% del tiempo de escuela se dedicaría a lo que a la escuela le plazca según su “ideario”.
Esto incluye la enseñanza religiosa, que las provincias podrían establecer en las escuelas públicas. Esto es retroceder setenta años: las escuelas públicas deben ser laicas, sin importar el gobernador que esté ni los vínculos que quiera fortalecer con instituciones religiosas para intereses propios. Además, permite entonces que autoridades religiosas revisen los contenidos y puedan autorizarlos o no: una injerencia inédita.
Se habilita la educación en el hogar y la virtualidad en todos los niveles. De manera que deja de ser necesario que los estudiantes asistan a la escuela como la conocemos hoy. Bastaría con rendir unos exámenes (que deben ser “flexibles”) para acreditar los contenidos mínimos y recortados que el Estado fija.
El ataque en el aspecto pedagógico es atroz pero no es el único. Este proyecto es también una reforma laboral. Los trabajadores de la educación corren peligro de perder toda estabilidad.
Se declara servicio esencial a la educación, excusa para prohibir el derecho a huelga de los docentes. Los directivos pueden ser removidos por las familias, nucleadas en un Consejo Escolar de Padres. En el último título del proyecto, se desregula por completo a la educación privada y con ella a sus relaciones laborales, flexibilizándose el despido de docentes en todos los niveles. Por otro lado, se elimina el artículo que establece que el Estado Nacional debe hacerse cargo de los salarios docentes que no paguen las provincias.
Se impone una evaluación docente sin criterios, con el único objetivo de condicionar su continuidad en el puesto de trabajo. Los concursos docentes dejan de ser públicos para que los lleve cada escuela, con la participación de las familias sin importar la formación que tengan o no en materia de educación. Todo esto es un paso más, pero cualitativamente distinto, en el ataque sistemático que sufre esta profesión por parte del gobierno de Milei.
Con todo esto, el posicionamiento de Milei, su secretario de educación Torrendell y los grandes empresarios es claro: la educación es un servicio, y no debe ser nada más que lo que necesitan los grupos concentrados de la economía y sus aliados. Es frente a esto lo que debemos enfrentarnos las comunidades educativas (docentes, estudiantes, familias, trabajadores de la educación en general) y el pueblo en su conjunto. Y debe hacerlo logrando la mayor confluencia posible, reagrupando a todas las fuerzas populares que están dispuestas a enfrentar a este gobierno.
Lionel Sabogal
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