La deuda, un problema político

El pasado 4/11 la “Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda” realizó una jornada nacional de movilización, donde decenas de organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles realizamos actividades y marchas con miles de personas en diez provincias del país, bajo un documento común y las consignas ¡Fuera FMI, las estafas no se pagan, la deuda es con los pueblos y la naturaleza!
Se trató de un evento de gran importancia política. Tras el acuerdo con los fondos de inversión privados en 2020, que hipotecó al país por décadas, el gobierno del Frente de Todos se prepara para el tramo final de la negociación con el FMI por la deuda de U$S 45.000 millones tomada por Macri. Con el primer vencimiento en marzo de 2022, las partes apuntan a cerrar un acuerdo antes de esa fecha. El discurso de Alberto Fernández tras las elecciones ratificó a Guzmán al frente de las negociaciones con las que pretende avanzar en las próximas semanas. A su vez, buscará consenso con la oposición macrista. Si bien no hay detalles,  el “plan plurianual” que el Ejecutivo le vaya a presentar al Congreso va a plasmar qué grado de ajuste se descargará sobre el pueblo trabajador.
Por sobre cualquier otro asunto, la deuda externa es el nudo gordiano de la economía nacional y un asunto político de primer orden, donde las posiciones de cada cual relevan los intereses que defiende.
El plan del capital financiero para “resolver” el problema de la deuda es el camino ortodoxo: devaluación del peso, ajuste fiscal, ataque a las condiciones laborales, reducción general de jubilaciones, salarios y prestaciones sociales, sin importar las consecuencias sociales y políticas. Un programa que les garantice el cobro de los intereses y el capital de la deuda, pero sobre todo una revalorización inmediata de los títulos de la deuda argentina en los mercados internacionales. El gran empresariado local, aunque prefiere evitar un descalabro del mercado interno, presiona por un acuerdo con el FMI que le permita renegociar sus propias deudas corporativas (U$S 80.000 millones), disponer más libremente de las divisas y abrirse nuevamente al mercado voluntario de crédito para iniciar otro ciclo de endeudamiento. Acompañan este plan con una reforma laboral y previsional y una reducción del déficit fiscal para exprimir a la clase trabajadora ocupada, desocupada y retirada.
En tercer lugar, el FMI trabaja en la misma dirección, pues representa al capital financiero, es conducido por los estados imperialistas (fundamentalmente EEUU) y viene de implementar planes ortodoxos en años recientes. Sin embargo, lo hace con algo de cautela, pues un derrumbe económico y el estallido de una crisis social en Argentina no solamente serían su responsabilidad, sino que pondría en riesgo el cobro de los fondos prestados al país (equivalentes al 61% de todos los créditos actuales del FMI) y de la deuda privada renegociada en 2020. Además, el esquema financiero internacional está completamente interconectado, saturado de deuda y capital ficticio y es sumamente sensible a los cambios bruscos: un default descontrolado en Argentina podría desatar procesos de quiebra y cesación de pagos a nivel mundial. El escenario de rebeliones en América Latina de los últimos años es un indicio de qué podría pasar en un futuro inmediato.
Finalmente, en sus dos años de gobierno, el Frente de Todos se apoyó en la gran burguesía local (cerealeras y agroexportadoras, gran empresariado industrial), tendió a alinearse con la política exterior norteamericana y estableció un sendero de ajuste fiscal y pago de los vencimientos de la deuda (notorio en los Presupuestos 2021 y 2022), para generar las condiciones de una táctica de “negociar y pagar”, con los bonistas privados primero y ahora con el FMI. Sin embargo, este camino tiene dos problemas centrales.
Por un lado, la deuda es impagable por su magnitud, sea en los plazos originales trazados por el macrismo (U$S 38.500 millones en 2022-2023) o con un diferimiento de montos y plazos a 10 o 20 años y la eliminación de las famosas “sobretasas” que cobra el FMI. Incluso en el escenario más optimista, el actual esquema económico no deja suficientes divisas para afrontar los vencimientos de deuda pública y privada en los plazos previstos, pero tampoco hay margen social y político para un nuevo proceso de ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo. Con la pobreza alcanzando a la mitad de la población, los salarios reales con 40 meses de retroceso sostenido y una inflación que se come los ingresos populares, un plan económico que ponga a la deuda externa por sobre el bienestar social es un llamado a la rebelión popular.
Por otra parte, el origen de la deuda con el Fondo es absolutamente ilegítimo: se trata de un préstamo de monto extraordinario otorgado sin aval del Congreso y utilizado para financiar el atesoramiento y la fuga de capitales de un puñado de empresarios, bancos y fondos de inversión, donde el FMI ignoró sus propios estatutos respecto a los montos límite y al control del uso de los fondos. Una verdadera estafa.
Atendiendo este escenario, nuestro partido es parte impulsora de una verdadera acción de soberanía popular: suspender el pago de la deuda externa e investigar su constitución para anular definitivamente toda deuda ilegítima, odiosa e ilegal. Junto a decenas de organizaciones y a través de la “Autoconvocatoria”, hace dos años que venimos llevando adelante un plan de lucha y movilización para dar forma a la fuerza social capaz de frenar el acuerdo con los fondos de inversión y el FMI y derrotar el programa de ajuste sobre el pueblo trabajador. En esa dirección trabajamos por ampliar la confluencia popular y democrática, para impedir que se llegue a un acuerdo de pago a costa del bienestar popular. Preparemos una gran manifestación de rechazo al acuerdo con el Fondo. Si el oficialismo y los principales bloques de oposición creen que las legislativas les dieron luz verde para avanzar en el saqueo, demostremos que el pueblo dicta sus veredictos en la calle.David Paz