Justicia por Blas es desarmar a los enemigos del pueblo

El asesinato de Valentino Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba es el quinto caso de “gatillo fácil” en la provincia en lo que llevamos de cuarentena. Igual que en las otras cuatro oportunidades, el crimen sigue impune. 

Sin embargo, el caso de Blas provocó una reacción que conmovió al poder político, obligó a detener a los autores materiales del asesinato y terminó tumbando a la cúpula policial en cuestión de días. El hecho de no provenir de un barrio marginado sino de una familia con algunos recursos más que las habituales víctimas de estos casos, y de haber sido acribillado en pleno centro de la ciudad, en contraste con las periferias que normalmente son el escenario de tales crímenes policiales; todo esto permitió que el caso tenga una notoriedad pública superior a la media. La convocatoria a una movilización callejera, hecha por la misma familia, puede ser el escalón a un plano superior del reclamo.

Tras la noticia del fusilamiento de Blas en pleno centro de la ciudad y la denuncia pública de sus familiares, se fueron conociendo los detalles del accionar policial, que sigue paso a paso el manual nunca escrito del procedimiento de esta institución en casos similares. Más de treinta disparos, de los cuales cuatro dan en el auto y uno, a través de la luneta trasera, en la espalda de Blas. Paso siguiente, borrar y manipular las pruebas y plantarle un arma a la víctima. Todo esto formando un escudo humano de decenas de efectivos para impedir la interferencia de cualquier testigo en el armado de la escena. Luego la confección de un relato ficcional que debe ser sostenido sin fisuras por todos los involucrados. Por último, las amenazas a todo aquel que pueda poner en riesgo la arquitectura de la impunidad, sean estos familiares de la víctima, eventuales testigos, “compañeros de la fuerza” arrepentidos, agentes judiciales que no entraron en el pacto de silencio, etc.  

Esta vez existe la posibilidad de que ese pacto mafioso se rompa. Por el momento se ha cortado el eslabón débil que son los dos efectivos detenidos por haber efectuado disparos, y fruto de la presión ejercida, ha caído la cúpula de la policía provincial, como muestra de que la pestilencia es inherente a la institución y no un problema de individuos. Ninguna de estas prácticas sería posible sin la unidad ideológica interna en la policía y sin el respaldo del poder político y judicial. Las declaraciones del ministro de seguridad Alfonso Mosquera al dar de baja a la conducción policial reflejan el pesar de tener que deshacerse de algunos de los suyos: “destacamos los servicios prestados por los oficiales superiores que cesan en sus cargos”. 

Ganar las calles contra esta fuerza represiva y sus sostenes políticos y judiciales es un gran paso adelante para reforzar un punto de vista esencialmente democrático: identificar a la Policía de Córdoba como enemiga del pueblo. Parados en esa perspectiva, la lucha contra el “gatillo fácil” se hermana con el resto de las luchas obreras y populares, por una salida rebelde y callejera que barra con estas instituciones irreconciliables con los derechos del pueblo.

Leo Funes