El delito de ser pobre

El 24 de septiembre pasado, Ezequiel e Iván, amigos e integrantes de la revista La Garganta Poderosa, fueron torturados y humillados por la Policía Federal y la Prefectura en la Villa 21-24. Horas después, luego de relatar los hechos en un programa televisivo, uno de ellos recibió amenazas por parte de la Prefectura. 

Ezequiel, de 15 años, volvía de la casa de su abuela, quien también vive en el mismo barrio, cuando la policía federal lo paró para requisarlo mientras un amigo, Ivan (18), se acercaba a saludarlo. Ambos jóvenes fueron revisados en el lugar y luego liberados, pero unos metros más adelante, fueron interceptados por cuatro móviles de la Prefectura, obligándolos a subir en uno de vehículos. Los testimonios quedaron plasmados en la Garganta Poderosa: “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú”. ¿Para qué? “Para cagarnos a palos”. ¿Y los largaron? “No, nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”. De ahí, se los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”.
El relato de ambos da cuenta de lo desprotegidos que se encuentran los jóvenes de los barrios más humildes, donde estos hechos son el común de todos los días. Portación de cara, vestimenta “sospechosa”, que la gorrita, que las zapatillas, que los piercings, etc. son parte de los elementos que construyen el discurso de estigmatización de los jóvenes, donde ser pobre es equivalente a ser delincuente.
Luego de que Iván relatara lo sucedido a un medio de comunicación, volvió al barrio y vio cómo un grupo de prefectos golpeaban a un joven. Al intentar intervenir, unos de los prefectos lo reconoció y lo amenazó. Manifestaciones de apoyo surgieron inmediatamente ante quienes hoy están intranquilos caminando por las calles de la Villa por temor a represalias. Muestras de solidaridad los inundaron para dejar en claro que no están solos.
Fue durante el kirchnerismo, en acuerdo con el macrismo, que se produjo el traslado de las fuerzas federales a barrios de la Capital, con el llamado operativo Cinturón Sur militarizando las barriadas populares bajo la excusa de la inseguridad y el narcotráfico. Horacio Verbitsky, en la nota “Estado Penitencia” en Página 12 señala que en principio los vecinos tenían una opinión positiva al respecto, y que habían descendido los índices de homicidios, sin embargo afirma que “esa tendencia se revirtió a partir de 2013, con un número significativo de casos producidos por las propias fuerzas de seguridad. Entre 2013 y 2014, la participación de funcionarios policiales en homicidios dolosos creció de 9,1 a 12,2 por ciento.”
Desde la llegada de Cambiemos al gobierno las denuncias sobre maltrato y “excesos” policiales se incrementaron: según el mismo periodista, “Cualquiera sea la fuerza, las denuncias se concentran en la zona sur de la ciudad. El 93 por ciento de las víctimas son varones (el más joven, de apenas 10 años) y dos tercios tienen entre 16 y 17 años. Casi todos (95 por ciento) denunciaron haber sido golpeados, 9 de cada 10 son argentinos y el 87 por ciento contaba con documento de identidad al momento de su detención, lo cual contradice los mitos circulantes.” El gobierno de Mauricio Macri ya no apela a excusas, las fuerzas represivas en su gobierno son utilizadas para contener los posibles reclamos populares ante el ajuste creciente.
Repudiamos lo sucedido, extendemos la solidaridad y el apoyo a Ezequiel e Iván y hacemos responsable a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al estado por la vida de los chicos y sus familias. Si bien celebramos la separación de los agentes implicados, el problema de fondo va a persistir mientras siga en pie la política de criminalizar la pobreza y la juventud. Fuera las fuerzas represivas de los barrios. 

Marcela Stein