Ganar la calle contra el nuevo Código de Convivencia Ciudadana

A escasos días de la multitudinaria marcha de la Gorra por la Derogación inmediata del Código de Faltas, realizada tanto en la Capital como en ciudades del interior de Córdoba, el gobierno de De la Sota, lejos de escuchar este reclamo, presentó el proyecto final de modificación del mismo en la Comisión Especial para la Reforma del Código de Faltas, conformada por los diferentes bloques de la Legislatura de Córdoba, que se discutirá en los próximos días.

La primera modificación que introduce es su nominación, ya que no será un Código de Faltas, sino de Convivencia Ciudadana. Más allá de algunos cambios el proyecto no solamente busca profundizar el mismo paradigma represivo vigente, es decir un instrumento policial para el disciplinamiento de los sectores marginados (jóvenes, varones, de barrios populares) sino que ahora se busca criminalizar la protesta de los trabajadores.
José Manuel De La Sota desde el principio de su mandato llevo adelante una política de castigo y persecución a amplios estratos sociales de la mano de la Tolerancia Cero y del falso Ingeniero Juan Carlos Blumberg. Desempolvando la Ley del año 1995, De La Sota echó mano al Código de Faltas para emprender una campaña, que marcó la característica distintiva de sus dos primeros mandatos y no ha cambiado en el tercero. Así como los gobiernos de Binner, Macri o los Kirchner tienen sus propios records de detenciones, fusilamientos y torturas, De La Sota se ganó la fama de perseguidor de los jóvenes, los pobres, los trabajadores, las prostitutas.
Es decir, apuntó el cañón a los sectores más postergados y castigados por las políticas económicas y sociales y poco a poco Córdoba se fue convirtiendo en una ciudad militarizada, donde las barriadas obreras y populares viven un estado de sitio permanente.
Son comunes hoy las denuncia sobre el apañamiento de la Policía a la transa en bailes y barrios, cobrando “comenta” y regenteando la prostitución o implicados con bandas de narcotraficantes, o en asesinatos a través del “gatillo fácil” (7 en lo que va de este año), o en desaparición de personas, como el caso de Facundo Rivera Alegre o Yanila Elisabeth Cuello.
Ahora en nueva vuelta de tuerca en la política represiva, el gobierno provincial no solamente busca sostener un Código represivo y arbitrario, sino que también trata de incorporar distintas clausulas anti huelga, como por ejemplo: prohibir las reuniones públicas tumultuarias, las “molestias” en sitios púbicos, el obstaculizar ingresos o salidas de sitios públicos, impedir el paso de ambulancias, y quemar gomas de caucho. Todo un cóctel de medidas para evitar contravencionalmente las protestas. Y la frutilla del postre es la del nuevo artículo 70: agravio al personal de los poderes del Estado
Es decir esta nueva modificación está en plena sintonía con la ley antipiquete del kirchnerismo, la represión de Berni sobre los trabajadores de Lear, con la designación del represor Milani con Jefe del Ejército, con la Ley Antiterrorista y el Proyecto X. Una puesta en común de los aparatos represivos nacionales y provinciales, en el intento de reprimir las luchas obreras y populares en un escenario de ajuste y crisis económica del actual modelo de dominación.

Corresponsal