Frenar el ataque a la educación pública

A fines de febrero - principios de marzo comenzaron las clases. Inicio que estuvo marcado, como muchos otros años, por el paro docente en la mayoría de las provincias. Es que a la suba del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo se sumaron medidas del gobierno nacional en pos de profundizar el desfinanciamiento de la educación: no se transfirieron el Fondo de Infraestructura, el Fondo de Compensación Salarial Docente, lo correspondiente a los ítems de Conectividad y Material Didáctico, la hora de extensión de jornada laboral (de las escuelas con jornada extendida o simple, también llamada 5ta hora o plan 25), ni el FONID.

El argumento desde el gobierno ajustador de Milei es que los salarios docentes dependen de los gobiernos provinciales. No convocan a la paritaria nacional, y así pretenden desligarse de las responsabilidades que tienen para con los trabajadores de la educación, queriendo desconocer que todos los fondos mencionados los contempla la legislación vigente en las leyes 26.075 y 25.053.

El FONID surgió a fines de la década del ’90. A principios del año 1992, durante el gobierno menemista, se había concretado la provincialización de las escuelas que dependían del Ministerio de Educación de la Nación, traspaso que se realizó sin los recursos necesarios llevando a un desfinanciamiento educativo que implicó un fuerte deterioro de la infraestructura escolar. 

En 1997 la CTERA, reticente a llamar al paro general, impulsó la llamada “Carpa Blanca”, instalada frente al Congreso durante 1003 días entre 1997 y 1999. Los reclamos incluían mejoras salariales, una ley de financiamiento educativo, la derogación de la Ley Federal de Educación y eran un posicionamiento contra las políticas aplicadas durante el gobierno de Menem.

En ese contexto, el 18 de enero de 1998 se creó por ley el FONID, un pequeño parche que moderó un poco la desresponsabilización del estado nacional que se había iniciado con esa transferencia de los sistemas educativos.  La ley establecía que los recursos serían destinados al “mejoramiento de la retribución de los docentes (…)”. Tenía una vigencia de 5 años y se iba actualizando mediante decretos. La última prórroga por decreto fue el 1 de enero del 2022 y venció en enero de este año, momento en que el gobierno de Milei decidió no prorrogarla más.

Con el tiempo y los salarios a la baja, el parche terminó siendo entre un 8% y un 20% del salario que recibe en mano el docente, según la jurisdicción. A esto se suma al dato de que el salario docente en bruto, según el último informe indicativo de salario docente previo a este recorte, promedia los $233.410 y una familia de 4 cuatro integrantes necesita $690.902 para cubrir la canasta básica y no estar por debajo de la línea de pobreza.

Si a todo esto añadimos la pretensión de prohibir, DNU mediante, el derecho a huelga de los docentes, declarando a la educación servicio esencial y la puesta en marcha del “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en protestas sociales”, queda más que claro que el ajuste lo van a hacer pasar con represión y lo vamos a pagar los mismos de siempre, el pueblo, los trabajadores, y los docentes no van a ser la excepción.

La situación en las universidades

El gobierno nacional, mediante el DNU que está en vigencia, prorrogó el magro presupuesto 2023 para la educación superior. Es decir que las universidades van a recibir el mismo dinero que el año pasado, pero gracias a la inflación interanual de 276% les va a alcanzar para cubrir una cuarta parte de los gastos.

Si bien el deterioro presupuestario (en salarios e infraestructura) se registra desde hace muchos años, actualmente los salarios de los docentes universitarios sufrieron un 50% de pérdida del poder adquisitivo y se estima que las casas de estudios podrían funcionar hasta abril o mayo.

Por esto el jueves 14 de marzo los trabajadores docentes y no docentes realizaron un paro a nivel nacional contra el ajuste en educación, haciendo que 55 universidades cierren sus puertas.

Resulta necesario que al reclamo de los trabajadores se sumen los estudiantes. Sobradas muestras hay de que la lucha en conjunto de todos los claustros suele ser victoriosa, además de que el enemigo es común a todos los que transitan por las instituciones educativas.

Un día antes la ministra Pettovello anunció un 70% de aumento del presupuesto universitario; anuncio que parece grande pero al mirarlo de cerca se hace muy pequeño… Y esto porque es el aumento de una parte del presupuesto, del pequeño 10% que es para gastos de funcionamiento, el 90% restante se utiliza en sueldos de docentes y no docentes, por lo cual el impacto real de esta suba es de un 3,5% del presupuesto general.

Estas decisiones tienen un fundamento y una finalidad: desfinanciar la educación pública para desprestigiarla y luego imponer lógicas mercantiles de privatización y/o arancelamiento; nada nuevo bajo el sol si tenemos en cuenta que en muchas universidades ya existen convenios con el sector privado para recibir fondos económicos a cambio de mano de obra gratuita calificada.

Subsidios malos y subsidios buenos

En este marco de “motosierra y licuadora” para los salarios docentes y el presupuesto educativo, el gobierno nacional sale con el anuncio de los “voucher”, que en realidad no son tales. Los voucher son una suerte de “créditos” que el estado otorga a las escuelas en función de su matrícula: es decir, el criterio de financiamiento educativo es la cantidad de estudiantes inscriptos. Este sistema plantea el abandono de cualquier asignación estratégica del presupuesto (apuntalamiento de ciertas regiones y/o poblaciones, por ejemplo) y lo reemplaza por la “regulación del mercado”. Como el mercado es anárquico, lo que termina pasando es una cristalización de escuelas para ricos y escuelas para pobres: este es el resultado del modelo de voucher en Chile.

Lo que anunció el gobierno la semana pasada es en realidad un subsidio para pagar cuotas, la mitad del monto por tres meses. Por los requisitos de acceso, no es un “subsidio para ricos”: los ingresos familiares deben de ser de $1.400.000 para abajo, la escuela debe tener un subsidio de al menos el 70% y la cuota máxima de $57.000. Pero no deja de ser un subsidio a la educación privada en medio de un desfinanciamiento colosal de la educación pública y en el marco de una quita de subsidios a casi todos los bienes y servicios que consume el pueblo: así, a las familias beneficiarias, durante tres meses le van a devolver un poquito de lo que le sacaron con el aumento del transporte, de la luz y de la nafta.

El gobierno presenta la medida como una “relación directa con las familias. En realidad, la relación directa es con las escuelas, que reciben subsidios de los gobiernos provinciales por cantidad de matrícula. Si en este contexto económico, una familia ya no puede pagar la cuota, saca a su hijo de la escuela privada, que pierde parte del subsidio. Con esta medida, el gobierno nacional favorece que las familias se queden en la escuela privada y que las provincias, a las que les sacaron los fondos nacionales, sostengan los subsidios. 

Déficit fiscal cero ¿a qué costo?

Todos estos ajustes presupuestarios, y los que vendrán, son en el marco de su plan de reducción a cero del déficit fiscal; dicen que no hay plata, pero en realidad sí hay, la pregunta es para quién o para qué…

Para docentes no, para personal de salud no, para científicos no, para jubilados no, para comedores no, para personas con discapacidad no, para pacientes oncológicos no… Pero para subsidiar a empresarios amigos, para crear cargos para los militantes libertarios o sus familiares, para que la fuguen o para pagar la deuda externa fraudulenta e ilegítima sí hay plata.

¿Cuál es el costo no monetario de este ajuste brutal? El hambre, la pobreza, el desmantelamiento del estado, la pérdida del acceso a la educación y la salud.

Se hace urgente y necesario que las reivindicaciones y disputas de cada sector confluyan en medidas de fuerza y reclamos generales, como fueron el paro del 24 de enero y los cacerolazos espontáneos en diferentes ciudades del país; que cobre fuerza la lucha popular camino hacia un paro activo y piquetero que derrote el ajuste de Milei y su casta.

Teresa Gambandé