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¿Qué relación guardan los servicios de inteligencia, el desvío de subsidios a la industria y la defensa de funcionarios corruptos con la universidad pública y gratuita? La UBA y su dirigencia son un fiel reflejo del proyecto kirchnerista para la educación superior.
La SIDE y la UBA
El dato sorpresivo de lo que va del 2015 en la UBA, fue la licencia que el vicerrector Darío Richarte se tomó del ejercicio de su cargo durante la sesión del Consejo Superior del 5 de marzo.
Sin embargo, licencia no es renuncia: la novedad nos recuerda, por si lo habiamos olvidado, que a la UBA la co-dirige un ex funcionario del espionaje estatal, surgido de la UCR (ex Franja Morada, hoy Nuevo Espacio) y vinculado al Grupo Veintitrés, del empresario Sergio Szpolski. Su llegada al segundo cargo más importante de la universidad fue parte del armado radical-peronista que forjaron Alberto Barbieri (actual Rector) y Jorge Capitanich, quienes lo promovieron con el objetivo de garantizar impunidad a los responsables de los negociados turbios con la UBA. Richarte conoce el papel: hizo lo mismo en la época del Rector Oscar Shuberoff (recordada como la más corrupta de la historia universitaria) y luego, como director de la SIDE, fue acusado por un “faltante” de 18 millones de pesos.
El alejamiento temporal del cargo por 90 días ocurre cuando los servicios de inteligencia pasan al centro del escenario en la disputa entre el oficialismo y la oposición por el control del poder estatal en todos sus planos, que se profundizó luego de la muerte del fiscal Nisman. La decisión de Richarte es posterior a la ruptura entre el jefe de los espías -”Jaime” Stiuso- y el gobierno kichnerista, y a la renuncia de su estudio de abogados como representante legal de Amado Boudou en la causa Ciccone. Recordemos que, en el pasado, su estudio aprovechó el contacto fluido con la SIDE para eirigirse en defensor de kirchneristas acusados de corrupción, como Abal Medina y Alfredo Scoccimarro (por el desvío de fondos del Fútbol para Todos) o Claudio Uberti (por el caso de la valija de Antonini Wilson).
Hoy las aguas parecen correr hacia otro lado: Richarte se aleja del gobierno nacional y por ende pone pausa en su cargo de vicerrector. Emiliano Yacobitti (Secretario de Hacienda de la UBA, de UCR - Nuevo Espacio) y Alberto Barbieri aceptaron su alejamiento, pero lo encubrieron bajo el motivo “razones personales”. Es decir, por precaución lo pusieron en el freezer pero lo cuidan para sacarlo más adelante, cuando las aguas esten más calmas y vuelvan a necesitar de sus “servicios”.
Con todas las idas y venidas, no hay que perder de vista el panorama global. Y al respecto nos hacemos la pregunta: ¿qué tiene que ver un experto en espionaje con la educación pública? ¿Con qué justificación académica accede a un cargo superior en la UBA? ¿Qué clase de proyecto académico puede encabezar? ¿En qué colabora con la ciencia y el progreso social? Evidentemente, el “proyecto nacional” y sus aliados circunstanciales en la UBA no tienen estas preocupaciones a la hora de manejar la universidad.
La cúpula “industrial” del Rectorado
Si hablamos de proteger negociados, no podemos dejar de mencionar la última perlita de la UBA.
Debora Giorgi forma parte de la organización política KOLINA -fundada y dirigida por Alicia Kirchner- y fue nombrada ministra de Industria en 2010 por Cristina. Desde aquel Ministerio formó un complejo entramado para derivar fondos hacia funcionarios de la UBA -entre muchos otros-, enmascarados como subsidios a la producción industrial.
En la universidad, están involucrados cargos de alto rango como Emiliano Yacobitti y Jose Luis Giusti (Decano radical de Cs. Economicas), las “manos derechas” del Rector Alberto Barbieri. ¿Cómo funciona el esquema?
La conexión entre la UBA y el mencionado Ministerio corre por cuenta de dos personajes. El primero es Juan Cruz Arce, profesor de Cs. Económicas, director de Compras en el Ministerio de Industria y consultor en el Gobierno de la Ciudad. El otro es Sergio Gastón Ricardo, funcionario de Cs. Económicas y gestor allegado al Ministerio de Industria. Éstos son el centro de una larga serie de vínculos entre empresarios, gente del Ministerio y funcionarios de la universidad: socios en las mismas empresas, profesores que son asesores del Estado, funcionarios y empresas con los mismos domicilios fiscales, etc.
El pago de los subsidios era autorizado por estos profesores-funcionarios y llegaban a las manos de diversas empresas. Los dueños de estas empresas eran esos mismos funcionarios, junto con los popes de la UBA (Yacobitti y Giusti). Es un círculo vicioso, donde se encuentran tanto quienes pagan los subsidios como quienes los cobran y los auditan. Porque el agravante es que la UBA es una de las instituciones a cargo de controlar y garantizar la transparencia en su otorgamiento… ¡vaya transparencia!
Doce años de kirchnerismo
En el 2015 coinciden los 20 años de la LES y el fin del ciclo kirchnerista, en el marco de los cuales sale a la luz el uso de la educación pública -y del Estado en general- como plataforma para negociados, corruptelas y clientelismo político, sin distinción de banderas. Es decir, la podredumbre no se limita al partido dirigente o una figura en particular, sino que alcanza al conjunto del régimen político.
El dinero en grandes cantidades -los subsidios en cuestión se cuentan por millones de pesos- funciona como aglutinante: en este entramado aparecen pejotistas, kirchneristas, radicales y macristas por igual, cada cual con sus aspiraciones específicas de poder. Lo común a todos ellos es la aplicación de un proyecto académico contrario a los intereses de la educación pública, que digita nacionalmente el kirchnerismo. Actualmente, esto toma la forma de una combinación entre bajo presupuesto, sueldos miserables, vinculación con empresas privadas y disposición del conocimiento al servicio del mercado.
Al mismo tiempo, los negocios funcionan como aceite: mantienen en funcionamiento un aparato político-electoral de gobierno inserto en las más diversas áreas del Estado, entre ellas la educación superior. Las fracciones de este aparato se disputan violentamente el poder, los cargos políticos y su presupuesto o “caja”. La magnitud de la pugna por los cargos de dirección en la UBA va en relación directa con las posibilidades económicas y políticas que otorgan.
Los órganos de gobierno en la UBA están tan “colonizados” por este entramado, que ambos constituyen una y la misma cosa: son inseparables. Los consejos directivos, el superior, los decanatos y rectorados existen y sobreviven porque son los puestos de batalla de carreristas políticos, los canales de los negociados corruptos, la base para la asociación con empresas privadas, los espacios para disponer del presupuesto a discreción. Tanto así, que la famosa “democratización” de la UBA no puede alcanzarse con una modificación de los criterios electorales o con una reforma en los órganos de co-gobierno, porque quienes dirigen la universidad no se apoyan en las formalidades del estatuto sino en el poder político y económico real.
Al contrario, la posibilidad de enfrentar este proyecto y conquistar un gobierno universitario y una educación superior que respondan a las necesidades de los sectores populares, reside en la lucha de docentes y estudiantes, en sacudir los cimientos de una UBA corrompida y mercantilizada, patear el tablero del poder y gritar fuerte “que se vayan todos”.
Pero para llegar a destino, primero hay que comenzar a andar. La relativa fortaleza de la dupla Barbieri-Richarte está mostrando sus primeras fisuras: es momento de reorganizar al movimiento universitario en torno a la disputa por quién ocupa el poder en la universidad y con qué proyecto académico.
David Paz
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