El Salvador - El detrás de cámara del gobierno de Bukele

La profusa difusión que han tenido en las últimas semanas algunos videos sobre el encarcelamiento de las maras en El Salvador, ha despertado entre la dirigencia política y los principales medios de comunicación una exaltación reaccionaria al estilo “cárcel o bala” de un lado y la hipocresía progresista del otro. Ambas posturas coinciden en estar completamente alejadas de la solución al surgimiento y arraigo de las organizaciones criminales de cualquier tipo. 

En El Salvador las maras comenzaron a operar en la década de los '90, luego de haber sido deportados del oeste de los Estados Unidos, donde habían empezado a funcionar entre migrantes centroamericanos. Estos grupos, dedicados a actividades como secuestros extorsivos, asesinatos por encargo, narcotráfico, extorsión, llegaron a tener en este siglo un desarrollo y control territorial que llevó a El Salvador a ubicarse en los primeros puestos mundiales de criminalidad. Los gobiernos del FMLN y de ARENA (los dos partidos que se turnaron en el poder en los últimos treinta años), lejos de resolver el problema, han visto crecer el fenómeno bajo su sombra.

El desprestigio acumulado de ambas coaliciones dejó liberado el camino para que un empresario, “outsider” de la política y autopercibido “anticasta” como Nayib Bukele, aprovechara la oportunidad. Apoyado en la personería electoral de un viejo partido de la derecha salvadoreña -la Gran Alianza Nacional- llegó a la presidencia en 2019. 

Si bien en los últimos tiempos su figura ha tenido repercusión mundial por la imagen que su propio gobierno difunde, de inflexible e impiadoso con los delincuentes organizados en las maras, el recorrido de su gestión ha sido por lo menos sinuoso en este terreno. Al poco tiempo de asumir la presidencia su política hacia estos grupos consistió en un acuerdo con sus líderes, mediante el cual éstos se comprometían a reducir el nivel de violencia, especialmente los asesinatos, y a colaborar en la campaña electoral de las elecciones legislativas de 2021. A su vez desde el gobierno se garantizaba frenar los pedidos de extradición que hacía la justicia estadounidense para los principales cabecillas, reducción de penas y beneficios varios en el régimen carcelario. Este pacto mantuvo su vigencia durante casi los primeros tres años del gobierno de Bukele.

El acuerdo fue beneficioso para ambas partes. Las pandillas vieron garantizada la no extradición de sus líderes, vieron reducidas sus condenas, y pudieron mantenerse activas en todo el territorio nacional, esto es, recaudando los frutos de sus extorsiones al pueblo y manejando el narcotráfico como de costumbre, solo que evitando las masacres que habían hecho famoso a su país. El gobierno pudo mostrar estadísticas sorprendentes: la tasa de homicidios, que en 2015 superaba los 100 cada 100.000 habitantes, se redujo en 2021 a 20 cada 100.000. Y, lo más importante, Bukele logró un triunfo en las elecciones que le permitió tener mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. 

Apenas logrado el control del parlamento, el gobierno destituyó a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los sustituyó por jueces afines, quienes devolvieron el favor inmediatamente habilitando la posibilidad, prohibida en la Constitución, de la reelección presidencial.

El pacto con las maras resistió al menos tres masacres. La última, que terminó rompiendo definitivamente el acuerdo, sucedió en marzo de 2022 y se cobró la vida de 87 salvadoreños. Pero hubo dos anteriores. Una a finales de abril de 2020, en plena cuarentena, donde las maras asesinaron a 76 personas y otra en noviembre de 2021, cuando las pandillas asesinaron a 45 personas. Después de las dos primeras masacres los funcionarios del gobierno tuvieron reuniones con los capos criminales en las cárceles y prorrogaron el pacto. La tercera habilitó un giro en la táctica hacia las bandas. Después de más de 200 muertes, el gobierno consideró que el acuerdo estaba agotado. A partir de este momento se dictó el Estado de Excepción en todo el territorio nacional (un equivalente a nuestro Estado de Sitio) y se facultó al ejército para usar la fuerza letal en las calles. Simultáneamente se puso en marcha un show propagandístico con miles de hombres con las cabezas rapadas, esposados en el patio de una cárcel y custodiados por uniformados encapuchados y con armas largas. Luego vino la construcción en tiempo récord de una mega cárcel (la más grande de América en el país más pequeño del continente), y la difusión internacional y repetitiva de diversos videos donde los funcionarios penitenciarios y el propio Bukele se vanaglorian de su “lucha contra el crimen organizado”, resaltando detalles como que el Estado no les garantiza colchones ni comida a los reos. Siempre las sobreactuaciones buscan ocultar la realidad. Los presos hasta ayer eran sus socios y protegidos.

Lo cierto es que el estado de excepción que se dictaminó por un mes fue prorrogado doce veces y este 27 de marzo El Salvador cumple un año con sus libertades democráticas suspendidas. Desde entonces están habilitadas las detenciones arbitrarias, las prisiones preventivas se extienden hasta los dos años y en algunos casos hasta los cuatro, la edad de imputabilidad bajó a los doce años, y todo queda en manos de la policía y el ejército sin intervención de un juez ni derecho a la defensa. A partir de ahí nadie puede asegurar cuántos de los 60.000 nuevos detenidos (en un país de 6 millones de habitantes) son integrantes de las maras y cuántos no. Desde hace un año se acumulan denuncias por detenciones de dirigentes sindicales, ambientales, activistas políticos y jóvenes de los barrios más humildes de las principales ciudades. 

Como es esperable, el giro en la táctica hacia estas organizaciones ha implicado un respaldo ampliamente mayoritario al gobierno. Desactivar a las bandas criminales que durante más de veinte años vivieron de la extorsión y el terror al pueblo era la demanda número uno de la población. Sin embargo quedan algunos interrogantes. 

Primero hay que destacar que, contradiciendo lo que intenta transmitir la propaganda de Bukele y que la reacción continental repite, los números indican que el principal derrumbe de la tasa de homicidios en el país se dio durante el tiempo en que regía la “tregua” con las maras, y no a partir del régimen de excepción. Es decir, el éxito se dio en plena “luna de miel” entre maras y gobierno, justo lo contrario de lo que plantea la propaganda oficial. Por lo demás, comparar esos números con los que se puedan obtener en pleno estado de sitio carece de todo rigor científico. 

En segundo lugar, desde hace un año el control de las calles en el país está en manos de las fuerzas de seguridad (policía y ejército). Es el mismo ejército que, con instrucción y adiestramiento directo del ejército de los Estados Unidos, se encargó de la guerra contrainsurgente que se extendió en El Salvador hasta entrados los años 90. Son los mismos uniformados que masacraron al pueblo salvadoreño y a sus organizaciones revolucionarias, y que nunca fueron sometidos a juicio ni castigo alguno. El control territorial que tenían las maras, ahora empieza a tomar forma bajo la bota militar. 

En un país donde poco más de un centenar de millonarios es propietario del 85% de lo producido por todos los salvadoreños, donde un cuarto del PBI proviene de las remesas de los migrantes en EEUU, donde el endeudamiento supera el 90% del PBI, garantizar la seguridad y el bienestar de la población no es algo que se resuelva entrando al Guinness del punitivismo, como muchos quieren ver. Tampoco repitiendo el mantra hueco del progresismo acerca de las oportunidades y el garantismo ingenuo. A estas bandas se las combate principalmente dando vuelta las condiciones sociales que permiten que éstas arraiguen, es decir atacando de frente la dependencia del imperialismo y los monopolios que parasitan a nuestras naciones y pueblos en América Latina, y promueven la descomposición social sobre la cual se montan estas lacras.

Un gobierno verdaderamente popular, o sea revolucionario, deberá tener mano de hierro con organizaciones criminales por el estilo. Y mano de hierro no significa vejaciones, torturas ni revanchismo de ningún tipo, sino cortar de raíz el problema. Eliminar las condiciones que permiten la aparición y el desarrollo de estos parásitos sociales. Esto es posible sobre la base de la suspensión de la sangría que es la deuda externa y la recuperación de los recursos estratégicos, para poner todo al servicio del desarrollo y el bienestar del pueblo.

Leo Funes