El nuevo renegociador de la dependencia

No es ninguna novedad, la deuda es impagable y, sin embargo, pese a todo, el dúo Fernández con su orquesta típica insiste en honrar la misma, es decir, pagar a como dé lugar, salvo, claro está, ajustando a quienes se enriquecieron con la bicicleta financiera y el festival se bonos. Una vez más, el cuento de la buena pipa…

Parida del empréstito BaringBrothers, Argentina se subdesarrolló tras un interminable ciclo de endeudamiento. Ahora, una vez más, pareciera que la historia habrá de repetirse, a decir de Marx, como una farsa; la farsa plasmada en la arquitectura financiera urdida por Macri y los banqueros para terminar en el actual default, el ajuste en ciernes y la ejecución de las garantías.

ÉrikToussaint, portavoz de la red internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, no ha dudado en catalogar la deuda argentina como ilegítima y en sentenciar que si nuestro país se somete a los dictados del capital financiero internacional, como Grecia, el destino de la Argentina será también el de una verdadera tragedia griega. Es más, en nombre de dicho comité ha reclamado que antes de acordar el pago el gobierno argentino proceda a auditar el endeudamiento por ser escandaloso, destacando que las claves están en las decisiones y mecanismos adoptados por Macri y la auditoría realizada por el FMI a partir de 2016. 

En tal sentido, la acción judicial iniciada por Instituto Arturo Enrique Sampay, después de haber analizado los dos decretos de endeudamiento 29/2017 y 213/2017, con sus 400 fojas anexas, mediante los cuales Macri autorizó al Ministerio de Finanzas a endeudarse por 20.000 millones de dólares y 3.000 millones de francos suizos, no sólo destaca el anticipo del default contenido en los mismos -en un momento en que esto era impensado-, sino, fundamentalmente, que estos decretos siguieran los lineamientos de un memorándum del Fondo Monetario Internacional de noviembre de 2016, donde el organismo internacional dice cómo proceder para el ajuste (subir la edad jubilatoria y avanzar con la reforma laboral), y cuáles debieran ser los requisitos para el nuevo ciclo de entrega, entre ellos, el empleo de los bienes del Estado como garantía, en especial los recursos naturales (empezando por Vaca Muerta), los cuales quedarían exentos de la inmunidad soberana, o sea, que podrían ser ejecutados resignando la jurisdicción nacional, provincial o municipal, según correspondiere, dejando la competencia en manos de tribunales extranjeros.

Lamentablemente, de la misma forma que en el pasado el kirchnerismo prefiriera desconocer el fallo del Juez Ballesteros, quien estableció que la deuda externa era ilícita, optando por someterse al juez Griesa, hoy el presidente Alberto Fernández y por lo visto el gobernador Axel Kicillof, prefieren pagar una deuda impagable, desconociendo el fallo de la Corte Suprema de 2014 en el caso del fondo buitre ClarenCorporationLimited contra el gobierno argentino (dicho sea de paso siguiendo el dictamen de la procuradora general, Alejandra GilsCarbó), el cual estableció que el fallo de Griesa era nulo y lesivo para el orden público constitucional argentino.

De esta manera, a la hora de honrar la deuda, Alberto Fernández adhiere a la jurisprudencia de efecto nulo y a la anomia política. Sus recientes afirmaciones ante el diario francés Le Monde son elocuentes: “No podemos cuestionar la legitimidad de la autoridad que contrajo la deuda. Hay que hacerle frente.”, lo dicen todo.

La oferta al FMI: superávit fiscal + superávit comercial + Vaca Muerta, es clara. Sin embargo, conciente o no, Alberto Fernández juega con fuego ya que, al margen de sus convicciones, no sólo trata de intentar pagar lo que matemáticamente es impagable, sino ignorar que la negociación con el Fondo Monetario condiciona toda la agenda. La deuda se eleva a 311.000 millones de dólares (el 91% del PBI) de los cuales 44.000 millones han sido contraídos con el FMI con un perfil de vencimientos de capital e intereses inmediatos irrealizables (ver gráficos).

Solo en 2020 el gobierno deberá afrontar pagos de deuda pública –en dólares y en pesos- del orden de los USD 52.000 millones, un 13% del PBI. Pero no sólo es éste el embrollo. Los capítulos fundamentales de esta etapa: presos políticos, aborto y paritarias, penden del FMI.

A partir de la denominada extinción de dominio, las causas por corrupción: Lázaro Báez, Luis Delía, Amado Boudou, Milagro Sala, cuadernos, etc., forman parte de la negociación con el FMI. En tan sólo 11 expedientes se embargaron 7 mil millones de dólares a políticos y empresarios, el 15% de lo que habrá que pagarle al FMI (ver El Cronista 28-01-19), y en este recuento, más allá que algunos afirmen que, cual soldado japonés, Bonadío perdió la noción del tiempo, el ex juez fue fundamental para sumar a favor de los acreedores.

En cuanto al aborto, la tregua con los pañuelitos celestes también está en veremos. Como es sabido, según la Iglesia y sus voceros, como Roberto Castellano de la ONG Pro Vida, la legalización del aborto figura entre las exigencias del FMI cuya pieza clave es el control de la natalidad. La cuenta es muy simple: “la Asignación Universal por Hijo (AUH) se paga desde el tercer mes de embarazo y hasta los 18 años de edad, totalizando 222 meses. Como contrapartida una caja de Misoprostol equivale a dos meses de AUH, es decir, se ahorran 220 meses sobre millones de niños ”que pueden ser dirigidos a lograr superávit fiscal”.

Finalmente está la cuestión salarial. El gobierno está privilegiando una línea de alianzas con los sectores más recalcitrantes, como Roberto Fernández de la UTA, o socios sindicales como Roberto Baradel, dispuestos a aceptar la denominada “moderación de los reclamos”, demoras en los pagos de aumentos, sumas fijas, ajustes salariales y todo lo que exija el Fondo, en detrimento de sectores decididos a empujar acuerdos paritarios por encima de los techos “sugeridos”, como Hugo Moyano, quien acaba de acordar un 26,5% para los camioneros en dos tramos, absorviendo las sumas fijas que otorgó la Casa Rosada, lo cual representa una mejora del 49,5% en un año. Algo impensado para muchos trabajadores.

En definitiva, estamos frente a una reedición de la burguesía renegociadora de la deuda, venida a relevar a su variante capituladora ante al gran capital financiero internacional. Es probable que ambas sean diferentes, pero, en lo sustancial, esto no se nota.

Jorge Díaz