Editorial - Un año de gestión, muy poco para festejar

“En medio de semejante crisis logramos que no haya argentinos con hambre”, dijo Alberto Fernández en la conferencia de la UIA. En el mismo día se dieron a conocer las cifras del último informe de la UCA, según el cual la pobreza llega al 44,2% y la indigencia al 10,1%; entre los menores de 18 años las cifras se elevan al 64,1% y 16% respectivamente.

Este cuadro se completa con otros datos igual de preocupantes. Según el INDEC, la inflación acumulada a octubre trepó al 26,9% y las proyecciones la ubican a fin de año entre el 35% y el 37%. Por encima de estos números está la inflación en los alimentos: si la suba de precios en general fue de 3,8% en el último mes, la de los alimentos fue de 4,8%, lo que representa un mayor castigo al bolsillo popular.

Siempre según este organismo, la canasta familiar trepó en octubre a los $49.911, muy lejos del salario mínimo vital y móvil, que por el último aumento subió a $20.587, cifra que no alcanza siquiera para cubrir la canasta alimentaria, estimada en $20.710. Lo mismo vale para la jubilación mínima, que hoy está en $19.035; ni hablar de los beneficiarios de planes que van de los $8.500 a los $9.500 pesos. Por su parte, la tasa de desocupación se ubicó en el 13,1%, la más alta en 15 años.

Volviendo al trabajo de la UCA, quienes lo realizaron sostienen que sin las medidas sociales adoptadas por el gobierno, la pobreza hubiera trepado al 53% y la indigencia se hubiera duplicado. Es justo señalarlo, aunque para tener un panorama completo de la situación, hay un párrafo del informe que es muy sugerente: "Si bien hubo mejoras durante la década, la desigualdad estructural ha aumentado, con mayores déficit y brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna". 

Aquí está la principal capitulación del gobierno peronista, que durante este año dejó clara su falta de vocación para avanzar en reformas estructurales. Nadie puede desconocer los trastornos provocados por la pandemia, así como también es real que la herencia dejada por el macrismo fue desoladora. Pero eso no quita la actitud servil que mostró el gobierno frente a los poderes económicos. Se vio con el retroceso escandaloso tras plantear la intervención o expropiación de la vaciadora y estafadora Vicentín; cuando se llamó a silencio luego de insinuar que se podría intervenir el sistema de salud y los gigantes del negocio pusieron el grito en el cielo; con la decisión del desalojo de Guernica en nombre de la propiedad privada; con el acuerdo con los bonistas y próximamente con el FMI que, por más que quieran presentar como éxito, ratifica una hipoteca sobre el futuro del país. 

Nunca tan lejos las banderas históricas que alguna vez levantó el peronismo en cuanto a soberanía política, independencia económica y justicia social. A lo máximo que pueden aspirar es a administrar la pobreza para que no estalle. Esto es lo que explica que se haga una mayor inversión en diciembre para los más pobres: duplicación de la tarjeta alimentaria, devolución de lo retenido en la AUH, bono de fin de año, caja navideña, etc. Por las dudas, también van a estar desplegadas la gendarmería y la bonaerense. Con esto descomprimen la situación de cara a las fiestas y alejan el fantasma de diciembre, que desde hace 19 años merodea todos los fines de año. Pan para hoy, y para mañana se van a empezar a regir con un presupuesto de cinturón apretado, ya que se ofenden cuando se habla de ajuste.

Un presupuesto de ajuste

“No hay ninguna presión del FMI”, afirmó Santiago Cafiero en una entrevista televisiva. Si le creemos al Jefe de Gabinete, habrá que encontrarle otra explicación a los números del presupuesto 2021. 

Según la ley aprobada, el gasto total aumentará el 17,8%, frente a una inflación prevista de 29%. Desde el oficialismo insisten en que hay que comparar este presupuesto con el de un año “normal” y no con el 2020 signado por la pandemia. Sin la ayuda social del último año, se prevé una caída del gasto público del 10%. También va a haber ahorro en varios rubros sensibles como las jubilaciones y pensiones, con una disminución de 0,6%, incluyendo en la comparación el bono otorgado por única vez durante la emergencia; las asignaciones familiares, 7,3%; las pensiones no contributivas, 6,7%; y las prestaciones del PAMI, 26,1%. 

Se le puede conceder a Cafiero que el pago de intereses de deuda se reduce de un 3,5% del PBI a un 1,5%. Sigue siendo un número alto: es más de lo que se va a destinar a salud donde, dicho sea de paso, el recorte va a rozar el 10%. También hay que decir que algunos números aumentan, como el subsidio a las empresas energéticas, para beneplácito de Tecpetrol del grupo Techint.

Apuran proyectos para cerrar el año

Con muy poco para ofrecer de cara al aniversario de su gestión, el gobierno apuró dos proyectos legislativos para terminar el año con algo rescatable para mostrar. 

El llamado “impuesto a la riqueza” fue revivido luego de meses durmiendo en las comisiones parlamentarias, previo acuerdo con los principales empresarios del país. El propio tono mendicante de sus impulsores, insistiendo en que es un aporte por única vez que se les pide a los principales multimillonarios, nos exime de dar mayores explicaciones de su alcance limitado. Centrar el debate en la riqueza desproporcionada es un eje correcto, pero la resolución que se le pretende dar es sumamente pobre. Hablamos de los fugadores y evasores seriales, cuya voluntad de pagar este y otros impuestos está por verse, sin descartar que acudan a la impugnación por vía judicial. Es uno de los efectos colaterales de defender la propiedad privada a capa y espada. Sin entrar a cuestionar la concentración monopólica de las principales palancas económicas, el problema no se resuelve. Quienes quieran ver en esta medida una vocación redistributiva, se conforman con poco. 

Sobre el destino de lo recaudado, queda bajo la lupa ese 25% al desarrollo gasífero. Lo que en principio se presenta como un subsidio a la actividad de YPF, es denunciado por distintas asambleas ambientales como un nuevo impulso al fracking.

El otro gran tema de debate parlamentario es el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con un poroteo que en principio le da números favorables a su aprobación, el gobierno se lanza a levantar esta bandera aun a costa de resentir a su tropa propia -principalmente al peronismo del interior- y otorgando en el camino concesiones infames como la objeción de conciencia institucional. Pero si aun con estos límites se avanza en esta reivindicación histórica del movimiento de mujeres, será una victoria sobre todo de la marea verde que nunca perdió su vocación de lucha en la calle, como se volvió a ver en la movilización al Congreso y en el resto del país. Se equivoca Alberto Fernández si cree que la aprobación del aborto legal le va a dar un rédito a largo plazo. 

Fortalecer la movilización

Todos los pronósticos que hace el gobierno de cara a su segundo año de mandato, parten de suponer que la pandemia será controlada en los próximos meses, vacuna mediante. Si así fuera, de todas formas 2021 será un año de muchas dificultades. La deuda externa, cuyos intereses no dejan de pagarse, es una loza sobre la economía y una condena para el pueblo; más allá de algún rebote luego de la profunda recesión, lo que asoma en el horizonte son los emprendimientos mega mineros y el acuerdo por los chanchos con China. Mayor reprimarización de la economía, con costo ambiental cada vez más alto.

Las condiciones de vida del pueblo han empeorado. No así la tendencia a movilizarse, al menos en los territorios, donde el hambre y la desocupación hacen estragos. La provisión de alimentos es insuficiente, el trabajo no aparece, y cuando se ocupan tierras ociosas para levantar un techo propio, la respuesta es desalojo y represión. Pero la reflexión principal que estimula aquella tendencia es la decepción, dado que los cambios estructurales prometidos contra el poder económico y financiero nunca fueron asumidos, a la par que la inflación y los despidos no han cesado. Y junto a la frustración crece también la certeza de que luchar, organizarse y unirse desde abajo, son las claves para enfrentar lo que viene.

Los trabajadores ocupados, más allá de las dificultades creadas por la pandemia, pelean en distintas provincias. Estatales, choferes de colectivos, docentes, profesionales de la salud, aceiteros y sectores de la gran industria, se movilizaron por sus salarios, contra suspensiones y despidos. Todos esfuerzos por abrirle paso a la movilización obrera, que encuentra un serio obstáculo en la actitud servil de la CGT, que en esta pandemia, más que nunca, se dedicó a cuidar los intereses empresarios. Tampoco ayuda la claudicación ante el gobierno de la CTA de Yasky. La CTA Autónoma, con otro margen pero sin desmarcarse del FdT, tampoco asume de los intereses de los trabajadores. 

También se destacaron las movilizaciones en defensa del medio ambiente, contra la megaminería, la contaminación y las quemas intencionales. En otro plano, la marea verde que irrumpió con fuerza para garantizar la media sanción, se prepara para impedir que el Senado vuelva a frustrar el derecho al aborto legal. De igual forma, la pelea antirrepresiva quedó planteada en la exigencia de justicia por Facundo Castro, pasando por casos de gatillo fácil y denuncia de funcionarios represores.

En el camino de ampliar la lucha contra el ajuste, las experiencias en determinadas provincias han logrado romper con la contención impuesta por la dirigencia oficialista. Allí se pudo concretar detrás de ejes comunes la confluencia o unidad a partir de instancias de coordinación, que habrá que consolidar, pero cuya capacidad supera los frenos impuestos por las CGT provinciales. Tal el caso de Chubut alrededor de la minería y la crisis provincial, en Chaco contra la represión y por la destitución del represor Olivello, en Jujuy contra la miseria salarial a partir del paro y cortes convocados por los municipales provinciales. Experiencias limitadas por cierto, pero las únicas a su vez que abren rumbos para fortalecer la unidad desde abajo y para que los trabajadores sean los verdaderos protagonistas.   

En otro plano, la denuncia de la deuda externa, motorizada por el Juicio Popular junto a las demás iniciativas de la Autoconvocatoria, significó una importante movilización política de carácter frentista que todavía tiene mucho campo para desplegarse. No hay destino sin romper con la dependencia eterna que implica el pago de la deuda, y en ello radica una base sustancial del antiimperialismo.  En la misma línea, otras actividades como la campaña contra el crimen de las niñas Villalba en Paraguay y, por la repatriación de Facundo Molares. Experiencias que van apuntalando los cimientos del frentismo político, en donde unifican acuerdos básicos, para desde ahí discutir fraternalmente la salida de los de abajo, en donde aportamos nuestra posición sobre los cuatro puntos elementales para romper con la dependencia: no pago de la deuda, nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior y nacionalización de los recursos estratégicos.

En la conferencia en que anunció la compra de la vacuna rusa, Alberto Fernández dijo que no quiere volver a la anterior normalidad. Nosotros tampoco. Y la vuelta a tal normalidad traerá también mayores posibilidades para la movilización en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios, desde donde pretendemos motorizar la lucha por una nueva realidad.

Agustín Damaso