Detrás de la corrida, una gran crisis política

Desde marzo al 4 de mayo, el Banco Central vendió U$S7.700 millones. Es decir, el 12% de las reservas brutas, incluidos aquellos U$S9.000 millones obtenidos al inicio del año. Días después vendió U$S2.300 millones más. El total de préstamos extranjeros al cierre de los tres años de gestión, superarían los U$S90.000 millones. Deuda improductiva adquirida para compensar el déficit fiscal, a razón de U$S 30.000 por año, y sostener el llamado gradualismo. El monto de las reservas promedia los U$S57.000 millones, de los cuales son de libre disponibilidad tan solo U$S26.000 millones. Cabe aclarar que dichas reservas no son genuinas, es decir no surgieron a partir del saldo comercial favorable entre exportación e importación, sino de aquellos préstamos externos mencionados. El saldo comercial de 2017 fue negativo en U$S8.500 millones, y este que transcurre puede cerrar entre 12 a U$S13.000 mil millones también negativo. Por lo tanto, aunque el estado demuestre solvencia contable, la capacidad de pago del país está quebrada, al punto que si el 15 de mayo, cuando vencieron $677.000 millones en Lebacs, sus poseedores hubiesen decidido no renovar, comprar dólares y retirarse, el Banco Central no hubiera tenido fondos suficientes y habría entrado en una virtual cesación de pagos. Aunque ello no sucedió el 15, la corrida cambiaria, siempre es una posibilidad latente cuando los capitales “golondrinas” disponen de tantas ventajas. Los fondos que fugan no lo hacen solo por el impuesto (0,5%) a las rentas que entró en vigencia, ni tampoco por la revaluación del dólar en la Reserva Federal de EEUU, sino fundamentalmente por la desconfianza política y la volatilidad del mercado visto los titubeos y sucesivos fracasos del proyecto. El riesgo país en su techo máximo, inflación creciente, devaluación sin pausa, precios descontrolados, tasas descomunales e internas dentro del propio equipo, desplazaron el discurso y han puesto la gobernabilidad de los CEOs en prolongada defensiva de la cual no logran reponerse. Los tira y afloja buscando culpables, entre Sturzenegger y Quintana, por la fuga de divisas y el fracaso de la flotación administrada, quedaron marcados en los correctivos posteriores. Los tres anuncios: libre flotación cambiaria, elevar las tasas de interés del 27 al 40% y la reducción de $30.000 millones en el presupuesto de obras públicas, pueden servir para congraciarse con el FMI, pero no para recuperar iniciativa dado su contenido claramente recesivo.
Reducir el ahogo financiero y la corrida, a una cuestión de coyuntura desconociendo la crisis económica-política que transcurre, sería de un simplismo absoluto, además de un error, en la medida que no se ataque el carácter estructural de la misma. El socorro crediticio del FMI puede aliviar la coyuntura financiera de la facción gobernante pero no resuelve la crisis instalada. Por el contrario, agrega un eslabón más a la cadena de sumisión nacional que se arrastra por décadas, y en este caso servirá también para profundizar el control sobre otros recursos, como el yacimiento de Vaca Muerta, los glaciares, la energía, acuíferos, INVAP, etc. Sin liquidar la concentración monopólica como factor determinante del capitalismo dependiente, no hay soberanía alguna ni posibilidad de terminar con la pobreza, la desigualdad y explotación. Se requiere de políticas revolucionarias, activas, que sirvan en esta instancia de impotencia en la gobernabilidad de la gran burguesía para elevar la lucha de masas y programática detrás de una salida popular con los obreros a la cabeza, visto la incompetencia de quienes se yerguen hoy como oposición pero que al momento de ser gobierno tampoco arremetieron sobre el poder de tales monopolios.

La suba de tarifas no pasará

El rechazo popular a los tarifazos no fue suficiente aviso para la reflexión oficial. Consideraron que, ante el fracaso de las metas antinflacionarias definidas, la no eliminación de los subsidios agravaría el déficit fiscal. No importó que en el primer trimestre del año por los intereses de las Lebacs se pagaran $60.000 millones en lugar de compensar tarifas. Solo la superficialidad con que actúan los funcionarios y la obsecuencia para cumplir con las empresas proveedoras, explicaría por qué imaginaron que se podía aplicar, sin reacción de la ciudadanía, los escandalosos aumentos, en luz 1.490%, en gas 1.300%, en agua 990%, transporte 275%, etc. Todo esto en el marco de la pérdida de poder adquisitivo, de las fuentes laborales, y la decepción de muchos de sus votantes. Los tarifazos fueron los detonantes, pero los fracasos sucesivos desde los brotes verdes que nunca llegaron, hasta la transparencia o nueva forma de hacer política por parte de ministros que no pueden explicar el origen de sus fortunas, contribuyeron al escenario actual donde se torna prácticamente irreversible una salida decorosa del plan macrista. El desembarco del Fondo, antes que una solución, supone agregar más leña al fuego. La cuestión financiera ha devenido en crisis política en momentos que los trabajadores ocupan las calles y se niegan a seguir siendo el pato de la boda.

Con o sin veto, asoma la rebelión

El proyecto aprobado en diputados que retrotrae las tarifas a valores de noviembre 2017 y desde allí aumentarían acorde a los salarios, alivia, pero no resuelve en este marco de carencias y dificultades crecientes. Aún falta pasar el filtro del Senado, y luego quedaría expuesto al veto presidencial. De ocurrir esto último, tampoco sería factible el cobro porque la plata no alcanza y las facturas empiezan a rebotar. Los vecinos se organizan en los barrios para impedir los cortes del servicio. Afloran las multisectoriales contra los tarifazos en una verdadera rebelión fiscal, preámbulo de una rebelión más general, que condiciona y empuja a su vez para que la burocracia de la CGT, por esta y otras demandas avancen con el paro general. El llamado a los empresarios para que sujeten los precios de los productos que integran la canasta, no se acompaña en la realidad visto los aumentos constantes que experimentan las góndolas. La devaluación incesante del peso, se traslada inmediatamente a precios y con ello se modifican todas las variables económicas, sin considerar aún los aumentos de combustibles que se postergarían por dos meses, luego del oneroso acuerdo establecido con las petroleras. Los recargos que se demoran este mes se aplicarán todos en el segundo semestre. Bancos internacionales, entre ellos HSBC, han reducido el pronóstico de crecimiento del PBI argentino de 2,5 a 1%, y a su vez aumentado el índice inflacionario anualizado hasta el 26%. Advierten sobre el decrecimiento y la apertura de un ciclo recesivo que se prolongaría hasta el segundo trimestre de 2019, y determinan que para dicho año el país necesitará U$S33.000 millones más para atender el déficit fiscal. En este marco el desfasaje entre el salario y la inflación supera todos los cálculos previstos, de forma tal que la dirigencia sindical que presurosa corrió a firmar por el 15% en cuotas, sin consulta alguna, quedó expuesta por su complicidad con el gobierno ante la bronca de sus propios afiliados. Más aun quienes firmaron por debajo de ese monto.
Así la suma de los hechos da cuenta de una crisis política donde, por una de sus ventanas, asoma la rebelión popular.

A.Z.