De Clarín a Telefónica

Se cumplieron cinco años desde la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (más conocida como “ley de medios”) y la “democratización de las comunicaciones” anunciada por el kirchnerismo quedó en una promesa vacía, una alegoría de la “revolución productiva” de Menem.

Para festejar este quinto aniversario, el kirchnerismo, a través de su pingüino en el AFSCA Martín Sabatella, decidió no aceptar el plan de adecuación presentado por el Grupo Clarín y aplicarle la “adecuación de oficio”. Una maniobra propia de un gobierno incapaz de hacer pie frente a la crisis y que requiere alimentar “el relato” con guiños para la propia tribuna. Una decisión que dilatará nuevamente la aplicación total de la ley y que seguirá por los carriles judiciales hasta el 2015, lo que significará que el próximo gobierno será el que tenga que hacerse cargo.
Ahora el gobierno presentó un proyecto de ley conocido como “Argentina Digital”, controvertida propuesta que le abre las puertas del negocio audiovisual a las telefónicas, algo vedado por la ley de medios. En la década ganada el kirchnerismo nos mostró cómo se hace para pasar de ser los paladines de la pluralidad de voces a los garantes de la concentración monopólica.
La iniciativa pretende regular las telecomunicaciones fijas y móviles, redes de conexión a Internet, satélite y televisión por cable. Caben destacar algunos puntos sensibles del nuevo proyecto: por ejemplo que define a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como “servicio público en competencia” y será la Autoridad de Aplicación (a cargo del Poder Ejecutivo) quien definirá cuándo y cómo los grandes operadores “desagregarán” su red local (es decir, deberán abrir su red a otros). Con las telefónicas autorizadas a prestar servicios audiovisuales, esta se transforma en una ley a la medida de Telefónica, para permitirle quedarse con Telefé, el principal canal de la televisión de aire.
El kirchnerismo quiso vender humo con la “democratización de las comunicaciones” y la “pluralidad de voces”, incorporando en un 33% a los medios sin fines de lucro, cuestión que al día de hoy no se cumple. No hay plan técnico que permita ordenar el espectro radioeléctrico (central para otorgar nuevas licencias), ni presupuesto para las pequeñas televisoras y radios. Aunque algunas ganaron becas, más para silenciarlas que para apoyar la comunicación comunitaria: las licencias que se otorgaron han sido para las universidades y para sectores ligados al gobierno. Mientras tanto, inyecta recursos estatales para estimular el crecimiento de grupos empresariales como Vila-Manzano, Indalo (Cristóbal López), DirecTV, González-González o Electroingeniería.
Ya lo señalamos una y mil veces: no existirá la democratización de las comunicaciones mientras exista la libertad de empresa, cuando los grandes medios manejan como títeres a los candidatos o pretenden posicionarlos. Los que realmente queremos que los medios sean de y para el pueblo debemos seguir luchando sinceramente contra los monopolios, contra la precarización laboral a la que son sometidos los trabajadores de los grandes grupos mediáticos, a la falta de visibilidad de los conflictos obreros o la parcialidad en su transmisión. La comunicación será de los trabajadores cuando sean ellos los que tengan el poder y los medios estén a su servicio.