Crecen las dudas sobre la capacidad del gobierno

Nada para festejar en el primer año de Macri. Por el contrario, los resultados altamente negativos de la gestión quedan certificados en los 2 millones más de pobres, en el incremento de los despidos y suspensiones, en la caída de la actividad industrial 8% y la construcción 19,2% en octubre, en el mayor endeudamiento y apertura a las multinacionales, entre otros. Trasladar expectativas hacia el año entrante, de la misma forma que fueron cerrando trimestres sin que aparezcan los llamados “brotes verdes”, es un recurso que no alcanza para ocultar la decepción que se extiende en franjas de su propio electorado. Allí estuvo el dato más preocupante que circuló en el retiro efectuado en Chapadmalal el 02/12. La necesidad de producir un giro quedó instalada en el debate interno. La urgencia por salir del pozo recesivo se transformó en cuestión política y apura la necesidad de introducir cambios que, según planteos del diputado Monzó, otorguen mayor soporte político visto la fragilidad actual. Si ya estaba calificado por un sector del pueblo como un gobierno de y para ricos, las medidas posteriores y su fracaso abrieron un estado de sospecha sobre la capacidad para remontar el plano declinante en lo que resta del mandato. Sospecha que, una vez instalada en la creencia popular, puede estirarse más allá de cualquier mejoramiento económico posterior y condicionar los resultados electorales de octubre 2017. El gobierno necesita ratificar electoralmente su continuidad y cualquier traspié en ese sentido abre interrogantes sobre el futuro institucional, que ni a la misma oposición en sus distintas expresiones le interesa quebrantar.

Anticipo de campaña para sortear un verano caliente

El revés en la votación de Diputados para modificar la ley del impuesto a las ganancias, donde el peronismo en sus distintas expresiones y la centroizquierda negociaron e impusieron mayoría, expone aquella fragilidad y anticipa un inicio de campaña apremiado por la crisis. De prosperar el proyecto en Senadores sin modificaciones, obligaría al veto presidencial, con el pago de los costos políticos, tal cual sucedió con el veto a la ley anti-despidos.

Por otro lado quedó abierta la posibilidad de una confluencia del peronismo que, más allá de las diferencias y el oportunismo tan común, achicaría los espacios de Cambiemos sobre todo en los sectores medios. Difícilmente la oposición se ponga de acuerdo en una sola lista, pero queda claro que, tanto el FR de Massa, el FpV y el PJ, especulan con el desgaste oficial sin arriesgar la institucionalidad. Se presentan como opción tal si fuesen desconocidos o no tuvieran nada que ver con la degradación de las ‘reglas de la democracia’. Permanece fresca en la memoria la rebelión de 2001 donde el cuestionamiento callejero abarcó a todos y no solo al oficialismo. 

Acorralado, el gobierno pierde iniciativa

La política como “arte de los acuerdos” instalado como slogan en los primeros meses de gestión, se transformó en desacuerdos y fanfarria parlamentaria posteriormente. Cierran el año con evidente pérdida de iniciativa política, acorralados por los reclamos populares y los últimos fracasos legislativos en el proyecto de reforma política, la aceptación de la emergencia social y ahora el fiasco con el impuesto a las Ganancias. 

Preocupa que ante tantos desacoples internos las inversiones extranjeras, pensadas para el segundo o tercer año, descarten definitivamente su llegada al país. Preocupa que la recesión provocada aún no toque piso y el rebote tan esperado para este semestre se estire al próximo con resultados tardíos. Seguir estirando la situación solo con la emisión de Lebac para absorber el circulante y contener la inflación, más que una política restrictiva que afecta el consumo, constituye el negocio más redituable para banqueros y prestamistas externos. De tal forma que los bancos lucran con los plazos fijos por los que pagan 18% a los ahorristas y reciben 26% de interés por las letras del Banco Central. Los prestamistas externos traen dólares, los cambian por pesos para comprar Lebac y con los intereses vuelven a comprar dólares para llevárselos. En lo que va del año suman $168.000 millones los intereses pagados. El volumen de Lebac desde que asumió el gobierno trepó el 144%, generando una deuda que ya asciende a $ 730.000 millones, es decir U$S 45.500 millones. 

Por lo tanto las condiciones que permitieron el encumbramiento de Macri frente al agotamiento y fracaso del proyecto kirchnerista, cumplido el año no se han modificado; por el contrario han empeorado y se revelan con crudeza ante los ojos de la gran mayoría. Quedan claras, por confesión de parte en la mini-Davos de julio, las intenciones de reforzar la matriz productiva del capital monopólico y la extranjerización de los recursos a la par de avanzar sobre históricas conquistas obreras y sociales.

La lucha de masas y la pobreza no saben de treguas

No hay porque esperar que se cumplan los ciclos para calificar el rumbo ya definido cuando se afectan los derechos básicos, la soberanía, la dignidad y el futuro de los trabajadores. Los reclamos, movilizaciones y piquetes, cuya expresión mayor se alcanzó en noviembre y lo que va de diciembre, son conductas que hablan por sí mismas y sería un error concebirlas como manipulación de sus dirigentes. En el último año de Cristina se contabilizaron 6322 movilizaciones callejeras y todo indica que cuando finalice diciembre, las 5901 transcurridas en once meses de macrismo serán muchas más. El protagonismo en la lucha de masas, profundizado en 2016, es un dato significativo de la situación que la gran burguesía y sus representaciones parlamentarias no pueden controlar. Este protagonismo altera los planes de sometimiento y resignación a la pobreza con una disposición que desborda a la propia dirigencia. De allí el rol de la burocracia de la CGT, que en lugar de encabezar las demandas, frena y negocia a cambio de favores personales o de una banca en el parlamento. 

De allí también el novedoso intento por maniatar al movimiento piquetero y las organizaciones territoriales por parte de quienes, escudados en la economía informal consolidada en estos años, acuerdan con el gobierno de los monopolios arrogándose ser representantes en una futura paritaria informal a institucionalizar. La firma de un pacto social por dirigentes nucleados en el grupo de “los cayetanos” es una tregua en el instante de mayor zozobra de la política de ajuste. Reprochable no solo por la miserabilidad de las demandas que se negocian sino por el significado político del compromiso hasta 2019 de garantizar paz social, en un país donde la marginalidad y pobreza bordean el 40% de la población. Más allá de su cumplimiento, no había razón alguna para firmar y oxigenar al gobierno como no ser el fortalecimiento de las reglas de juego dentro del régimen político actual y desalentar a su vez el camino más directo y más real que insinúa la rebelión en ciernes.

Transcurre el mes de diciembre y todos los intentos oficiales por impedir cualquier estallido -apelando a pactos, distribución de alimentos y un gran despliegue de tropas fundamentalmente en el conurbano-, nunca serán suficientes frente a tantas necesidades insatisfechas. Maliciosamente tratan de asociar los saqueos con el levantamiento popular del 2001 que determinó la caída del gobierno constitucional de De La Rúa. Si aquellas jornadas, que hoy todos reivindican, abrieron una nueva instancia frente a la crisis, ¿por qué rechazar su viabilidad política para el presente y/o el futuro? Desestimar ese camino en nombre de evitar mayores sufrimientos es la justificación interesada para que todo siga igual. En una ligera reflexión de balance sobre los 33 años del régimen democrático, el deterioro y retroceso económico, social y humano fueron consecuencia directa de las políticas aplicadas por los distintos gobiernos. Más allá de considerarse neoliberales, ortodoxos o neodesarrollistas, un verdadero fracaso cuyos costos se descargan sobre el pueblo y fundamentalmente sobre los jóvenes trabajadores y desocupados.

Al final de cuentas hablamos de la necesidad de aplicar otras políticas, que vayan a fondo contra las estructuras y el atraso que genera el capital monopólico. La política no se puede ajustar a “lo posible” dentro de un marco institucional anacrónico, cuando hay tanta inequidad y degradación a los costados producto justamente de decisiones y planes de la dirigencia que se beneficia y convive por décadas con dichas  estructuras. La gobernabilidad se garantiza con políticas justas, distributivas y soberanas, y cuando no es así porque se aplican ajustes que generan bolsones de pobreza, corrupción, narcotráfico y represión, lo justo es impulsar la rebelión popular independientemente del calendario electoral. Si bien la coyuntura es muy distinta al “porteñazo” gestado en diciembre de 2001, conviene recordar que sucedió poco después de la derrota electoral de la Alianza en octubre de aquel año, cuando se registraron 10 millones de votobronca.

En un país donde las crisis son recurrentes, el camino de la acción popular directa está habilitado por historia y por presente. Ante un parlamentarismo inocuo es el único recurso que tienen los pueblos para forzar un cambio en la matriz productiva del capital monopólico y generar nuevas condiciones para que los trabajadores sean dueños de su propio destino y puedan construir una democracia popular y antiimperialista. Si hay un elemento central que no se puede perder de vista, ahora que gran parte del mundo se conmocionó por la muerte de Fidel, es que los cubanos dueños de su pequeña isla y solo a 80 millas del coloso imperialista, rompieron con el mito burgués de “lo posible” e hicieron la revolución. Todo lo demás es charlatanería y oportunismo. Al cumplirse 15 años de aquel 20 de diciembre, ratificamos el camino de la rebelión popular como cuestión política central para salir de la crisis. 

Andrés Zamponi