Contra la criminalización de la lucha en la UNC ¡Desprocesamiento ya!

El año pasado, coincidiendo con los 100 años de la rebelión estudiantil conocida como la “Reforma Universitaria”, la vida en las universidades argentinas, particularmente la de Córdoba, se vio conmovida por una manifestación multitudinaria contra el plan de ajuste del gobierno de Macri, agravado por la subordinación al FMI. 

Lo que comenzó como una huelga docente en las universidades nacionales, enfrentando el ajuste presupuestario expresado en sus salarios, derivó en una verdadera rebelión educativa en la UNC desde el momento en que el movimiento estudiantil se involucró en la lucha, imprimiéndole la modalidad de asambleas masivas, toma de facultades y del Pabellón Argentina, residencia de la oficina del rector.

Una vez levantadas las tomas, la revancha del poder político y la justicia federal adicta no se hizo esperar. Al cabo de varios meses de intensificación del conflicto social, la incorporación del movimiento estudiantil al auge de luchas completaba un cuadro de movilización de los principales sectores populares, y lo hacía recuperando su rebeldía histórica. Así como lo intentó con otros sectores del movimiento popular, el gobierno de Macri necesitaba marcar algún límite al combativismo estudiantil para evitar la generalización del ejemplo. La causa que se arma contra 27 estudiantes y una docente por “usurpación con despojo” tiene este sentido, al tiempo que busca desviar la atención sobre los responsables del vaciamiento presupuestario, y suplantarla por la legalidad o ilegalidad de los métodos de la lucha estudiantil. Que, en medio de un ajuste feroz sobre el pueblo, se pretenda impugnar la manera en que éste ejerce su derecho a rebelarse contra los ajustadores, es una política absolutamente reaccionaria que merece ser repudiada con unidad y contundencia por parte de todos los sectores democráticos del pueblo.

Aun así, nunca faltan botones que levanten la mano para hacer el trabajo sucio. El primero fue un gorila de carrera como el vicerrector de la UNC Pedro Yanzi Ferreyra, que entregó las listas con los datos de todos las y los estudiantes imputados y ahora procesados. El segundo, hijo indigno de una familia de revolucionarios como Miguel Vaca Narvaja, juez de instrucción de la causa, responsable del procesamiento de estos 27 compañeros y compañeras de lucha. Ambos, como también el rector de la UNC Hugo Juri y la fiscal a cargo Graciela López de Filoñuk, han decidido actuar como empleados del gobierno de Macri, denunciando a quienes decidieron rebelarse contra el ajuste en la Universidad. Los casos de Vaca Narvaja y Filoñuk sorprendieron a más de uno debido a sus anteriores aportes respecto a la defensa de los DDHH de ayer. Sin embargo, para los DDHH de hoy, atienden del otro lado del mostrador. Evidencia de esto es también el rol de V.N. como juez en el caso que investiga la contaminación de la empresa Porta Hnos. sobre los vecinos de B° San Antonio, donde la billetera del empresario lleva tres años inclinando para su lado la balanza de la “justicia”.

En momentos donde la gran burguesía busca una salida ordenada para la crisis, el rol de esta justicia pasa por desalentar toda forma de resistencia popular a la aplicación del ajuste. Si las autoridades de la UNC no han avanzado como sus pares de la Universidad Nacional de Río Negro (expulsión de estudiantes y docentes que protagonizaron las tomas) no es porque les falte vocación de servicio hacia el poder político y económico más concentrado, sino porque registraron que el proceso de lucha que los arrinconó hace menos de un año tuvo el respaldo de miles, y sintonizó con el ánimo general de un pueblo harto de este programa de gobierno y consciente de la legitimidad de esa lucha. El propio Juri declaró ante la prensa que la toma del pabellón Argentina había sido el momento más difícil en su vida política. No es para menos. Mientras las autoridades de la UNC se llenaban la boca recordando una versión edulcorada e inofensiva de la Reforma del 18, la rebelión educativa desbordaba los límites de las direcciones políticas claudicantes de docentes y estudiantes, y ponía de manifiesto la existencia de condiciones suficientes para batallar de frente contra los planes fondomonetaristas.

Para organizar la lucha por el desprocesamiento, el viernes 5 sesionó una asamblea de todos los sectores contra la criminalización, que resolvió impulsar distintas actividades en dirección a realizar una movilización el 21 de agosto, cuando se reanuden las clases.

Frente a estos infames procesamientos a las y los luchadores estudiantiles, es necesario que el conjunto de la comunidad universitaria exija el desprocesamiento inmediato, desde el punto de vista de que lo que el juez pretende tratar como delincuencia es lucha popular. Del mismo modo, todas las organizaciones gremiales, estudiantiles, políticas y de DDHH tienen la responsabilidad de abrazar la causa del movimiento estudiantil que supo ponerse de pie contra el ajuste de Macri y el FMI. Hacer retroceder la prepotencia política y judicial, desde la reivindicación de la lucha estudiantil y sus métodos democráticos y combativos es la tarea inmediata. Sólo sobre esta base es posible cimentar la construcción de un movimiento estudiantil rebelde, que confluya en la lucha con todos los sectores obreros y populares, en la perspectiva de gestar los nuevos Cordobazos que permitan derrotar los planes de ajuste, entrega y dependencia.

-Desprocesamiento inmediato de los 27 estudiantes perseguidos por luchar.

-Abajo el ajuste de Macri y el FMI

-Aumento presupuestario urgente para la Universidad Pública

-Ni un peso más para la deuda externa

-Fuera las autoridades universitarias que delatan y persiguen a los estudiantes y docentes por luchar