Chile: la rebelión continúa de pie

Si bien perdió espacio en la escena de los grandes medios de comunicación, la rebelión chilena continúa en desarrollo. Con los flujos y reflujos propios de un proceso que lleva meses, la presión de masas en las calles no se disipa a pesar de la continuidad de la represión de Piñera. Con la vigencia de la lucha, siguen vigentes también las tareas de solidaridad internacionalista con el hermano pueblo.

Represión

El fracaso del Toque de queda y el Estado de excepción sancionados en 2019 no significó el fin de la represión. Al contrario, continúa vigente la asociación entre el gobierno, Carabineros y la Justicia para el montaje de escenarios, las detenciones arbitrarias, la persecución política, el armado de causas judiciales, los interrogatorios ilegales, las golpizas en la calle y las torturas, abusos sexuales y violaciones en las comisarías. El protocolo policial de facto es disparar balas de goma a los ojos y bombas lacrimógenas al cuerpo, prácticas perversas que dejaron 427 mutilados y 268 heridos, respectivamente (El Ciudadano, 6/2).

En el curso de las protestas 2.500 personas fueron a prisión preventiva, 3.700 fueron detenidas y unas 23.500 formalizadas judicialmente, mayormente hombres y de sectores populares, además de unos 100 menores de edad “internados” en el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Estas cifras contrastan con la lentitud con que la Justicia procesa las denuncias de las organizaciones e instituciones de derechos humanos ante la violencia policial: de unas 5.500 presentaciones, solamente el 1% fueron formalizadas (EC, 29/1). El papel de Carabineros es criticado por instituciones como la ONU, Human RightsWatch y la CIDH.

Más grave aún, desde el inicio de las protestas hubo 31 muertos por la violencia estatal. La muerte de Mauricio Fredes (40), ahogado y electrocutado durante una persecución de la policía en el centro de Santiago (28/12), fue seguida un mes después por el asesinato de Jorge Mora (37), simpatizante del club Colo-Colo atropellado por un camión policial a la salida de un partido de fútbol en el Estadio Monumental (28/1). Al día siguiente, el presidente Sebastián Piñera expresaba públicamente su “aprecio y gratitud” por Carabineros, y luego se tomaría dos semanas de vacaciones. Mientras tanto, familiares e hinchas organizaron su funeral en las calles de Santiago, donde la policía reprimió nuevamente a los manifestantes, mató al joven Ariel Moreno (24) y dejó numerosos heridos. Las hinchadas de fútbol fueron parte de las movilizaciones y, tras estos hechos, profundizaron su compromiso con la rebelión chilena.

La PSU

El gobierno esperaba tener un respiro durante el verano, pero las concentraciones en la Plaza Dignidad (Santiago) continuaron durante enero. Y además, aparecieron los estudiantes secundarios en lucha contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU): el exámen de ingreso a las carreras es uno de los aspectos más repudiados de un sistema educativo excluyente y privatizado. 

Los secundarios organizados en la ACES y -en menor medida la CONES- se movilizaron e interrumpieron los exámenes en decenas de colegios, reclamando el acceso sin restricciones a la educación superior, la suspensión de las pruebas y la renuncia de la Ministra de Educación, por criminalizar la protesta estudiantil. El Colegio de Profesores, sindicato de la docencia, se sumó a la exigencia de renuncia calificando su gestión “con un 2”.

En ese camino, el dirigente de la ACES Víctor Chanfreau fue amenazado por funcionarios del gobierno, hubo decenas de detenidos y 15 estudiantes procesados judicialmente bajo la Ley de Seguridad del Estado, a pedido del oficialismo. Las protestas estudiantiles marcaron el ritmo durante las vacaciones y prometen volver con el inicio de clases, a principios de marzo (EC, 3/2). 

Acusaciones

Por otra parte, a principios de febrero fue suspendida la acusación constitucional contra el intendente de Santiago, Felipe Guevara (Renovación Nacional), quien impedía el derecho a la protesta mediante “copamiento preventivo” del espacio público con fuerzas represivas. La medida había sido aprobada en Diputados, pero la presión política del gobierno nacional impidió el quorum necesario en el Senado. Similar resultado tuvo la acusación contra Sebastián Piñera en diciembre pasado, motivada por la fuerte represión policial, que terminó desestimada por el parlamento. 

Los mecanismos institucionales como canales de protesta -en este caso, para remover autoridades electas- son una vía muerta porque requieren una “mayoría calificada” (dos tercios) y se juegan en un terreno favorable para el oficialismo (el parlamento), pero fundamentalmente porque no involucran al movimiento de masas en su desarrollo. 

Proceso constituyente

Una ventaja del movimiento popular es que los reclamos específicos por salarios, jubilaciones, educación, salud y agua, entre otros, están enmarcados en la exigencia de un cambio de raíz en la configuración social, económica y política de Chile: el pueblo no quiere migajas y parches, quiere un cambio profundo. Por eso fue rechazada la propuesta de “Agenda social” impulsada por Piñera, que proponía modificaciones menores en algunos temas, y no surtió efecto la renuncia de una parte de su gabinete. El 60% de la población considera que “nada ha cambiado aun” (EC, 2/2). 

En ese sentido, la salida política más popular y difundida para el proceso de rebelión es una asamblea constituyente, con el objetivo de reformar una Constitución vista como el origen de todos los males: data de la época de Pinochet (1980) y representa el marco legal del actual modelo. 

Tomando nota, el oficialismo y la oposición firmaron el 15 de noviembre el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, convocando un plebiscito (26/4) donde la ciudadanía votará iniciar o no un proceso constituyente y su formato. De aprobarse, dará inicio a un periplo de 24 meses para el debate y la sanción de una nueva carta magna. 

Durante esos dos años seguirá vigente la legislación anterior, con todas sus consecuencias. Asimismo, los cambios que se propongan están limitados por los tratados internacionales ya firmados y por la jurisprudencia chilena, además de necesitar la aprobación con dos tercios de los votos en la Asamblea Constituyente. Claramente, un pacto para transitar un proceso de cambio constitucional moderado por las élites chilenas impedirá la transformación de los aspectos fundamentales de un modelo desigual y excluyente.

A sabiendas, un sector dentro de los “constituyentes” desconfía de la propuesta parlamentaria y exige espacios para las asambleas y cabildos -una nueva trama de organización popular surgida de los barrios- y para los movimientos sociales, feministas y plurinacionales, así como mecanismos de transparencia y otras garantías democráticas. Sin embargo, tales exigencias chocan con la intransigencia de un gobierno que sabe que juega en terreno propio y no está dispuesto a transitar un camino que no pueda controlar.

Esta situación ilustra el principal límite de la rebelión del pueblo chileno: la ausencia de una táctica y una consigna que le permitan alzarse con el poder y hacer viable su programa reivindicativo. Como señalamos en el no transar de diciembre del año pasdo, “una constitución es la representación jurídica de una correlación de fuerzas sociales (...) mientras se mantenga intacto el núcleo de poder de la gran burguesía no habrá cambio sustancial (...) y la ilusión jurídica puede estancar al movimiento rebelde”.

En ese sentido, el próximo paso de la rebelión es la destitución de Piñera y su gabinete mediante la fuerza de la movilización callejera, para abrir las puertas a la formación de un nuevo gobierno anclado en el poder de las asambleas territoriales, las organizaciones sociales y la movilización popular. Un gobierno legítimo y verdaderamente democrático surgido de la rebelión popular que avance con la nacionalización de la economía, la desintegración del aparato represivo, las aplicación de urgentes medidas de bienestar social y, posteriormente, la sanción de una nueva constitución.

La movilización popular amainó durante enero, pero parece haber “superado el verano” y se alista para volcarse a las calles. Apostemos a su desarrollo para cumplir las tareas planteadas.

David Paz