Catamarca - Paritaria cerrada, conflicto abierto

El 20 de marzo, el gobierno de Catamarca cerró con la Intersindical un acuerdo paritario que intenta descomprimir un conflicto que lleva 20 días y que tuvo como protagonista a la docencia autoconvocada, la cual desbordó a las conducciones sindicales y marcó la agenda política de la provincia.
El frente sindical conformado por ATECa (gremio base de CTERA), SIDCa, SUTECA y SADOP firmó el viernes 20 un acuerdo que lleva el salario mínimo a $870.000. No obstante, el resultado quedó lejos del reclamo levantado por los docentes autoconvocados que vienen marcando el pulso de las protestas.
El descontento parte de la realidad de los salarios de la docencia catamarqueña, posicionados entre los peores del país: en torno a los $870.000, mientras que una familia de cuatro integrantes necesita en el NOA $1.397.672 para no ser pobres; es decir, el salario docente solo logra cubrir el 62% de la canasta básica.
Frente a ese cuadro, el gobernador Raúl Jalil -aliado fiel de la política de ajuste de Milei en el NOA, junto a Jaldo en Tucumán y Sáenz en Salta, y ferviente defensor del RIGI que beneficia a las mineras- ofreció en la reunión paritaria de fines de febrero un piso salarial de $800.000 desde marzo, actualización bimestral por inflación y un bono extraordinario de $80.000 por inicio de clases. El rechazo no tardó en materializarse: un paro activo el 2 de marzo, acompañado de asambleas y cortes en San Fernando y el interior, culminó con una gran movilización a casa de gobierno, a pesar del acatamiento de la conciliación obligatoria por parte de los sindicatos docentes de la provincia.
El miércoles 4, la movilización se amplió: una nueva concentración que contó con la presencia de trabajadores de salud y estatales fue convocada a contraturno en la capital catamarqueña. La protesta se replicó con movilizaciones y cortes en varias localidades del interior, en un marco de amenazas de descuento y sumarios desde el gobierno de Jalil. Al día siguiente, la oferta del Gobierno escaló hasta $850.000, pero fue igualmente rechazada por las conducciones ante la escalada de las protestas. El resto de la semana continuó con acciones de lucha coordinadas entre trabajadores municipales de salud y docentes autoconvocados en algunas localidades como Andalgalá y Tinogasta.
La respuesta del gobernador Jalil ante la escalada fue el amedrentamiento, ordenando completar planillas de control de la adhesión al paro y la implementación de decretos que modifican el régimen de licencias afectando directamente a quienes participaron de las jornadas de lucha. A esto se sumó la disposición de operativos de desalojo de los cortes de ruta y se avanzó en la amenaza de criminalizar la protesta utilizando figuras del Código Penal. Paralelamente, el gobierno intentó imponer un protocolo antipiquetes que obligaría a anunciar las movilizaciones con 24 horas de anticipación, señalar su recorrido y a sus responsables, habilitando sanciones contra los referentes de las protestas.
El conflicto comenzó a adquirir en esos días otra dimensión que excedía el reclamo salarial estricto. En Andalgalá, los docentes autoconvocados cortaron la Ruta Provincial 46 y en Belén, sobre la ruta 40, docentes y estatales resolvieron impedir el paso de los camiones de las compañías mineras y las camionetas del gobierno provincial que se dirigían a los yacimientos.  
El miércoles 11, en el marco de una creciente ruptura con las conducciones sindicales, la docencia autoconvocada realizó nuevamente una gran movilización exigiendo $1.300.000 de salario inicial y cláusula gatillo mensual -no bimestral-, con réplicas en las principales localidades de la provincia y la confluencia de trabajadores municipales de la salud. La semana siguiente no fue la excepción: el martes, de nuevo, autoconvocados y estatales marcharon en la capital provincial y en las localidades de Belén, Santa María, Fiambalá, Pomán, Tinogasta y Andalgalá, con consignas contra el gobernador Jalil y las conducciones sindicales.
El carácter político de las movilizaciones fue escalando a lo largo del proceso con consignas en las movilizaciones responsabilizando tanto a Jalil como a Milei, señalando que el gobierno provincial aplica un ajuste alineado con las políticas nacionales. Los docentes autoconvocados denunciaron que los legisladores nacionales del bloque de Jalil votaron sistemáticamente a favor del gobierno de Milei en el Congreso, avalando el presupuesto de ajuste, mientras le exigían a la docencia pagar el costo. En las localidades del interior, en especial en Andalgalá y Belén, el rechazo al RIGI y a la política extractivista a favor de las empresas mineras apareció en las asambleas y las marchas. 
El viernes 20, el gobierno provincial y la Intersindical docente acordaron el cierre de la paritaria: el acuerdo lleva el salario mínimo a $870.000 a partir de marzo, aplicando una cláusula de actualización bimestral por IPC, junto con una suba del punto índice de 10% y 5% en marzo y mayo respectivamente, aumentos en el ítem transporte y conectividad y titularización por decreto para docentes interinos.
Frente a este panorama, la lucha permanece abierta. Los docentes autoconvocados rechazaron el acuerdo y sostienen un plan de lucha con asambleas y movilizaciones en reclamo de un piso salarial que alcance $1.300.000 para cubrir la Canasta Básica Total y salir de la línea de pobreza, así como de una recomposición porcentual que impacte en el básico para evitar el achatamiento del escalafón en los docentes con mayor antigüedad. Así mismo, exigieron el reconocimiento de referentes autoconvocados en la mesa de negociación.
El proceso de rebelión de las bases docentes y las autoconvocatorias expresa una clara ruptura con las conducciones de la Intersindical —ATECa, SADOP, SIDCa, SUTECA y UDA—, que a lo largo del conflicto se encargaron de frenar y desgastar la lucha. Ante este escenario, la docencia autoconvocada logró construir, en tres semanas, herramientas de organización que permitieron coordinar la lucha docente en distintas localidades de la provincia y, en varias instancias, confluir con otros sectores estatales provinciales y municipales, trasladando la presión a las calles, golpeando al gobierno de Jalil y resquebrajando la legitimidad de las conducciones gremiales.
En adelante, el futuro del proceso de lucha en Catamarca deberá hacer frente al aislamiento que buscan imponer el gobierno y la intersindical a partir del cierre de la paritaria. Su continuidad dependerá de la concreción de la unidad entre los distintos sectores en lucha del movimiento obrero provincial para que la fuerza del rechazo al ajuste del gobierno catamarqueño no se agote.
La lucha docente de Catamarca puede ser el anticipo de un año conflictivo para la docencia de todo el país. Mientras CTERA y demás federaciones nacionales intentan no hacer olas, en varias provincias la lucha por abajo calienta motores. La rápida politización del conflicto catamarqueño ilumina un camino para las y los trabajadores de la educación: el problema de fondo es el plan antipopular del gobierno nacional. Hacia Milei y sus cómplices en las provincias hay que apuntar los cañones.
Cándido López