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El jueves 9 de octubre EMOVA, la empresa operadora del subte de la Ciudad de Buenos Aires, rescindió el contrato en período de prueba de Araceli Pinto, una empleada del sector de limpieza, sin explicitar motivos. Ella había ingresado a la empresa mediante un sorteo en la bolsa de trabajo y cumplía funciones nocturnas (de 23:30 a 05:30 hs) en la estación Lacroze de la Línea B, dado que en ese horario se había generado la disponibilidad laboral. Araceli se encuentra a cargo de sus dos hijas, por lo que el horario nocturno le permitía realizar las tareas de cuidado durante el día.
Pasado apenas un mes de estar trabajando, Araceli enfrentó dos situaciones de violencia: maltrato laboral por parte de un supervisor, lo que ella dejó asentado en una nota de reclamo, y acoso por parte de un agente de la policía de la Ciudad, quien realizaba comentarios inapropiados y le entregaba regalos a ella y a una compañera. Tras denunciar los hechos ante el sindicato y la empresa, las medidas adoptadas fueron insuficientes: primero reubicaron al agente en el andén de enfrente, luego trasladaron a Araceli a otra estación de la línea B y, finalmente, la cambiaron a la Línea C. De más está decir que no hubo ningún tipo de medida sobre el supervisor ni sobre el agente de policía.
Dos meses después, EMOVA decidió dar por terminado su período de prueba sin dar explicaciones, cuando todavía faltaba para que se cumpliera el período de seis establecidos. Tras casi dos meses de intentos infructuosos de diálogo entre el sindicato y la empresa, las instancias de negociación se cerraron.
Frente a la falta de respuestas, las y los trabajadores del subte iniciaron medidas de visibilización del caso. El jueves 4 de diciembre realizaron un levantamiento de molinetes en Lacroze (Línea B), acción que la empresa había intentado impedir. La lucha por la reincorporación de Araceli continúa en la vía judicial, donde se denunciará el acoso laboral y de género sufrido. Al cierre de esta edición se prevé que haya asambleas para debatir la continuidad del reclamo y un plan de lucha.
El caso revela un patrón alarmante: tanto desde el sindicato como desde EMOVA, se habría instado a Araceli a no formalizar las denuncias para “no llamar la atención” durante el período de prueba. Esta recomendación expone la violencia machista que obliga a las víctimas a elegir entre tolerar abusos o arriesgar su empleo. No descartamos que el despido tenga además un tinte de disciplinamiento dado que Araceli es hija de un conductor de la línea B con más de treinta años de antigüedad y con una vida sindical activa.
La valentía de Araceli al denunciar, pese a la revictimización y la exposición pública, resalta la urgencia de abordar estos temas en todos los ámbitos de trabajo en los que nos desempeñamos además de seguir reclamando por su reincorporación y por el cese de los despidos que se da en un contexto de recesión (aunque el gobierno la niegue) y de destrucción del empleo en todas las jurisdicciones.
Julieta Álvarez
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