Córdoba - Un conflicto que arrastra y una conducción que frena

Luego de transcurridas las asambleas escolares y departamentales, la docencia cordobesa se prepara para refrendar en la Asamblea Provincial del lunes 17 el rechazo a la cuarta propuesta del gobierno de Córdoba. Hecho histórico marcado por la concurrencia de la profundización del ajuste en educación y mayor sobrecarga y precarización de la labor docente, la crisis y deslegitimación de la conducción celeste y la irrupción de las bases docentes de la mano de la recuperación de cuerpos de delegados/as en toda la provincia y varias delegaciones, con Capital a la cabeza.    
A lo largo de los primeros meses de 2026, el gobierno de Llaryora presentó cuatro propuestas salariales sucesivas a la UEPC, cada una rechazada por las bases docentes. El recorrido muestra una negociación en la que el ejecutivo provincial fue incorporando demandas mínimas al tiempo que evitó proporcionar una verdadera recomposición salarial.  No fueron suficientes los cuartos intermedios del órgano máximo del gremio, las reuniones del gobierno con los supervisores para presionar a la docencia, ni la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo (vigente hasta el martes 21/4) para hacer pasar las propuestas de miseria. El rechazo rotundo a las cuatro propuestas sucesivas del gobierno en cada instancia de consulta fue acompañado por movilizaciones masivas, asambleas zonales, semaforeadas, acciones en peajes y rutas; a lo largo y ancho de la provincia y a través de vigilias en la Asamblea Departamental, para evitar que se efectuaran maniobras que cambiaran los resultados. 
En casi tres meses de conflicto se pasó de una primera propuesta que garantizaba aumentos atados a la recaudación, a la inclusión de sumas no remunerativas y reconocimiento parcial del IPC, para finalmente contemplar aumentos porcentuales un tanto mayores, más porcentajes mensuales para cubrir parte de la inflación mensual registrada. El desconocimiento de la demanda fuertemente instalada en la docencia del 40% de aumento y actualización por inflación, necesario para que el salario docente pueda alcanzar la línea de pobreza, disparó la bronca que se hizo sentir en los sucesivos rechazos.
El gobierno de Llaryora ha cultivado una imagen de moderación y distancia respecto del ajuste de Milei pero los números del salario de los estatales indican otro tanto. Desde fines del 2023 los salarios estatales cordobeses cayeron en términos reales entre un 20 y un 25%. El gobierno provincial cerró acuerdos con sumas no remunerativas. Difirió pagos de aumentos a jubilados, subió los aportes de la obra social APROSS y aumentó los aportes jubilatorios mediante la Ley 11.087 de emergencia previsional conocida como “Equidad Jubilatoria”. Llaryora firmó el “Pacto Fiscal” y el “Pacto de Mayo” con Milei, aceptando el recorte de las partidas del gobierno nacional. Como buen empleado de la Fundación Mediterránea, el gobernador sigue la línea de su predecesor Schiaretti: ajuste fiscal sobre los trabajadores, superávit para sostener los negocios de la obra pública y el pago de la descomunal deuda provincial, y desfinanciamiento de la educación, la salud y el sistema previsional.
En el mismo sentido, el Ministerio de Educación, bajo la gestión de Ferreyra, ha avanzado en recortes, cierre de cursos, superpoblación áulica, restricción de licencias, bajas por aptos arbitrarias, retraso en el pago de MABs y diferimiento en las jubilaciones. La única respuesta frente a los reclamos por salarios ha sido la habilitación de la doble jornada para nivel inicial y primario, y el aumento a 36 horas del régimen de incompatibilidad en secundaria.
La reforma educativa TransFORMAR@Cba, que desde 2025 comenzó a implementarse en 200 escuelas y se extenderá al resto hacia 2027, complementa el cuadro de ajuste disfrazado de modernización. La reforma reorienta la educación secundaria hacia las necesidades del mercado laboral local, reduce la obligatoriedad del séptimo año en las escuelas técnicas, y carga sobre los hombros docentes un sistema de planificación, evaluación y seguimiento con proyectos y cátedras compartidas sin asignar horas institucionales para ello.
Es imprescindible trazar el vínculo entre Llaryora y el gobierno nacional de Milei para comprender el conflicto docente y las líneas de continuidad respecto a las políticas de ajuste. Lo que ha caracterizado al cordobesismo desde el inicio de la era Milei es un alineamiento estratégico con las políticas de ajuste del gobierno libertario. El Pacto de Mayo representó un punto álgido de ese alineamiento. El acuerdo estableció como meta la reducción del gasto público a niveles cercanos al 25% del Producto Bruto Interno. Córdoba cumplió esa promesa con creces: según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la provincia redujo su gasto público del 35,9% del PBG (Producto Bruto Geográfico) en 2023 al 28,1% en 2024, esto es, ni más ni menos que una caída de 7,8 puntos porcentuales, superando incluso al ajuste promedio realizado a nivel nacional (7,2 puntos del PBI). Lo que esos números no dicen es que la financiación de este masivo recorte tuvo sus pilares en la contención de la masa salarial con paritarias provinciales por debajo de la inflación, reformas a la Caja de Jubilaciones e incremento de las presiones sobre los aportantes a la obra social APROSS. Es decir, los docentes, trabajadores de la salud, judiciales y jubilados, aportaron la mayor parte del ajuste total, con una pérdida real entre el 20 y el 25 por ciento. 
El cordobesismo fue también uno de los principales bloques parlamentarios que acercó votos en el Congreso nacional para aprobar la Ley de Bases y el paquete fiscal, que incluyó el RIGI y el blanqueo. El pacto político también implicó el aporte de cuadros políticos y técnicos, como el traspaso del exministro de Finanzas de Schiaretti, Osvaldo Giordano, hombre clave del IERAL (Fundación Mediterránea) y cabeza de la reforma previsional provincial, al ANSES, retornando luego a la presidencia del instituto. La danza de funcionarios que aportaron al Gobierno Nacional incluyó también al extitular del Banco de Córdoba, Daniel Tillard, quien asumió la presidencia del Banco Nación hasta el 2025 y Franco Mogetta, exsecretario de Transporte de la provincia que ocupó el cargo homónimo nacional y hoy se encuentra en las filas de LLA. 
La relación entre Llaryora y Milei no puede leerse exclusivamente como una alianza coyuntural sino como la expresión de una convergencia entre el modelo de la Fundación Mediterránea y el programa de ajuste y desregulación del gobierno libertario, buscando garantizar condiciones favorables para el gran capital (agrario, industrial y financiero) a través del equilibrio fiscal, la desregulación y la disminución del gasto social. 
La docencia reclama el 40% más cláusula gatillo sin condicionamientos por recaudación como piso para salir de la pobreza, la derogación de la Ley 10.694, el 82% móvil para los jubilados, la eliminación del FOSAET y el rechazo a los aumentos en el APROSS. El gobierno sabe que detrás de la discusión con los docentes está la paritaria de todos los estatales. Ese es el motivo por el que el ejecutivo provincial viene desplegando toda su maquinaria de presión: la conciliación obligatoria que Cristalli aceptó sin mandato, el recorte de las únicas cuatro licencias gremiales de UEPC Capital- mientras que la celeste ostentaba 17 licencias cuando era conducción -, los descuentos por días de paro no devueltos, y la segmentación de la propuesta para dividir a los docentes.
El conflicto docente no se reduce a la necesaria pelea por un mejor salario. Si la lucha se circunscribe a negociar un porcentaje de aumento en paritaria, el resultado conocido vuelve a ser el mismo: se obtienen concesiones que la inflación del año siguiente licúa, y el ciclo vuelve a empezar. 
Si bien la docencia cordobesa ha protagonizado movilizaciones históricas en los últimos años, el salario real continúa deteriorándose. La razón es que el problema no es cómo se gestiona el presupuesto: es la orientación política del Estado. El dinero que no va al salario docente, a las jubilaciones o a infraestructura escolar, se transfiere a las fracciones agrarias, financieras e industriales de la gran burguesía, a través de beneficios fiscales, exenciones impositivas, obras de infraestructura, créditos subsidiados, adhesión al RIGI y contratos de obra pública que benefician a un puñado de grandes constructoras. Esa transferencia es la política deliberada de un gobierno que responde al mismo bloque de intereses que gobernó la provincia en las últimas décadas.
Frente a ese bloque de intereses, la respuesta no puede ser solo gremial, requiere de la unidad del conjunto de los trabajadores estatales y privados, con los desocupados, los jubilados y el pueblo, para identificar con claridad al adversario, poner en discusión y enfrentar los proyectos políticos que garantizan la brutal transferencia de ingresos, el ajuste y la dependencia. 
Cándido López