Córdoba - La cuarentena como oportunidad para avanzar contra los trabajadores

La parálisis del conflicto social que introdujo la cuarentena ha empezado a resquebrajarse. A las penurias que ya se arrastraban desde antes de la llegada de la pandemia se han ido acumulando dificultades propias de este contexto. Si en las primeras semanas había un consenso tácito en la necesidad del aislamiento sanitario, ahora éste convive con la disputa por las condiciones materiales en que se lleva adelante. No en los términos del discurso oficial, respecto de un daño en “algún puntito del PBI”, sino en los crudos términos de la vida cotidiana: llegar a fin de mes con un sueldo miserable, garantizar un plato de comida sin tener ingresos, conservar el empleo resignando derechos, ir a trabajar a riesgo de contagio, defender el trabajo, el salario y la salud a pesar de la represión. Esto es la cuarentena en la vida real. 

En la víspera de una jornada piquetera que retumbó en todo el país, los trabajadores municipales de Jesús María protagonizaron una digna jornada de lucha en defensa de su salario, reclamando por el pago de una serie de sumas acordadas con el gobierno municipal de Luis Picat, que fueron desconocidas al liquidar los sueldos de abril (y que en algunos caos superaban el 30% del salario). Esto dejó a muchos trabajadores que cumplen tareas esenciales cobrando un sueldo de alrededor de $15.000: la indigencia fomentada desde el propio Estado. La respuesta fue un paro con concentración en las puertas del obrador municipal que se mantuvo durante todo el día. Al caer la noche, como acostumbran los cobardes, la justicia da la orden y la infantería de la Policía de Córdoba -aportada por el gobernador Schiaretti- reprime a los compañeros, llevándose a más de cuarenta detenidos que pasan toda la noche en el patio de la comisaría, bajo el eufemismo de “haber violado la cuarentena”. La firma de un acta posterior entre el gremio SITRAM y el municipio es un retroceso del ejecutivo sobre su posición, dada la legitimidad y la unidad del reclamo de los trabajadores.

En la misma tónica, Martín Laryora, intendente de Córdoba capital, dispuso un recorte de salarios para todos los empleados municipales de alrededor del 15%, acompañado de una reducción de una hora en la jornada de trabajo que busca disimular el ajuste. Esta ordenanza tuvo el respaldo de los concejales oficialistas en la sesión virtual del viernes 8, mientras el edificio del Concejo Deliberante se blindaba de policías para recibir una movilización de un centenar de trabajadores del SUOEM que llegaron hasta la puerta. No se los atendió ni se les aceptó un pedido de reunión. Solo intimidación policial como resguardo de la decisión política. El mensaje del pejotismo en el municipio es claro: el costo de financiar la cuarentena lo pagan los laburantes. La respuesta de los trabajadores está en proceso, aunque se derrumban las expectativas que en algunos sectores había generado el cambio de gobierno. Si bien todos los recursos son válidos para tumbar esta medida, los intentos de la conducción del gremio por judicializar el conflicto no tienen futuro: la Fiscalía General está concentrada en la identificación de quienes se movilizaron el viernes para abrirles una causa por “violar la cuarentena”. Aún con las limitaciones del momento, los municipales tienen que procurar la recuperación de sus métodos históricos: asamblea y plan de lucha con paro y movilización. De lo contrario, las “medidas de emergencia” que está tomando el municipio tenderán a volverse permanentes. 

Los atropellos contra los trabajadores no terminan ahí. En al ámbito privado la situación también es preocupante. El lunes 4 los obreros de la planta Bagley (grupo Arcor) tenían prevista una asamblea para tratar el incumplimiento de la empresa en los adicionales por presentismo y trabajo nocturno. Mientras la asamblea se desarrollaba, ingresó a la planta personal policial directamente a disolverla e intentar llevarse detenido al dirigente gremial que estaba presente. La excusa para ello fue nuevamente la violación del decreto de aislamiento social. La proximidad social es “sana” cuando se agacha la cabeza para trabajar, y se convierte en “peligrosa” cuando se levanta la frente para luchar por los derechos laborales. Esta irrupción de la policía en la fábrica y la bronca lógica de los trabajadores que se repite en numerosos establecimientos, fueron el caldo de cultivo para que el gremio de la alimentación (FTIA) convoque a un paro el lunes 11 en todas las plantas del Grupo Arcor en el país, reclamando el cumplimiento de los puntos citados, un adicional por trabajar en cuarentena y de medidas de seguridad sanitaria en todos los establecimientos del grupo. Por el momento la única intervención del Ministerio de Trabajo fue para declarar la conciliación obligatoria por 15 días.

Los conflictos se multiplican. El paro del viernes 8 de los trabajadores de UTA por el incumplimiento del pago a término de sus salarios se ha extendido a esta semana sin solución, la prolongada lucha de los trabajadores de Aoita (transporte interurbano) por la falta de pago de sus salarios de marzo y abril sigue firme, la protesta en pleno centro de la ciudad con detención de uno de los trabajadores de las apps de delivery por salario y condiciones de trabajo, la ruina de los comerciantes que se anticiparon en la apertura de sus locales a la habilitación del gobierno, los múltiples reclamos de los trabajadores de la salud por la falta de insumos para trabajar y las pésimas condiciones laborales, el ajuste en la educación con cientos de cargos vacantes y la precarización del trabajo de los docentes, y el constante hostigamiento de las fuerzas represivas a las protestas y a los barrios de trabajadores más humildes, son sólo ejemplos de una situación que se vuelve cada semana un poco más tensa. 

Desde el comienzo hemos sido partidarios de cumplir con las medidas de prevención que, a falta de una vacuna, garantizan cierto cuidado a la salud popular. Sin embargo, también advertimos que, si esto no iba acompañado de medidas de fondo en la administración económica para garantizar condiciones dignas de vida a las amplias mayorías populares, la cuarentena sería una potenciación de las penurias económicas y sociales del pueblo trabajador. Y con ello, un salto en los conflictos agravados por la administración de la cuarentena. 

La cuarentena tenía el sentido de achatar la curva de contagios para darle tiempo al sistema de salud a que se prepare para poder atender la emergencia. Pero los principales focos de contagio son precisamente en los centros de salud: caso emblemático el del Hospital Italiano donde, luego de tres semanas de multiplicar los contagios, el COE resuelve derivar a todos los pacientes al hospital público. Mientras se deja a los hospitales públicos sin recursos para atender debidamente a la población. Esto quiere decir que la administración de tal cuarentena choca de frente con los intereses populares. El tiempo no se está aprovechando desde el gobierno provincial y los municipios para preservar la salud del pueblo sino para sostener la aplicación de medidas antipopulares: apoyar el pago de la deuda externa, seguir perdonando a los banqueros y monopolios que hacen lo que quieren, descargar el ajuste salarial y presupuestario sobre los trabajadores y el pueblo, alistar a las fuerzas represivas para poner en caja al que no se resigna a esto. Sostenemos la necesidad de asumir activamente el cuidado de la salud popular, y al mismo tiempo llamamos a fortalecer la organización en los barrios y en los ámbitos de trabajo y estudio, preparándonos para que sea la intervención obrera y popular la que imponga su sello a la salida de una crisis que lleva años de incubación y no hace más que agravarse en este contexto.

Leo Funes