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Ni sociedad anónima, ni empresa privatizada
Amparado en la adhesión al mega DNU 70/2023 de Javier Milei, el gobierno de Córdoba anunció recientemente su intención de avanzar con la privatización de la empresa de energía de Córdoba (EPEC) y convertirla en una sociedad anónima. El anuncio provocó el inmediato y masivo repudio de Luz y Fuerza cuyos afiliados determinaron en una masiva asamblea la decisión de iniciar un plan de lucha contra el plan privatista.
Seguidamente, desde la conducción del gremio, señalaron que la provincia tiene autonomía sobre sus empresas, bienes y servicios y que no es cierto que esté obligada a convertir a una de las principales empresas provinciales en una sociedad anónima por el simple hecho de abrazar deliberadamente el megadecreto entreguista de Javier Milei.
Resulta contradictorio, señalan desde el sindicato, que los directivos de EPEC y gobierno provincial sostengan que la empresa esté “saneada” y “funcionando bien” y que a la vez, necesite acceder al mercado de capitales para funcionar mejor, ocultando que el supuesto saneamiento de la empresa fue un ajuste sobre los trabajadores, sin afectar la matriz del gasto innecesario que sólo favoreció a las contrataciones privadas y la tercerización de las tareas.
La EPEC brinda un buen servicio gracias al esfuerzo de los laburantes comprometidos en garantizar y sostener el sistema eléctrico para la población de Córdoba a pesar de una sistemática política de vaciamiento.
Sin lugar a dudas, el objetivo de Martín Llaryora a partir del cambio de figura de empresa provincial a sociedad anónima es quitarle a la EPEC cualquier tipo de control público y de los propios trabajadores para convertirla en una Unidad de Negocios.
Como es sabido, recientemente, el gobierno de Córdoba dio impulso a una versión cordobesa del régimen de incentivo a las grandes inversiones conocida como RIGI cordobés, el cual pretende profundizar el sentido entreguista de la norma nacional. El RIGI es un programa que ofrece incentivos a los proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares y EPEC es una empresa que puede aplicar a este régimen.
Entonces más que asistir con inversiones a una empresa deficitaria lo que está detrás del proyecto privatista es entregar EPEC a la voracidad del gran capital, y si bien han sido los propios trabajadores quienes prontamente salieron a denunciar y anunciar medidas de fuerza lo cierto es que toda la ciudadanía de la provincia debiera pronunciarse en contra del intento de crear una S.A. sin darle crédito a Llaryora quien tras el repudio de Luz y Fuerza salió a descartar cualquier intención privatista de su parte. Sin embargo, el intento del oficialismo provincial de privatizar EPEC no es nuevo. Ya se intentó en 2001, antes del derrumbe de la Convertibilidad, y eso no se borra fácilmente de la memoria de los trabajadores, dispuestos nuevamente a dar batalla contra la privatización.
Jorge Díaz
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