Córdoba | Entre ajuste y resistencia

El pacto entre Macri y los gobernadores ha encontrado en Córdoba uno de los escenarios más favorables al punto de resultar complicado saber quién es más papista, si el radicalismo encabezado por Ramón Mestre, Oscar Aguad y Mario Negri o el peronismo provincial representado por el Gobernador Juan Schiaretti.
Lo cierto es que la suma de lo ajeno y lo propio ha permitido al gobierno nacional cosechar en Córdoba uno de los mayores caudales electorales para su gestión y un primer acuerdo salarial firmado en diciembre pasado por un 11%, entre el gobierno provincial y José Pihen del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), siguiendo los lineamientos del Ministro Triaca, en un claro intento de marcar la cancha al resto de las paritarias, en especial al sector docente.
El caso de Pihen cobra significación por tratarse de una de las cabezas de la CGT provincial junto a Hilda Bustos de Gráficos (ambos, además, legisladores provinciales de Unión por Córdoba, el partido de Schiaretti).
Resulta clara la subordinación de la burocracia sindical al gobierno y el intento de bajar el ajuste a tierra. Sin embargo, el año recién comienza y todo hace preveer que no será sencillo. En términos políticos la disputa es encarnizada. Los aliados del gobierno nacional son poderosos pero no logran una síntesis de cara a las elecciones provinciales de 2019. Por otra parte Macri no ha conseguido atraer a De la Sota quien mantiene pretensiones de reposicionamiento de cara al rearme del justicialismo y provoca que el propio Schiaretti oscile entre seguir apoyando el ajuste, por caso el paquete de leyes antiobreras y el megadecreto de Macri, o desande los acuerdos y juegue a la oposición conciente de que la crisis pueda jaquearlo antes de lo previsto. Es decir, a lo propio lo une el espanto y a lo opuesto la ambivalencia, haciendo palpable una fractura en las alturas en la medida que la clase trabajadora logre romper la fragilidad de estas alianzas.
Como contrapartida, la bronca crece. Al recorte salarial y jubilatorio se suman las tarifas y el ajuste a los planes sociales, provocando un creciente malestar entre las bases que ha dado lugar a medidas de fuerza contra los despidos y el intento a poner techo a las negociaciones salariales. En el caso de ATE se han iniciado protestas por los despidos en Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, ANSES y SENASA, lo mismo que SADOP (docentes particulares) quien denunció cesantías en las escuelas privadas y otro tanto ocurre en Volkswagen donde recientemente fueron despedidos los delegados opositores a la burocracia de SMATA. Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) mantiene un plan de lucha contra el desmantelamiento de los hospitales, por caso el Neuropsiquiátrico, al tiempo que la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), los No Docentes y los Bancarios han rechazado el intento de condicionar las paritarias y anunciado medidas de fuerza, etc. Es decir, tras el impasse de enero todo parece indicar un recalentamiento de la tensión generada tras la aprobación del ajuste previsional y el intento de avanzar contra los derechos de los trabajadores.
Este escenario es propicio para la izquierda quien viene encontrando en el nuevo activismo un caudal de fuerzas capaces de orientar las luchas contra la burocracia sindical, como en el caso de UTA, permanentemente acicateada por un grupo de delegados combativos, y contra el propio Estado y su aparato represivo.

Corresponsal