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El 28 de abril los obreros brasileros realizaron una histórica huelga general contra la reforma laboral y jubilatoria del gobierno ajustador de Michel Temer. La huelga, de la que participaron los principales sindicatos del país como metalúrgicos, bancarios, transportes, empleados públicos, docentes y petroleros y que incluyó piquetes y bloqueos a rutas y puentes, fue la más grande desde el año 1996.
En las ciudades más importantes de Brasil el paro se sintió con fuerza, no hubo transporte terrestre ni subtes ni trenes en Brasilia, Porto Alegre, Recife y San Pablo, entre otras. Además, por primera vez, hubo piquetes y bloqueos, en Río de Janeiro fueron bloqueados el puente Río-Niterói y el Transoeste, en Recife bloquearon la principal avenida al igual que en Río de Janeiro.
La huelga general se concretó un día después que los diputados votaran a favor del proyecto de reforma laboral presentado por el oficialismo. La reforma es un avance sobre los derechos de los trabajadores, flexibilizando las condiciones de trabajo. Si finalmente es aprobada la ley en el Senado, la jornada laboral, que actualmente es de 44 horas semanales con un límite de 8 horas por día, será de hasta 48 horas por semana con 12 horas diarias de trabajo, también elimina el tiempo de viaje como horas trabajadas, que hasta el momento era un derecho ganado y además divide las vacaciones en tres veces. Por otra parte, si el trabajador pierde una demanda laboral contra su empleador, deberá pagar los costos de la misma, cuando antes lo costeaba el Estado. Otro punto importante es que plantea que "lo acordado valga por encima de lo legislado", lo cual posibilitaría la legalidad de los acuerdos pactados entre trabajadores y empleadores por fuera de los convenios vigentes. El proyecto votado en diputados también incluye la eliminación del llamado “impuesto sindical” que es una “contribución sindical obligatoria” que dispone que sea descontado un día de trabajo anual a los empleados para destinárselo a los sindicatos donde estén afiliados. En relación a los aportes jubilatorios, el proyecto propone un aumento en la cantidad de años, de 30 pasa a 40.
El gobierno ilegítimo de Temer tildó de “fracaso” al paro diciendo que sin la adhesión del transporte no se hubiese concretado, similar al argumento que usó el gobierno de Mauricio Macri y quien fue uno de los primeros en reconocer esa ilegítima gestión. Sin embargo fue la huelga general más grande de las últimas dos décadas y el dato llamativo es la expresión callejera que tuvo como protagonistas a los trabajadores y el pueblo resistiendo en las calles, utilizando como método el piquete y el combate directo con las fuerzas represivas.
El paro fue convocado por la Central Única de Trabajadores y Fuerza Sindical, los dos mayores centrales sindicales de Brasil que están distanciadas pero que se unieron para rechazar la reforma laboral y jubilatoria de Temer. La CUT, creada por Lula Da Silva, se mantuvo en silencio durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores y hoy en día trabaja para la posible elección del ex presidente para las elecciones del 2018, una de las razones por las que tomó la iniciativa de llevar adelante la huelga.
Los trabajadores brasileros tienen por delante un enorme desafío, luchar contra la flexibilización laboral en las calles, sin depositar expectativas en un Congreso corrupto y traidor, artífice de la destitución del gobierno constitucional de Rousseff, y cómplice de múltiples componendas antidemocráticas y antiobreras. Las vísperas de la aprobación previsible del nefasto proyecto de ley deben encontrar a los sectores más combativos al frente de la mayor clase obrera del continente, en pie de guerra contra esta ofensiva del gobierno ilegítimo y ajustador, abriendo paso a una nueva dirección del movimiento de lucha obrero y popular, que apueste a la rebelión para tumbar la ley antiobrera y acercar el momento de la caída del frágil gobierno de Temer.
Marcela Stein
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