Aspectos económicos de la dictadura del ´76

Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo, reproducimos esta nota publicada en no transar n°71 de marzo de 2013. Aquí se analizan los trazos centrales del rumbo económico adoptado a partir de la dictadura militar, determinante en el presente, proceso que es necesario entender para caracterizar de manera correcta la fisonomía específica que tienen los enemigos del pueblo en la actualidad. 

El gobierno militar instaurado tras el golpe del ‘76 tejió un sólido entramado de intereses con las distintas fracciones de la gran burguesía. En la actualidad, cuando surge una disputa en el seno de los sectores dominantes, se le enrostra a tal o cual grupo su complicidad con la dictadura, como es el caso de Clarín o de la Sociedad Rural. Si bien las acusaciones hacia ellos son justas, eluden o esconden el rol protagónico que por aquellos días tuvieron grandes empresas industriales que siguen hoy haciendo suculentos negocios. Esta nota pretende profundizar acerca del carácter de clase de la dictadura.

Asestarle un golpe a la lucha del pueblo en general y aniquilar a las organizaciones revolucionarias en particular, aplicando para ello el terrorismo de Estado: este fue el objetivo político que unificó a las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

Lo extendido de la represión ejercida no debe desembocar en una imagen sin fisuras del elenco dictatorial, la cual sería una distorsión. El campo diplomático es un ejemplo de las serias diferencias internas. El caso del conflicto limítrofe con Chile, en donde las alternativas fueron mediación o guerra, es ilustrativo del tema.

La economía era el principal terreno de disputa. Allí pueden distinguirse dos proyectos que, si bien se apoyaban en fracciones de la gran burguesía, tenían importantes diferencias.

Por un lado, los liberales planteaban una apertura indiscriminada de la economía. Su figura más destacada fue el primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz11, y los generales Videla y Viola fueron los líderes militares más comprometidos con este sector. Con ellos convivía un bando más cercano al nacionalismo desarrollista, que defendía el rol del Estado trazando los objetivos económicos y sociales. Su asiento fue el Ministerio de Planeamiento, y sus apoyos militares vinieron principalmente de la Armada y también de algunos sectores del Ejército. El resultado de esta tensión fue un proyecto liberal de fuerte componente corporativo, donde un selecto grupo de empresas continuó viéndose favorecido por su relación preferencial con el Estado, mientras la “libertad de mercado” perjudicaba a todos aquellos que no tenían la solvencia como para enfrentarla.

Uno de los primeros objetivos económicos del gobierno militar fue el cambio de la matriz productiva del país, hasta ese momento dirigida principalmente al mercado interno. El equipo de Martínez de Hoz se propuso poner a la industria local a competir sobre la base de parámetros internacionales, orientación que era compartida con la conducción de la Unión Industrial Argentina. Se redujeron los aranceles de importación, fueron eliminados los subsidios a las exportaciones no tradicionales, se liberalizaron los mercados cambiario y financiero y se eliminaron las retenciones a las exportaciones agropecuarias. El resultado de estas medidas fue la progresiva desindustrialización del país: para 1982 el PBI industrial había retrocedido un 25%, quedando por detrás de los niveles de 1974. Las pequeñas y medianas empresas fueron las principales perjudicadas, viéndose forzadas a vender sus activos a grandes grupos o directamente a cerrar.

Una medida importante para entender la dinámica económica de estos años fue la “privatización periférica” en el ámbito estatal: esto es, no fueron privatizadas las empresas del Estado en sí, sino las actividades secundarias vitales para su funcionamiento. El caso de mayor envergadura fue el de YPF. Esta “privatización periférica” amplió el radio de acción de aquellas grandes empresas que el Estado contrataba para prestar distintas obras y servicios. Estas mismas, a su vez, proveían materiales para el monopolio estatal de las industrias bélica, aeronáutica y nuclear.

La política monetaria también favoreció a los monopolios. Para hacer frente a la inflación, el gobierno instauró un régimen de devaluaciones pautadas conocido como “la tablita”, mecanismo que daba a conocer con anticipación cómo y cuánto se iba a devaluar. Los datos oficiales acerca de la depreciación de la moneda permitieron a los grandes tenedores de dinero especular a diestra y siniestra.

La Reforma Financiera de 1977 profundizó esta situación. La misma creó un mercado financiero sin restricciones que instaló en el país una importante cantidad de entidades bancarias. Entre otras cosas, la ley daba garantía estatal a los depósitos en plazo fijo, lo que en la práctica quería decir que si un banco quebraba el Estado respondía por el dinero.

La superabundancia de dólares benefició a todos aquellos sectores con capacidad de obtener divisa extranjera. Pero la envergadura de ese acceso no es un dato menor: así, mientras la pequeña burguesía acomodada pudo viajar a EE.UU. y comprar tecnología a buen precio, la gran burguesía supo hacer mejores negocios.

La moneda yanqui se vio subvaluada frente al peso argentino, lo cual, sumado a la alta inflación, hacía que las tasas de interés para tomar un crédito internacional fueran más bajas que las tasas locales, que sin más control que el juego del mercado ascendían a cifras astronómicas: de esta manera los bancos captaban más ahorristas. En este marco, las grandes empresas se endeudaban en el extranjero y cambiaban sus dólares por pesos, con los que concedían préstamos dentro del país o compraban bonos del Estado. Las altas tasas internas multiplicaban la inversión inicial. La operación se repetía una y otra vez: de esta forma, los monopolios se endeudaron por grandes sumas con la banca internacional para obtener ganancia mediante esta “bicicleta”; prácticamente nada de esos créditos fue utilizado en promover su capacidad productiva. Al mismo tiempo, hay que tomar nota de que sumas importantes de esas ganancias eran fugadas del país.

A diferencia de otros momentos, en que fue un mecanismo auxiliar, el endeudamiento exterior pasó a ser la herramienta central de acumulación de las grandes empresas. Se había creado un mecanismo que hacía muy poco atractiva la inversión para ampliar la capacidad productiva. Pero el mismo era por demás artificial. Así, el Estado debió tomar deuda para cubrir las necesidades de divisas de las grandes empresas. Entre 1979 y 1980 la deuda pública creció un 100%. La década del ‘80 comenzó con la quiebra de 27 bancos y la incapacidad de pago de las grandes empresas, que se vieron beneficiadas con el “seguro de cambio”, eufemismo para designar la estatización de la deuda privada. La deuda externa aumentó de 7.875 millones de dólares en 1975 a 45.087 millones en 1983.

Las fracciones de la gran burguesía en general se vieron beneficiadas de estas medidas, aunque hay que destacar que el sector monopolista industrial se vio enormemente favorecido por todas ellas. De esta manera, la concurrencia entre liberalización económica y contratismo -impulsados desde el ministerio de Economía y de Planeamiento, respectivamente- dieron lugar a una espectacular transferencia de ingresos en favor de la gran burguesía monopolista, cada vez más ligada con el capital financiero internacional, al tiempo que cada vez más parasitaria. Lejos del ideario de “no intervención”, el Estado utilizó sus herramientas para subsidiar a este sector. Nada más lejano a la “búsqueda de mayor eficiencia” pregonada por Martínez de Hoz.

Los grandes ganadores de este modelo fueron aquellos que venían ligando la concentración de actividades en la cadena productiva con la diversificación de sus actividades: grupos industriales que contaban con inversiones agropecuarias, comerciales y/o financieras. Podían ser grupos extranjeros o también propiedad de la gran burguesía nativa, en cuyo caso la asociación con el capital trasnacional era estrecha. La gran burguesía agraria, sin ser la “nave insignia” de la etapa, también aprovechó la liberalización económica y la reprimarización de la economía provocada por la desindustrialización.

Entre los perjudicados se cuentan la pequeña y mediana propiedad, tanto industrial como rural, volcadas al mercado interno. Pero los grandes damnificados fueron, sin dudas, los trabajadores. “Sinceramiento” de precios y congelamiento de sueldos mediante, en 1976 el salario real bajó un 37% respecto a los valores de 1974-1975, ubicándose en niveles apenas superiores a los de 1945. Para 1983, la participación de los salarios en el ingreso nacional fue del 27%, algo más de la mitad de la cifra registrada en 1974 (45%). Esto tiene que ser entendido en el marco de la represión terrorista, la pérdida de derechos laborales y el aumento de la desocupación y la pobreza. La altísima inflación y el arancelamiento parcial de la salud y la educación completaron el paquete de la redistribución regresiva del ingreso.

1. Martínez de Hoz venía de la conducción de la metalúrgica Acindar. Como su familia había participado en la fundación de la Sociedad Rural, se le suele atribuir al ex ministro una procedencia del rubro agropecuario

Facundo Palacios