Uno de los caballitos de batalla del gobierno macrista es la “modernización del Estado” eufemismo que encubre una de las políticas de ajuste en marcha.
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El pasado 8 de noviembre los compañeros Daniel Ruiz del PSTU y César Arakaki fueron condenados a 3 años y 3 años y cuatro meses, respectivamente, en el juicio llevado adelante tras la gran revuelta contra la reforma laboral macrista en diciembre de 2017. Las penas son de cumplimiento efectivo, por lo que la intención de la justicia federal es que ambos vuelvan a la cárcel: Ruiz estuvo preso 13 meses entre 2018 y 2019, y Arakaki pasó un mes detenido en 2018. El juez Daniel Ríos del TOF n°3 encontró a Ruiz y Arakaki culpables de “intimidación pública”. Se trata de una condena inédita desde la vuelta de los gobiernos constitucionales y un antecedente gravísimo en la criminalización de la protesta. Es decir, estamos ante un fallo netamente político. Con la lucha popular en alza y la bronca acumulándose, la justicia de los de arriba pone las barbas en remojo y afila las herramientas de represión.
Los fundamentos del fallo se conocerán en febrero del año que viene; a partir de ahí las defensas realizarán las apelaciones. Hasta que se agote ese proceso, los compañeros seguirán libres. Pero más allá de las instancias legales, lo que se plantea es una intensa campaña política para que todos los sectores populares, democráticos y combativos se expresen en contra de estas condenas que buscan amedrentar la lucha de los trabajadores y el pueblo, hasta lograr que ni Ruiz ni Arakaki vuelvan a pasar ni un solo día más en prisión.Facundo Palacios
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