“El momento mexicano”

“El momento mexicano”: así denominó el establishment financiero estadounidense y local al período de liberalización económica que se abría con la firma del Pacto por México, al inicio de la gestión de Peña Nieto.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la reacción popular que detonó, hacen temblar el escenario político mexicano, sometiendo a una dura prueba tanto a las capas gobernantes como a los millones que continúan ocupando las calles en reclamo de la aparición con vida de los jóvenes.
Para el gobierno nacional priísta, a solo dos años de haber asumido la presidencia, gozando del apoyo del imperialismo estadounidense, habiendo logrado encolumnar al conjunto de la gran burguesía local y la oposición política en el Pacto por México, la calma del primer bienio en el poder se vio abruptamente interrumpida por los acontecimientos de Ayotzinapa y su inmediato derrame al resto del territorio nacional. Para el gobierno está claro que los cuatro años que le restan han entrado en un cono de sombras, dada la dimensión de las movilizaciones que se están sucediendo, donde se pide a coro la cabeza del presidente, la conciencia popular acerca de la responsabilidad de todos los niveles del estado en estas desapariciones en masa, y la rápida vinculación que se establece entre la furia por estas injusticias y la bronca acumulada que subyace en las amplias mayorías populares por décadas de abandono y miseria social a la que están condenados, particularmente los estados sureños. En México el 0.17% de la población concentra el 42.3% del PIB.
Si bien en las primeras jornadas luego de la desaparición de los estudiantes, la respuesta del gobierno pareció ser la indiferencia, en la medida que el reclamo se sostiene en el tiempo, ha puesto en marcha un paquete de medidas que refuerzan el control social, transfieren competencias locales al estado federal, la disolución de las policías locales para pasar a manos de cada estado, y un despliegue de fuerzas federales en Guerrero y otros estados con situaciones similares. Todo recubierto con una oportuna pátina discursiva de defensa de los derechos humanos, seguridad ciudadana y combate a la corrupción. Guerrero junto con los Estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, todos en el sur del país, son ahora objeto de atención prioritaria por parte del Gobierno que ha lanzado un plan de rescate económico de la zona. Transformar la masacre en oportunidad para los inversores.
Mientras tanto, el accionar judicial sigue dando muestras de celeridad, no con los responsables de las desapariciones sino con los que protestan por ellas: el alcalde de Iguala y su esposa, que huyeron de la justicia, aún no han sido procesados, sin embargo once de los detenidos en la movilización del 20 de noviembre ya están confinados en cárceles de máxima seguridad.
Mientras, la oposición parlamentaria tanto de derecha (PAN) como de “izquierda” (PRD), sigue sin poder digerir la embestida popular, sumida en una profunda crisis interna sólo atina a balbucear correcciones al plan de salida de Peña Nieto.
Lo que está en juego de este lado es la posibilidad de que el régimen político mexicano logre asimilar la desconfianza movilizada que se multiplica por abajo, desarticulando la insurgencia en ciernes. Por el momento EPN, a pesar de sus visibles limitaciones políticas está logrando abroquelarse con el apoyo de los principales grupos económicos y la embajada de EEUU, aunque la profunda grieta abierta entre el pueblo y un régimen saqueador, criminal y corrupto está muy lejos de cerrarse.
Por abajo está por verse aún la capacidad de trascender el mero reclamo de justicia, y avanzar en la construcción de una alternativa popular al régimen vigente. Si es como indican las consignas que inundan las calles, que es el estado y todo el arco político en funciones de gobierno el responsable de la situación en que se ha sumergido al pueblo mexicano, ¿por qué habrían de ser las próximas elecciones, organizadas y protagonizadas por estos mismos actores, la punta del ovillo para resolver el drama en que están sumidas las mayorías populares? Ambos bloques sociales tienen intereses irreconciliables, y esto ha quedado de manifiesto en las jornadas que se suceden desde la noche del 26 de septiembre. Pero uno tiene una estrategia clara para sostenerse en el poder y ya la está poniendo a prueba. Frente suyo hay millones de mexicanos que se han encontrado reaccionando de manera independiente y contundente ante un ataque feroz. La respuesta popular callejera ha conmovido la estructura del poder político en el país y seguramente le dejará heridas duraderas, pero la reacción espontánea (justa y necesaria) no hará caer por sí sola, la maquinaria criminal de explotación, opresión y dependencia que somete a México como a la mayoría de los pueblos y naciones latinoamericanas.
Para las organizaciones y militantes antimperialistas y revolucionarios el momento mexicano consiste en asumir la tarea de alimentar la confianza en la fuerza propia del pueblo insurrecto, cimentar las expresiones de poder popular locales que vienen surgiendo en diversos territorios, coordinar la acciones regional y nacionalmente, y edificar la unidad de los trabajadores, campesinos y estudiantes en torno a una estrategia que se proponga conscientemente tomar las riendas de México, desalojando del poder a los enemigos del pueblo.

L.F.