¡Absolución ya!

Durante el 2014, los trabajadores de las hoy ex Emfer y Tatsa llevaron adelante una de las principales luchas contra el ajuste. No solo exigían sostener sus puestos de trabajo sino que fueron más allá y señalaron uno de los puntos sobre los que se basa el doble discurso del gobierno nacional, del ya no tan famoso Florencio Randazzo, acerca de la supuesta “Revolución Ferroviaria”.

Mientras se jugaban el todo por el todo y rescataban pruebas que se tendrían en cuenta en el juicio contra los Cirigliano por la masacre de Once, también enfrentaban a la policía en la General Paz y se solidarizaban con otros trabajadores en conflicto.
Así es como consiguieron conservar los puestos de trabajo, más de 400, y ahora son trabajadores ferroviarios. Pero también gran parte de los delegados hoy engrosa la lista de procesados por luchar bajo el gobierno kirchnerista. La persecución y judicialización es moneda corriente cuando la represión directa no es bien recibida por un pueblo que no olvida todavía (y no lo hará) a los caídos en las luchas populares. Así, el gobierno de los “derechos humanos” judicializa a los luchadores populares en represalia e intentando amedrentar. Los ex delegados de Emfer y Tatsa cuentan con entre 3 y 7 causas abiertas cada uno.
En ese sentido, hace algunos días llamaron a declaración indagatoria a ocho de los delegados por una causa en la que se los acusa de “compulsión a la huelga”.
Llaman la atención varias cuestiones. La primera, que ya fue señalada por los abogados de los compañeros, es el ensañamiento del fiscal cuando el conflicto particular ya está concluido, por lo menos por el momento; y probablemente eso sea lo que intenta sostener. Por otro lado, se le permite a los abogados de los Cirigliano continuar presentando “elementos” a la causa por lo que se agregaron los cargos de “usurpación” y “violación de domicilio”. Esos son los nombres que le pone la justicia que no es la de los trabajadores a las medidas de fuerza que se toman en asamblea, que forman parte de una lucha de punta y que, claramente, no quieren que se repita.
Solidarizarse con los trabajadores que sufren esta criminalización no solo es una cuestión de principios, sino que enfrentar este ataque es una tarea más que se desprende de la lucha contra el ajuste.

Corresponsal