Libertad a los presos políticos de Curuguaty

El lunes 11 de julio la justicia paraguaya decidió convalidar un proceso judicial absolutamente fraudulento, y condenó a once campesinos procesados por los hechos conocidos como la Masacre de Curuguaty, con penas que llegan hasta los treinta años de cárcel.

El 15 de junio de 2012 la policía paraguaya avanzó sobre decenas de campesinos que se encontraban ocupando tierras ociosas en Curuguaty, departamento de Canindeyú, al noreste de Paraguay. En esta incursión policial murieron once campesinos y seis policías; sin embargo, entre los acusados no hubo ni un solo uniformado. Este hecho fue uno de los detonantes del juicio político contra el presidente Fernando Lugo que, una semana después de la masacre, era destituido por un Congreso completamente dominado por la oposición.

No sólo es absurdo que ningún policía haya sido imputado y que no se tuvieran en cuenta las numerosas pruebas que la defensa presentó a favor de los campesinos. Todo el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades flagrantes: la ficticia investigación de los hechos, la manipulación y desaparición de las pruebas, el montaje de la escena del crimen, todos elementos de un juicio que es ilegítimo desde su inicio. El mismo intento por presentar la masacre como una “emboscada” que habrían realizado 60 campesinos con escopetas que no funcionaban contra 320 efectivos policiales con fusiles automáticos respaldados por helicópteros, es una muestra de lo grotesco del caso.

Las tierras ocupadas estaban siendo reclamadas como propias por un grupo empresarial perteneciente a Blas Riquelme, uno de los principales propietarios de tierras del Paraguay, ex presidente del Partido Colorado y de fuertes vínculos con Jalil Rachid, ex fiscal de la causa, hijo de una de las principales figuras del mismo partido del dictador Alfredo Stroessner, y actual Viceministro de Orden y Seguridad del gobierno de Horacio Cartés, también Colorado.

La Federación Nacional Campesina de Paraguay revela que son al menos 300.000 los campesinos sin tierra para cultivar en el país, mientras menos del 3% de los paraguayos es dueño del 85% de la tierra cultivable. Al mismo tiempo, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), desde la caída de Stroessner hasta la actualidad, al menos 117 referentes campesinos han sido asesinados o desaparecidos, y ninguno de esos crímenes fue esclarecido por la Justicia.

Los cuatro años de farsa judicial que preceden a esta sentencia ilegítima, persiguen la finalidad política de  criminalizar la lucha campesina, la protesta social y el legítimo reclamo de tierra a través de la expropiación de los latifundistas. En plena vigencia de un gobierno antipopular, corrupto y servidor de las históricas élites oligarcas del Paraguay como es el de Cartés, la búsqueda por perseguir y disciplinar a los movimientos populares es su principal preocupación, como lo demuestra la cantidad en aumento de presos políticos en el país.

¡Libertad a los presos políticos de Curuguaty! ¡Anulación del juicio fraudulento! ¡Castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato de los campesinos!

L.F.