“No es venganza. Se trata de memoria, verdad y justicia”

Con este título el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia publicaba una declaración en repudio a la editorial del lunes 23 de noviembre del diario La Nación titulada “No más venganza” en defensa de los milicos genocidas que vienen siendo juzgados por el secuestro, tortura, violaciones, desapariciones o muertes de más de 30.000 compañeros.

De acuerdo a un reciente informe difundido por la agrupación HIJOS La Plata, “desde la caída de las leyes de impunidad al 10 de diciembre de 2015 el Estado argentino sólo efectivizó 148 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 148 juicios hubo 869 procesamientos, y como resultado se dictaron 778 condenas sobre 634 represores, 80 absueltos y 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 2 apartados durante el juicio, por un universo de 3858 víctimas. Esto quiere decir que en 12 años alrededor del 40% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 30% de aquel número de procesados fue condenado”.
En el último periodo, la fragmentación y lentitud de los juicios se acentuó. Coincidió con el intento kirchnerista de ir cerrando ‘una etapa’ en la sociedad y avanzar a una reconciliación con las fuerzas armadas. La promoción del general Milani o el recibimiento a la Fragata Libertad tras su retención en Ghana por una demanda de los fondos buitre, fueron gestos concretos en esa dirección.
El cambio de gobierno busca ser aprovechado, por los sectores más reaccionarios, para reinstalar la teoría de los dos demonios y consagrar la impunidad del genocidio.
Los organismos de derechos humanos y organizaciones del campo popular que consecuentemente mantuvieron todos estos años las banderas de memoria, verdad y justicia hoy vienen denunciando el sostenimiento de una abierta política de criminalización de la protesta social y popular, llegando a 4.000 los criminalizados en los últimos doce años; y en sanción de nefastas herramientas como lo fuera la Ley antiterrorista.
El asesinato de Ángel Verón en Chaco a fines de septiembre, la reciente condena a los 28 docentes y camioneros en Tierra del Fuego a penas de entre 8 meses a 4 años de prisión por los delitos de “daños (simple y agravado) y resistencia a la autoridad”, las amenazas de desalojos en tomas de tierra en el conurbano norte de Buenos Aires (José León Suárez y Merlo) a fines de noviembre y principios de diciembre, el desalojo a un Centro Cultural en Olivos la semana pasada; son parte de una política que, antes Cristina Kirchner y ahora Macri, no dejan de aplicar.
No hay reconciliación alguna con los genocidas y la criminalización y represión de la protesta encontrará a los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales peleando en las calles.
Vera Pérez