Derechos Humanos y kirchnerismo

Desde el desembarco del kirchnerismo en el gobierno, cuando Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003 en medio de la situación abierta a poco más de un año del 19 y 20 de diciembre del 2001 y a meses de la represión de Puente Pueyrredón; el ropaje progresista con el que intentó disfrazar sus políticas pro-monopólicas y de recomposición de la institucionalidad burguesa, marcó su directriz en estos 12 años en materia de DDHH.

En agosto de 2003, con las Fuerzas Armadas con una reducida participación en la escena política, anula las Leyes de Obediencia debida y Punto final (21/8) y abre así la posibilidad de juzgar a los genocidas que actuaron durante la última dictadura.
El persistente esfuerzo llevado a cabo a lo largo de los años por las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, gremiales, sociales y políticas populares constituyó un umbral alto para el oportunismo político. De ahí que mostrarse como el ‘gobierno de los DDHH’ le impuso al gobierno kirchnerista algo más que un programa que significara un simple retoque cosmético. Apropiarse de las banderas de memoria, verdad y justicia necesitó además de la cooptación de organismos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas. Sin embargo, a pesar de esta instrumentación política, el impulso de los largos años de lucha logró correr las barreras de la impunidad. De manera incompleta y fragmentada se logró avanzar aunque el balance arroja muchas sombras.
Transcurridos 12 años desde que comenzaron a juzgarse a los genocidas, hoy existen alrededor de tan solo 2000 genocidas procesados, y 538 condenados por 3000 casos. De los condenados, solo aproximadamente 50 cuentan con sentencia firme, y gran parte de ellos están beneficiados con prisiones domiciliarias. Teniendo en cuenta que oficialmente están reconocidos 600 centros clandestinos de detención en todo el país, la cifra de condenados no llega a un represor por Centro Clandestino de Detención.
A contramano de la lucha histórica de los organismos independientes de las políticas del gobierno, -y que batallan para que se juzgue por Centro Clandestino de Detención y Exterminio y circuitos represivo, imputando a todos los genocidas que actuaron allí por todos los delitos cometidos contra todos los compañeros-; los juicios computan hoy la impunidad biológica que beneficia a los represores de la dictadura; impunidad que es producto de la forma de juzgar en causas fragmentadas y parcializadas que diluyen la dimensión y responsabilidad en el genocidio.
La desaparición de Jorge Julio López en septiembre de 2006, mientras se desarrollaba el juicio al genocida Etchecolatz (entre otros represores), mostró la verdadera cara de su política. Con la bonaerense detrás de su desaparición, el silencio del gobierno al respecto, y hasta montajes de investigación que condujeron siempre a ocultar la verdad sobre el paradero de López, pone a las claras a qué sectores de las fuerzas represivas el gobierno no estuvo dispuesto y no quiso intervenir. Los asesinados por “gatillo fácil” en manos de las fuerzas seguridad (la gran mayoría en manos de la propia bonaerense) cuentan con 4283 víctimas desde el retorno de la democracia a esta parte. El 63% de ellos, bajo los gobiernos K.
Desde el asesinato del maestro Fuentealba en Neuquén en manos de la policía local; el crimen de Mariano Ferreyra con los tiros de la burocracia de Pedraza y la Policía Federal como cómplice, la sanción de la Ley Antiterrorista (sancionada en 2007 y modificada en 2011), el destape del Proyecto X de la Gendarmería, la recomposición de las FF.AA. poniendo a la cabeza a César Milani y su propio aparato de inteligencia, la criminalización de la protestadevela hoy el trabajo que vino a hacer el kirchnerismo durante todos estos años.
Hoy el slogan de la “reconciliación” parece epilogar estos doce años; el pasado 7 de julio en la cena anual de camaradería, la Presidente recordó que “desde el 2003 a la fecha se ha recorrido un largo camino… Por la historia que vivimos parecía imposible articular DD.HH y la Defensa”.

Alberto Lemos