Nueva oportunidad para avanzar con banderas de lucha

Los días 15, 16 y 17 de octubre próximos la Facultad de Medicina de la UBA será sede un nuevo encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados. El mismo apunta a dar continuidad a los oportunamente realizados en Córdoba y Rosario y dar curso a una serie de iniciativas políticas contra el Estado, dada la responsabilidad del mismo respecto del impulso al actual modelo agro exportador con base en cultivo de cereales y oleaginosas transgénicas y de las graves consecuencias que la aplicación de agroquímicos empleados en la producción ocasiona sobre la salud de quienes habitan el territorio nacional.

Sin lugar a dudas, la afección de la salud de la población por exposición a distintos venenos tanto en forma aguda: enfermedades de la piel, los ojos, cuadros respiratorios, abortos espontáneos, etc., como crónica: trastornos del tejido conectivo, neurológicos, hormonales, malformaciones, cáncer, etc., representan el talón de Aquiles de la producción agrícola dada la contradicción insalvable entre el beneficio privado y el perjuicio colectivo que ocasiona la misma. Sin embargo, tal escenario de conflicto y lucha no cubre ni resuelve de manera integral la identidad de los responsables y mucho menos su vinculación preeminente con el poder del Estado.
El caso de Monsanto es paradigmático. Dicha empresa -insignia de la producción de semillas transgénicas y agroquímicos-, se ha convertido en el blanco de las protestas a lo largo y ancho del país, impidiendo que la misma radique su planta experimental en el Municipio de Malvinas Argentinas de Córdoba o pueda avanzar con el proyecto de Ley de Semillas que habrá de asegurarle el monopolio absoluto de las mismas. También ha hecho posible descubrir todo un conglomerado de empresas transnacionales similares, como Bayer, Syngenta, Cargill, etc., con análogos cometidos en la producción local, permitiendo acrecentar la conciencia antimonopólica y antimperialista tanto en la ciudad como en el campo y conformar un frente de lucha (no exento de contradicciones) que apunta contra dichas compañías y los gobiernos interesados en los beneficios que ocasionan los agronegocios y la renta cerealera y sojera. Sin embargo, no ha logrado, en base a la pura reacción, desarrollar un programa de transformación de las relaciones económicas y políticas que dé una perspectiva a las luchas más allá de las propuestas de contingencia, como el saneamiento de las poblaciones (caso Monte Maíz), la soberanía alimentaria (sin afectar el régimen de tenencia de la tierra ni el capital aplicado a la producción agrícola) o infinidad de iniciativas autónomas para el desarrollo de una vida saludable en las márgenes de la gran producción capitalista que hoy domina el escenario.
Esto no significa apartarse de las peleas defensivas contra los monopolios, sino la necesidad de elevar las mismas para pasar a un equilibrio de fuerzas y de ahí a la ofensiva de masas.
Un paso fundamental en este salto de la conciencia ha sido desenmascarar la falsa antinomia entre la ciudad y el campo que pretendió el gobierno nacional cuando delimitó los términos del conflicto a la vieja consigna de “civilización o barbarie” durante el trámite de la Resolución 125 apuntada a disputar la renta agraria. La vida demostró que el atraso del campo no era tal, al contrario. El mayor paquete de la revolución científico tecnológica (la biotecnología) se encuentra actualmente destinado a la producción agrícola. El sistema universitario entrelazado al CONICET está íntimamente ligado a dicha producción, aportando innovación, asesoramiento, patentes, ingenieros, técnicos, etc. Todos destinados a lograr la maximización de los negocios. Pero además está la inversión directa de capital, en particular a partir de los pooles de siembra o fondos de inversión, la cual ha puesto en muchos casos a la producción industrial de granos (la agroindustria) por encima de la producción industrial de manufacturas en las ciudades (sin contar para esta última la producción de herramientas y maquinarias agrícolas, sistemas de riego y siembra con monitoreo satelital, aviones fumigadores, drones, etc.), todo lo cual acredita sin atenuantes que el capitalismo en el campo lejos está de ser una expresión del atraso.
Por otro lado, también ha quedado establecido que la renta agraria con base en la producción de semillas transgénicas mediante la siembra directa resulta tan gravitante para los recursos financieros del Estado y la utilidad de las empresas que ridiculiza cualquier pretensión de sustitución por sistemas menos eficientes; es decir, por cualquier sistema ubicado por detrás del nivel alcanzado por el capitalismo en este momento.
Finalmente, ha quedado establecida la correspondencia de intereses entre los grandes productores rurales y los grandes terratenientes, la de estos con las empresas productoras de insumos (semillas, agroquímicos, maquinaria agrícola), la de ellos con quienes agregan valor a los productos agrícolas (en particular las aceiteras, fabricantes de alimentos y biocombustibles), y la de todos estos sectores con quienes controlan el comercio exterior (las exportadoras y controladoras de aduanas).
Por lo tanto se hace necesario ligar la lucha por la salud de la población a la lucha por la nacionalización de la gran propiedad terrateniente y la expropiación del gran capital aplicado a la tierra y ponerlos al servicio de los trabajadores y el resto de los sectores populares. Se impone volcar la investigación y la extensión universitaria a los problemas de la salud y la alimentación del pueblo. Argentina produce un volumen de alimentos capaz de satisfacer las necesidades del 10% de la población mundial, pero el 33% de sus habitantes sufren desnutrición o mala alimentación en diverso grado. Se impone una alimentación saludable y también un ambiente saludable, lo cual se liga a la biodiversidad y no al monocultivo ajustado a las pizarras de Rosario o la Bolsa de Chicago. Se impone la nacionalización de la banca a fin de permitir el financiamiento de las cooperativas agrícolas, los productores comunales y los pequeños y medianos campesinos. Se impone nacionalizar el comercio exterior de granos para posibilitar una soberanía alimentaria garantizada por el Estado.
Se impone, al fin, el desarrollo planificado de la producción de la ciudad y el campo para evitar las crisis y asegurar un orden que no esté reñido con la salud y el ambiente, como ocurre actualmente.
Ojalá este nuevo encuentro de médicos y pobladores afectados por el envenenamiento permita un debate fructífero y un mayor grado de unidad combativa en torno a un programa de lucha antimonopólica y antiimperialista.

Jorge Díaz