La nueva constitución de Boric - Ni la sombra de Salvador Allende

El próximo 4 de septiembre se plebiscitará, con carácter de voto obligatorio, el proyecto de nueva Constitución chilena. En dicha oportunidad podrán votar 15 de los 19,5 millones de habitantes para expresar la aprobación o rechazo del texto. 

Como se recordará, la Convención Constituyente que elaboró la presente propuesta fue la vía de solución a las multitudinarias protestas realizadas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 que convulsionaron Chile desde Santiago a las principales ciudades, como Valparaíso, Concepción, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, poniendo en jaque al gobierno de Sebastián Piñera.  

En dicha oportunidad, dada la situación de zozobra, la derecha chilena en el poder acordó con los partidos de la oposición un pacto de gobernabilidad conocido como “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” el cual fue firmado por Fuad Chain, presidente del Partido Demócrata Cristiano; Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista; Heraldo Muñoz, presidente del Partido Por la Democracia; Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal; Catalina Pérez, presidenta del Partido Revolución Democrática; Jacqueline van Rysselberghe, presidenta del Partido Unión Demócrata Independiente; Mario Desbordes, presidente del Partido Renovación Nacional; Hernán Larraín, presidente del Partido Evolución Política; Javiera Toro, presidenta del Partido Comunes; Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical; y Gabriel Boric, dirigente del Partido Convergencia Social, este último autoproclamado como un partido de "carácter feminista, socialista, emancipador, aportando a la construcción de una vida digna, y una nueva relación respecto a los bienes comunes y sus pueblos".

Vale destacar que como resultado de la firma del mencionado pacto por parte de Boric, 72 dirigentes y militantes renunciaron al partido así como el grupo proveniente de Izquierda Libertaria y el Vicepresidente Cristián Cuevas por considerar al acuerdo como el “pacto de la traición”, es decir, como un intento por enfriar la situación en las calles mediante la paz social a la espera de una transición y salida ordenada de Piñera, creando expectativas en las futuras elecciones y en un supuesto poder popular legitimado por lo que sería la nueva carta magna.

Por eso, si bien en octubre de 2020 el 78% de la población era proclive a enterrar la vieja Constitución de Pinochet, esta ilusión se fue desvaneciendo a la luz de las connivencias entre el progresismo con la derecha neoliberal y, fundamentalmente, por el continuismo social y económico del viejo régimen bajo el nuevo gobierno, motivo por el cual aún antes de conocerse el texto acabado del proyecto constitucional la posición a favor del rechazo llegó a trepar al 70%, obligando al gobierno a promover intensamente la aprobación de la nueva Constitución a riesgo de sufrir una derrota durante el plebiscito.

Sin embargo, lo sorprendente del asunto es que aún en el caso del triunfo de la aprobación la puesta en vigencia del nuevo orden -mediante leyes ad hoc-, dependerá de un Congreso, en especial la Cámara de Senadores, controlado por la derecha, la cual tendrá de esta forma poder de veto sobre las reformas. Algo que obligará al gobierno a negociar y sostener la línea de más acuerdos y más claudicación.

Sin embargo esto no es todo. A pesar de que la redacción de la nueva Constitución muestra avances en materia de derechos sociales como el acceso a la educación, salud, vivienda, pensiones, igualdad de géneros, etc., estos serán de difícil consumación por la insolvencia financiera que los haga posibles ya que la reforma no contempla en su redacción la nacionalización de los recursos naturales no renovables, como el cobre y el litio, motivo por el cual podrán seguir siendo explotados por las compañías extranjeras con regalías del Estado que, como en el caso del cobre, llegan a los 12 mil millones de dólares anuales, haciendo prácticamente inviable la financiación de las “conquistas sociales”. 

Obviamente, tales condicionantes se desprenden de la naturaleza del Estado concebido por el reformismo de izquierda en el poder.

La «vía chilena al socialismo» impulsada por Salvador Allende se apoyaba en la clase obrera organizada y en sectores medios -profesionales, intelectuales, estudiantes- entregados a la construcción de dicho socialismo. La nueva Constitución, por el contrario, no establece la centralidad de la clase trabajadora como clave de un proyecto emancipador ni persigue la expropiación del gran capital financiero, industrial, comercial y agropecuario. De igual modo, tampoco propugna la disolución de las fuerzas armadas de cuño fascista. Simplemente, refleja una sociedad forjada por 50 años de neoliberalismo con profundas desigualdades, trabajo precarizado, bajos salarios, y sindicatos y fuerzas de izquierda pauperizados.

Así, en Chile, actualmente el uno por ciento más rico controla el 49,6 por ciento de la riqueza, mientras que cientos de miles de familias sobreviven en viviendas precarias, sin acceso a servicios fundamentales.

Como contrapartida, ni la Convención constituyente ni el gobierno de Boric han tomado medidas para que el pueblo no pague los costos de la crisis ni establecido reglas claras para encarcelar a los responsables de la misma. De hecho, Piñera y su banda siguen tan libres como su amigo Macri en Argentina.

De poco sirve que la Constitución hable de seguridad social cuando ésta sigue en manos de las AFIP, que hable de justicia cuando permanecen presos los luchadores populares, de vivienda digna mientras el déficit habitacional y el hacinamiento siguen creciendo, o que se reconozcan derechos a los pueblos originarios pero sin tocar la propiedad de las empresas forestales, responsables del robo de la tierra a las comunidades y la destrucción del ambiente.

En pocas palabras, el Chile de hoy no es muy distinto al del neoliberalismo, y esto lo evidencia la ayuda Estatal diferenciada entre pobres y ricos: de una parte un paupérrimo bono de invierno para enfrentar alza en el costo de vida, y de otra, subsidios millonarios a las grandes empresas que mantienen la fuga de capitales.

Esta política, de un gobierno y una Convención alejadas de las necesidades populares, ha jugado un rol clave en abrir el camino al fortalecimiento de la derecha y la extrema derecha y en posibilitar que millones de trabajadores, jóvenes y mujeres, decepcionados, escuchen el discurso de la reacción.

Por supuesto, gran parte del problema está en la adhesión a la “doctrina del poder” que entraña la teoría liberal constitucionalista. Doctrina a la cual adhieren diferentes fuerzas de izquierda, como las adscriptas al trotskismo en nuestro país, quienes en momentos claves de las luchas en ascenso no han dudado en proponer una “Asamblea Constituyente” como norte de consumación del poder obrero, es decir, la aporía de desarmar a la burguesía mediante leyes para luego armar a la clase trabajadora. La vieja trampa de minar la conciencia con cantos de sirenas para, finalmente, estafar a los trabajadores.

Y esto es lo que sucedió en Chile donde, por caso, el PTR (émulo chileno de “nuestro” PTS) desplegó esta doctrina contrarrevolucionaria sin atenuantes para después llorar sobre la leche derramada. Veamos: “Durante la rebelión luchamos por sacar a Piñera a través de la huelga general e instalar una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que no estuviese subordinada a ninguna de las instituciones del viejo régimen y pudiera discutir y tomar todas las demandas de la rebelión. En ese camino luchamos por impulsar organismos de auto-organización de la clase trabajadora y el pueblo que fuesen capaces de enfrentar y derrotar a los poderes capitalistas, tanto económicos como represivos, en la perspectiva de conquistar un gobierno de las y los trabajadores” (Plebiscito Constitucional en Chile: frente a un nuevo fraude histórico, por una salida independiente. Declaración política del Partido de Trabajadores Revolucionarios de Chile, parte de la Red Internacional La Izquierda Diario y de la Fracción Trotskista - Cuarta Internacional).

Mal que nos pese y sobre todo mal que le pese al pueblo chileno, las cartas de la nueva Constitución están jugadas, aunque, por supuesto, la última palabra todavía no ha sido dicha.

Jorge Díaz