Las Malvinas fueron, son y serán argentinas

El 2 de abril se cumplieron 40 años de la guerra de Malvinas, el intento por recuperar y reintegrar al territorio nacional la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes, usurpadas por el imperialismo británico.

Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el "Nuevo Mundo" poco después de 1492. En total hubo 32 gobernadores españoles de forma continua desde 1764 hasta 1811. Las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 constituyeron los primeros instrumentos del derecho internacional de la época.

Durante gran parte del siglo XVI, sólo navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas a lo largo de la costa sudamericana. En 1520 se produjo el descubrimiento de las islas por integrantes de la expedición de Magallanes. A partir de ese momento fueron registradas en la cartografía europea con diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo control efectivo de las autoridades españolas.

En el curso del siglo XVII las Malvinas fueron avistadas por navegantes de otras naciones que se aventuraban en los dominios españoles. Pero toda la región austral de América quedó indiscutiblemente bajo la soberanía española a través de los diversos tratados suscriptos, como el Tratado Americano de 1670, entre España e Inglaterra, o La Paz de Utrecht firmada en 1713, que aseguró la integridad de las posesiones de España en América del Sur. No obstante, hacia mediados de ese siglo, las Malvinas comenzaron a ser objeto del interés de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con un establecimiento estratégicamente ubicado frente al estrecho de Magallanes.

Los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas -antecesor jurídico directo de la República Argentina-, a través de diversos actos administrativos, a las que consideraron a las Malvinas parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de Estados según el “uti possidetis juris” de 1810. En 1820, el Coronel de la Marina argentina David Jewett tomó posesión de su cargo en las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por su parte, Gran Bretaña no manifestó pretensión alguna sobre ellas en el proceso de reconocimiento del Estado argentino, que culminó con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825. Durante esta década los gobiernos argentinos realizaron diversos actos demostrativos de su soberanía sobre las islas, incluyendo la designación de gobernadores, la legislación sobre recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones territoriales. En este marco se fue desarrollando Puerto Soledad, cuyos habitantes se ocupaban de la cría de ganado, la caza de lobos marinos y la prestación de servicios a los buques que tocaban puerto.

El 10 de junio de 1829 el gobierno argentino promulgó un decreto creando la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, uno de los primeros órganos administrativos por el cual las Provincias Unidas ejercieron su soberanía en el archipiélago de las islas Malvinas. Después de haber mantenido silencio por más de medio siglo, en noviembre de 1829 el Reino Unido protestó dicho decreto, en el marco de un renacimiento de su interés estratégico en el Atlántico Sur. Sin embargo, las primeras agresiones vinieron de los Estados Unidos en 1831, cuando un buque de guerra arrasó Puerto Soledad en represalia por la captura de embarcaciones loberas que habían infringido la legislación de pesca de las autoridades argentinas. 

La “Cuestión de las Islas Malvinas” tiene su origen el 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso, así como la radicación de argentinos provenientes del territorio continental. El acto de fuerza, llevado a cabo en tiempo de paz, sin que mediara comunicación ni declaración previa de parte de un gobierno amigo de la República Argentina, fue inmediatamente rechazado y protestado. Al siguiente año el gobierno británico asignaría a un oficial de la Armada para que permaneciera en las islas y recién en 1841 tomaría la decisión de "colonizar" las Malvinas.

En 1908, Gran Bretaña anexó los territorios de las Islas Georgias del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur y Sandwich del Sur, así como la región del antártico denominado por los británicos “Tierra de Graham” en tanto "dependencias de la colonia" de las Islas Malvinas. En distintas oportunidades, la Argentina extendió sus protestas sobre los territorios. Con la entrada en vigor del Tratado Antártico en 1960, la controversia de soberanía sobre las Orcadas del Sur, las Shetland del Sur y la parte pertinente del territorio antártico quedó cubierta bajo el artículo cuarto de dicho tratado. Los otros territorios, es decir las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, continúan hasta el presente conformando junto a las Malvinas el espacio geográfico de la disputa de soberanía con el Reino Unido.

A mediados del siglo XX el proceso de descolonización y liberación nacional reavivó los debates sobre la territorialidad y la soberanía. En 1960 la Organización de Naciones Unidas manifestó que el de Malvinas era “un caso de descolonización colonial especial y particular, donde subyace una disputa de soberanía y, por ende, a diferencia de los casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos”. 

El 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General adoptó la resolución 2065 (XX), a través de la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Desde entonces, más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización han reiterado este llamado. En los años siguientes se inició un proceso de negociación bilateral respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes, con poco éxito. En 1973 la Asamblea General declaró la necesidad de acelerar las negociaciones en curso, y mediante su resolución 3160 (XXVIII) instó a ambos gobiernos a proseguirlas sin demora.

Sin embargo, esta declaración y muchas otras, tanto en la ONU como en la OEA y la reciente Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, no modificaron un ápice la indiferencia y el desacato británico, poniendo de manifiesto una vez más que los dictados de los organismos internacionales no son exigibles al círculo de potencias imperialistas y sí a los países dependientes y/o colonizados.

El Reino Unido funda su negativa en la pretensión de aplicar el principio de libre determinación como rector para resolver este caso especial y particular de descolonización. Pero ello requiere para su aplicación de la existencia de un sujeto activo capaz de ejercer su derecho a la libre determinación, es decir, de un pueblo sujeto a la dominación o explotación extranjera. En el caso de las Malvinas no existe tal sujeto, pues no puede decirse que los habitantes de las islas -que son ciudadanos británicos- hayan estado sujetos alguna vez a dominación de una potencia colonial extranjera. La población de las Islas Malvinas no ha sido reconocida como un “pueblo” en el sentido del derecho internacional, por lo que no corresponde reconocerles la titularidad del derecho a la libre determinación.

La derrota argentina en la guerra de 1982 no alteró la naturaleza de la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que continuó pendiente de negociación y solución. Así, durante el período de sesiones de la Asamblea General iniciado en septiembre de 1982 se aprobó la Resolución 37/9, que, recordando las Resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII), solicitaba a la Argentina y el Reino Unido que reanudasen las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía. Esta Resolución contó con 90 votos a favor, 52 abstenciones y 12 votos en contra, entre ellos el de Gran Bretaña.

Desde 1984 en adelante, la Asamblea General aprobó distintas resoluciones, en la que instaba a reanudar las negociaciones relativas a Malvinas ya que observaba "con preocupación que no obstante el tiempo transcurrido desde la adopción de la resolución, aquella prolongada controversia aún no ha sido resuelta". En adelante, el Comité Especial de Descolonización, con la posterior aprobación anual de la Asamblea General reiterará el llamado a las partes.

Al día de hoy, Gran Bretaña ha reforzado y extendido su presencia militar y económica en una región rica en recursos petroleros y gasíferos, y de alto valor geopolítico estratégico para el control del Atlántico Sur y sus pretensiones antárticas. No hay que olvidar además que es un miembro decisivo de la OTAN junto a los EEUU.

Un tema prioritario de la política exterior Argentina debe ser la defensa de su soberanía; lo determinante en la relación con el Reino de Gran Bretaña, en lo político, económico y militar debe estar signado por la devolución de nuestros territorios usurpados.

La pelea por romper las cadenas de la dependencia, en base a suspender todo pago al FMI, estatizar la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, va en dirección a unificar a la fuerza social capaz de darle impulso a la emancipación nacional y social. En ese camino, todas las formas que asuma la lucha de masas contra el imperialismo son justas, y encontrarán a los revolucionarios en primera fila.

Ramiro Ricardi