Editorial - Organizar la intervención obrera y popular

Arrancó el segundo año del gobierno de Alberto Fernández. Mientras arrecian los cruces sobre las nuevas cepas del Covid-19 -al momento que las vacunas avanzan lentas-, se concretó el paro agrario (sin efectividad) dispuesto por los pooles representados en la Mesa de Enlace. El paso atrás del gobierno dejó sin efectos la prohibición de exportar maíz y anticipa una salida negociada para el resto de los granos. Los altos precios internacionales y la necesidad de divisas, cuyo ingreso debería arrancar en marzo-abril con la soja, ablandaron posiciones. En lo interno, los precios de los alimentos no han parado de subir. 

Finalizado el 2020, predomina a partir de las decisiones presidenciales una política conciliadora y aduladora del gran capital. No hay cambios estructurales como en algún momento se prometió. Las diferencias del presidente con la fuerza liderada por Cristina se desarrollan dentro de la orgánica del Frente de Todos. Las políticas centrales salen de ese formato: la deuda y los acuerdos con bonistas-FMI, la política de no colisionar con los monopolios agroindustriales, el ajuste salarial a través de la inflación, la política cambiaria, los proyectos megamineros, el desmonte y el uso de plaguicidas tóxicos en la producción granaria, además del oportunismo que caracteriza el posicionamiento internacional. Existen voces discordantes pero las líneas directrices salen de tal armado. 

El peso de la influencia de la vicepresidenta no se discute, tanto como su interés por sacarse de encima las causas judiciales, donde la figura del “lawfare” sirvió para unificar la fuerza e instalar el tema de la corrupción como prédica de la derecha ortodoxa que, corrupta por origen, opera con dicho tema porque la evidencia, en algunos casos, estuvo muy expuesta y calaron en sectores medios centralmente. Por otro lado, no existe independencia del poder judicial. Los jueces funcionan acomodándose al gobierno de turno y según la correlación de fuerzas se van inclinando en uno u otro sentido. Siempre al servicio de un estado conformado en la asociación monopólica de la gran burguesía y el imperialismo. Para obtener una justicia democrática y popular se requiere de otro estado.

Rige una política oficial que pretende contener y amordazar al movimiento de masas, que choca con los intereses más elementales y el derecho a una vida próspera. No sirve distribuir mejor la pobreza sin afectar la riqueza. Mientras tanto organizar la pobreza cobra sentido si y solo si apunta a elevar la conciencia e intervención popular para terminar con el régimen de expoliación y dependencia que la genera. Los modelos renegociadores que se suponen más benignos pero que no rompen con la matriz del capital monopólico, han fracasado históricamente. Con más razón en este mundo globalizado y disputado donde la burguesía nacional que expresó en sus orígenes el peronismo mutó en gran burguesía. Por sus propias limitaciones de clase no están en condiciones de aplicar un programa de independencia nacional y justicia social. Ni siquiera un plato servido como fue la estafa del grupo Vicentin al que correspondía expropiar inmediatamente. Pueden ganar elecciones pero de ninguna manera liquidar el poder de la gran burguesía monopólica. Tal impotencia quedó implícita en el discurso de Máximo Kirchner el 29/12, cuando acusó correctamente a Cambiemos de ser los verdaderos representantes del poder, sin aclarar qué papel juegan ellos y para qué gobiernan. Solo la revolución sostenida en la clase obrera y el socialismo tienen futuro.

Una condena a vivir en la pobreza

Dijimos oportunamente que la decisión de acordar el pago de la deuda externa, más allá de cierta flexibilidad en tiempos e intereses, era contraria a cualquier proyecto soberano o de desarrollo independiente. Que significaba un techo en las aspiraciones de cambio, y supone toda una definición acerca de quién debe pagar los costos de la crisis generada. El surgimiento de la pandemia requirió de políticas específicas que obligaron a distraer recursos y esfuerzos no previstos, pero de ninguna manera postrarse ante la estafa que significó la deuda externa. Por el contrario, la crisis mundial abierta ameritaba definir moratoria unilateral o suspensión de todo pago, antes que agudizar los sufrimientos del pueblo. Tampoco la instrumentación de la política sanitaria en el sentido dicho por el presidente de “anteponer la vida antes que la economía” se demostró eficaz. Argentina figura decimotercera en el ránking de países más contagiados, y duodécimo en relación a las muertes habidas (superior a 45.200). En el orden regional figura segunda en ambos estratos -detrás de Brasil, cuyo gobierno menospreció el covid19- y hoy registra índices alarmantes. Si no se resuelve antes del invierno la provisión de la vacuna, la llamada segunda ola que azota en Europa puede producir mayores estragos en el país. De allí que la negociación con el FMI es determinante para definir la política pos-pandemia. Sin proyecto independiente la obtención de tales fondos es la única opción que tiene el gobierno. Con la economía agravada por la recesión y alta desocupación, se puede entrar en dificultades que la situación social difícilmente soportaría.

No subestimar

Tampoco hay que subestimar la capacidad del peronismo dado que controla gran parte del movimiento de masas, sea con el frente electoral ampliado, con las estructuras gremiales y territoriales propias, y también porque aún canaliza parte de las inquietudes del progresismo, sobre todo cuando logra polarizar con el macrismo. En la última semana del año intentó quedarse con la causa de los pañuelos verdes luego de haberla torpedeado históricamente. Ese mismo día aprobó en Diputados la reforma jubilatoria de neto corte ajustador. Hicieron valer la mayoría ante una oposición decadente y confusa. De tal forma lograron un cierre de año mejor de como venían. No así en el movimiento de masas donde la ley aprobada de IVE registra años de luchas de las fuerzas de izquierda progresista e independiente como torrente principal. Tampoco dentro de los jubilados la reforma fue aceptada satisfactoriamente. Menos aún en el contraste, esos mismos días, con el fallo que otorgó a Cristina ingresos previsionales de privilegio. 

En la disputa sobre las vacunas, donde la pelea de los grandes laboratorios por el control del mercado es feroz, lograron arrancar a fines de diciembre con la aplicación de la SputnikV, sin tener despejado aún la provisión (incluyendo otras marcas) de las dosis que se necesitan. En la disputa geopolítica por el abastecimiento, hay que resaltar la apertura a la vacuna rusa y próximamente también la china, a la vez que pusieron límites a las descaradas pretensiones de la estadounidense Pfizer. Pero debe quedar claro que sin proyecto de salud integral e independiente no hay ninguna posibilidad de salir indemne frente a las presiones hegemonistas de otros países. Una política sanitaria de producción nacional y antimonopólica apoyada en los valiosos recursos humanos e infraestructura de investigación existente, sería como remar en el desierto para este gobierno. Muy distante y opuesto a los esfuerzos cubanos que, por encima del bloqueo norteamericano, persisten en el desarrollo de su propia vacuna para ponerla luego a disposición de los otros pueblos. 

Un plan con gusto a nada

Detrás de tal escenario se ocultan también las dificultades oficiales para encarrilar la economía. Las cifras de pobreza e indigencia son inéditas, y extremadamente preocupante el 64% en los jóvenes menores a 29 años. En el NEA y NOA ese porcentaje es mucho mayor. Igual que la desocupación formal e informal, donde la changa no alcanza para disimular la incapacidad en la generación de puestos genuinos. El costo de alimentos y bebidas en el año fue de 40,4% y en el caso de la carne el 52%. En tanto los salarios, privados y estatales, sin considerar monotributos e informales, promediaron el 32%. La brecha del dólar pasó entre el 2do al 3er trimestre del 60 al 130%, con lo cual una parte se trasladó a la economía real. El rebote esperado en este año, después del bajón cercano al 11% del PBI en 2020, no hace pensar en la creación de trabajo genuino suficiente y menos aún en el crecimiento proyectado de 4,8%. La recuperación de la caída del producto bruto se podrá nivelar a los valores prepandémicos, en el mejor de los casos, recién después del 2023. Por otro lado bajar la inflación del 53% del gobierno anterior al 36,1% que cerró el 2020 no da para golpearse el pecho, y menos cuando ya se pronostica que el 29% presupuestado para este año se ubicaría en 49,8%. Se debe considerar también que los proyectados en general contemplan tarifas congeladas, ajuste salarial, leliq, pases bancarios y devaluación contenida. Sin los cuales, dicho cálculos serán mayores. Por ejemplo el presupuesto actual estima en subsidios a la energía $ 623.000 millones, incluyendo un aumento en las tarifas. Desde el momento que se decidió congelar las mismas, con posibilidades que se extienda hasta después de las elecciones, el gasto ascendería al billón de pesos. Hay escasez de divisas principalmente porque no se termina con la fuga provocada durante años por los banqueros y grandes capitales. El Indec publicó en diciembre que son U$S 336.000 millones fuera del país o guardados en cajas de seguridad. Sin contar la fuga ilegal o en negro. Mucho más que un PBI entero.

Con el freno de mano

Sin el rol de los gordos de la CGT, la fragilidad del gobierno y sus políticas estaría muy expuesta. Planchar al movimiento de masas es un punto fuerte del peronismo, que no podrá sostener indefinidamente. Transcurre el primer año y los índices de pobreza e insatisfacciones son enormes e irreparables visto el plan de ajuste en ejecución. Hay que considerar que los niveles de compromiso de los gordos, no son iguales que los de cada CTA, como también advertir que los Moyano tienen juego propio. Ante Macri prevaleció la unidad, pero los términos de acuerdos entre ellos, cuando la manta es corta, no son ni serán los mismos. El salario real viene cayendo en toda la línea, y si bien algunos cerraron muy cerca (bancarios, neumáticos, camioneros, automotrices) la gran mayoría quedó lejos del valor de la canasta básica total ($ 52.000). De allí la necesidad de resaltar el acuerdo de los aceiteros, basado en el valor del salario mínimo y vital que por supuesto nada tiene que ver con el que rige nacionalmente. 

El año que pasó y lo que viene

Reafirmamos la caracterización sobre la continuidad del auge de luchas, relativizada en este caso por la política de paños fríos aplicada por el peronismo a partir de 2018. Sobre tales bases se desplegaron las movilizaciones del frente territorial, que pudo cumplir en plena pandemia con la organización de ollas para paliar el hambre. Poco después el reclamo abierto, preservando los recaudos, exigiendo planes, ingresos universales, alimentos y equipos necesarios para la contingencia. Fue el componente más dinámico en las movilizaciones contra el FMI y base principal para reivindicar el 20 de diciembre. Conjuntamente se destacó la lucha entablada desde el inicio por los trabajadores esenciales y cuya expresión mayor, de médicos, residentes, enfermeros y personal de servicios, tanto en hospitales como centros asistenciales se llevó a diciembre por delante. Además del ya mencionado paro y bloqueo de aceiteros, hubo otros conflictos obreros de menor trascendencia pero vitales, como los municipales de Jujuy que lograron, con paros y cortes, pase a plantas de contratados y mejoramiento salarial. 

En otro plano hay que resaltar la lucha contra la represión y por ¡fuera Olivello! en Chaco, designado para controlar los movimientos populares. La anulación de la Secretaría a su cargo constituyó un triunfo de la confluencia en el reclamo, a la vez que significó una fuerte derrota para el gobernador Capitanich. Merece destacarse también el protagonismo en la denuncia y movilización que puso en primer plano los femicidios en Jujuy. Por su trascendencia y continuidad, las movilizaciones del pueblo chubutense contra la megaminería, precedida meses antes por la movilización contra los incendios en los humedales que determinó el corte del puente Rosario-Victoria en varias ocasiones. De igual manera, las tomas de tierra pusieron en evidencia la crisis habitacional, a la vez que el desalojo violento en Guernica marcó al gobierno de Kicillof y sacudió las internas del progresismo. En todas las acciones y también como parte de la caracterización que hacemos, cabe mencionar y destacar el rol de la juventud. 

En el terreno de la acción política la conformación del espacio de Autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda, abrió instancias unitarias detrás de un programa antiimperialista en gestación. El cierre del juicio popular el 12 diciembre con acto frente al Congreso y jornada de movilización en el interior, puso en evidencia la potencialidad del eje en cuestión tanto como los límites a superar.  

Resaltar dicha tendencia a la acción como cuestión central no significa desconocer los límites que dificultan muchas veces expresiones más contundentes en el desagrado popular. La pandemia fue un hecho objetivo sobre el cual se apoyó el gobierno para disuadir la movilización. Incluyó una activa participación del Ministerio de Desarrollo Social para contener con asignaciones varias en las barriadas más empobrecidas. Por otro lado los despidos y suspensiones, sobre todo con el cierre de pymes, insinuó en los trabajadores una tendencia conservadora a cuidar el trabajo antes que subir la protesta. Sobre tal situación se monta la burocracia para justificar su complicidad y su función ante el gobierno, desmovilizar y aceptar salarios a la baja. Otras veces se lucha sin alcanzar a retrotraer medidas de cierre como el caso de Latam, Falabella y otros, con lo cual el síndrome de la derrota se alimenta con la prédica y conducta de la dirigencia. Hay que considerar tales aspectos, pero al momento de intervenir, allí donde hay delegados, comisiones internas o sindicatos que van para adelante, salen los planes e iniciativas de punta, independientemente de cómo terminen los conflictos. Es decir, pesan más los límites en la clase trabajadora por la conducta paralizante de la dirigencia que por la indiferencia o temores que puedan existir en las bases. 

Diciembre fue un mes azaroso en general, pero prometedor hacia adelante si advertimos las tendencias en desarrollo. De allí la consigna “todo el año será diciembre”, en el sentido de tensar las contradicciones y orientar una salida distinta a la crisis. La aparición del tercer contendiente obrero-popular fue el dato distintivo en 2001. Más allá de las diferencias con la coyuntura actual es una posibilidad abierta, sin fecha cierta, pero que debe caracterizar nuestra política y la acumulación correspondiente.

Andrés Zamponi