Universidades Nacionales en la mira

Hace algunas semanas el Ministerio de Capital Humano anunció la aplicación obligatoria del Sistema Argentino de Créditos Académicos en todas las instituciones universitarias del país. Junto con esto fijó que todas las carreras de grado tendrán como plazo para modificar sus planes de estudios y compatibilizarlos con el nuevo sistema hasta el 1° de enero de 2027. Este anuncio, que significa la modificación de hecho de la Ley de Educación Superior, implica un nuevo avance en la reestructuración universitaria impulsada desde 2016 por la UN de Córdoba y nacionalizada en su momento por el macrismo. 

Si en un primer momento la adhesión al Sistema por parte de las universidades públicas y privadas era voluntaria, ahora el gobierno libertario apostó a su profundización al tornarla obligatoria. En términos generales, los lineamientos del Sistema son una copia casi textual de lo firmado en 1999 en el Acuerdo de Bolonia, donde los países miembros de la Unión Europea delinearon un modelo universitario a la medida de los intereses de monopolios y multinacionales. Donde las carreras de grado perdieron su valor frente los postgrados pagos.

“La existencia de un Sistema Nacional de Créditos Universitarios contribuye a una mayor flexibilidad, al facilitar el reconocimiento de trayectos formativos y favorecer el intercambio y la movilidad de los estudiantes”.  En concreto las carreras de grado y pregrado pasarán a medirse mediante el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE), una unidad medida sobre la cual se certificarán los conocimientos adquiridos. Asimismo, se estima que un año académico equivale a 60 unidades de CRE y cada una de estas unidades representa entre 25 y 30 horas de dedicación total del estudiante. 

La aplicación de esta unidad de medición, que a simple vista parece un mero cambio formal de contabilidad, trae consigo serias modificaciones en el sistema universitario. Varias de las cuales se vienen implementando paulatinamente en distintas carreras de grado, principalmente Arquitectura e Ingenierías. 

Con la aplicación del Sistema de Créditos se tiende a la eliminación de las materias propias de cada disciplina y se busca que ya no existan planes de estudios definidos, sino un trayecto que cada estudiante individualmente va escogiendo mediante la elección libre de Créditos que se encuentran en un “Banco de Materias” general. En primer lugar, esto provoca la tendencia a la eliminación de las Facultades como unidades académicas y organizativas. En segundo lugar, tira por la borda cualquier posibilidad de delimitación estatal sobre el perfil de egresado y con ello el rol que las distintas carreras universitarias tienen para aportar en el diseño de un modelo de país. Por contra partida, el libre albedrío que propone la flexibilización esconde por detrás un modelo curricular que responde a un país hecho a la medida de unos pocos.

Junto con el Sistema de Créditos viene la creación de las carreras intermedias. Algo que ha sido desarrollado en los últimos años en la UNC a partir de las Tecnicaturas, que no es otra cosa que la asignación de un título luego del cursado de aproximadamente la mitad de la carrera de grado. Aquí hay varios aspectos a señalar. Por un lado, las llamadas tecnicaturas son una forma de dibujar el fracaso rotundo de un sistema universitario que a pesar de no cobrar “cuotas mensuales” resulta expulsivo para la gran mayoría de estudiantes, en donde solo logra egresarse el 23,7% de quienes ingresan.

Por otro lado, a mediano plazo se proyecta que las tecnicaturas sean las carreras de grado, dejando el resto del contenido que hoy se encuentra en las estructuras curriculares para formar parte de las especializaciones de postgrado. Con esto tendríamos carreras universitarias -como existen en Europa y Latinoamérica- de tres o cuatro años “gratuitas” y el resto formaría parte de otra etapa ya privatizada. Asistimos a ni más ni menos a la degradación de la Educación Superior argentina, centrada en la formación de semi profesionales más baratos a la hora de contratar. Esto se suma a la reforma laboral y previsional, con el objetivo incrementar el margen de ganancia empresarial, sobre la base de la disminución del costo laboral.

Finalmente, la nueva estructura supone la modificación del régimen de enseñanza y del régimen laboral docente. Se propone la adopción de un sistema de enseñanza hibrido, aplicando la virtualidad como forma de romper los lazos e intentar de evitar cualquier forma de organización entre trabajadores y estudiantes.

Línea de continuidad

Como dijimos hace varios años cuando surgió el Sistema de Créditos en nuestro país, esta reestructuración del sistema universitario no es ni “nueva” ni mucho menos un invento de los últimos gobiernos. Es la profundización de un proceso que comenzó en los `90 en nuestro país y que durante todos estos años ha sido sostenido.

Desde la sanción de la Ley de Educación Superior (LES) del menemismo, que seguía al pie de la letra lo establecido por los organismos internacionales de crédito, se legalizó la concepción de que la Universidad Pública tenía que adecuarse a las necesidades del mercado. Se hizo moneda corriente la promoción de pasantías gratuitas, el patentamiento privado de las innovaciones generadas por docentes y estudiantes, la modificación de los planes de estudio quitando cualquier tipo de formación social. El gobierno kirchnerista continuó con este camino. Su gestión fue la principal encargada de aplicar la LES, mediante la acreditación de las carreras a la CoNEAU y multiplicó los convenios entre las universidades públicas y grandes empresas, afianzando la transferencia del conocimiento públicamente generado hacia los sectores más concentrados de la economía.

Con el macrismo la línea de continuidad se marcó desde un primer momento con el sostenimiento en el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología de Lino Barañao, un CEO del agronegocio que puso por delante la investigación por sobre la enseñanza y las ciencias duras por sobre las ciencias sociales. Promoviendo la mercantilización a través del auge de los patentamientos, que posteriormente son apropiados por el gran empresariado. Un ejemplo claro de ello fue la patente del trigo transgénico realizada por la Universidad Nacional del Litoral, que permitió sembrar trigo en zonas áridas y frías, es decir, extender la frontera agrícola. 

Ya en 2018 el macrismo daba un paso adelante con su política universitaria con el impulso del Sistema de Créditos Académicos diseñado en la UNC. Lanzándolo incluso a nivel latinoamericano en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) realizada en julio de 2018 en la Ciudad de Córdoba. 

Posteriormente, con la llegada del gobierno de Alberto Fernández y la cuarentena, se avanzó con el proceso de virtualización de la enseñanza, realizando contratos millonarios con plataformas virtuales y culminando su gestión con la resolución de noviembre del 2023, mediante la que el ex Ministerio de Educación creó el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios. A la par de ello desde el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la mano de Roberto Salvarezza, se avanzó con criterio extractivista del litio y los hidrocarburos lo que en las Universidades Nacionales se tradujo en la instalación de parque industriales de grandes empresas en los propios predios universitarios.

Finalmente llegamos al gobierno de Milei cuyo primer año estuvo centrado en aplicar la motosierra a todo el sector público y en dejarle rienda suelta al gran empresariado, principalmente al ligado con el capital financiero. En cuanto a las Universidades Públicas -además del ahogo presupuestario- este año, luego de la adhesión de la UBA y la UNR al Sistema de Créditos después de años de negarse a adoptarlo, ven el camino allanado para su aplicación obligatoria. Lo que implica una clara violación al principio de Autonomía Universitaria. Se intenta coronar así un ciclo comenzado en el menemismo que implica sintonizar a la Educación Superior con las transformaciones de los últimos años del capitalismo dependiente argentino, caracterizado por la reprimarización y extranjerización de la economía, la bicicleta financiera y la sobre/sub ocupación de la clase trabajadora. 

Quedará por ver si el proceso culmina o no con la sanción de una nueva Ley de Educación Superior. Todo esto dependerá en gran parte de si aparece en la escena, así como lo hizo en numerosas ocasiones de la historia de las luchas populares de nuestro país, el movimiento docente-estudiantil universitario. En ese orden, la pelea que se abre no es solo por el financiamiento de las universidades públicas, sino por la disputa sobre el modelo de universidad a aplicar y más de fondo por cuál es el modelo de país que necesita hoy nuestro pueblo. 

Martina Bas